Irma Herrera Ceja
Expediente 1923/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1923/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2021
Partes del expediente
- Irma Herrera Ceja
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 1368/2020, de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: II. Orden de depuración y destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y al criterio publicado en el Compilador de Criterios de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia CAP/DGAD/392/2021, relativo al tema "Valoración del incidente de suspensión", de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de seis meses, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que hizo a las autoridades locales (difiriéndose por las foráneas); en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. IV. Devolución de documentos. Para los efectos del Acuerdo General invocado, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios en original a la incidencia en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y parte última de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 211/2021, promovido por *, por derecho propio, contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. De igual forma, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las partes que de continuar el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, la misma se llevará sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse vía electrónica. Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento que se le haga, precedida de la notificación personal correspondiente, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Fijación de los actos reclamados y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: La negativa de reinstalación, y por ende, a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1572/2016/B2, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Asimismo solicita la suspensión del acto reclamado para l efecto de que ".en razón de que la autoridad responsable se ha negado a reinstalar en diversas ocasiones se tomen las medidas necesarias por parte de la autoridad para que se garantice el éxito de la diligencia que fue ordenada.". Toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Determinación sobre la suspensión provisional. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 Constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En razón de lo anterior, no ha lugar a conceder la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la negativa de reinstalar al aquí quejoso, y por ende, a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1572/2016/B2, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por los motivos siguientes. En ese sentido, en el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. En efecto, la suspensión tiene como propósito suspender los actos que se estimaron lesivos al interés del peticionario; luego, ésta sólo puede recaer en actos positivos, en tanto que para los negativos se traducen siempre en una conducta de no hacer de la autoridad y pueden clasificarse en: a) Abstenciones, las cuales carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; b) Negativas simples que sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque de concederse ésta y constreñir a la autoridad a actuar, se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar y, c) Actos prohibitivos que no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés jurídico o legítimo de la persona en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Acorde con lo anterior, es menester decir que el acto reclamado en comento, se traduce en un acto negativo supuesto que se ubica en lo sintetizado en el incisos b); en virtud de que radica en un rechazo, razón por la cual el mismo es de los que la ley de la materia determina la naturaleza negativa, pues dada su naturaleza, tampoco admite suspensión porque de concederse ésta y constreñir a la autoridad a actuar, se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar, lo cual no es propio de la presente incidencia, amén de que sean cuestiones que deben resolverse en el juicio principal como de fondo; por ende, no es susceptible de suspenderse, motivo suficiente para negar la medida cautelar peticionada. Cobra aplicación al respecto el criterio siguiente: "Registro digital: 199059 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.11 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997, página 214 Tipo: Aislada ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Queja 28/97. Rodolfo Espinoza García y Leonor Herrera Estrada de Espinoza. 8 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Juan Manuel Cárcamo Castillo.". Además, respecto de dicho acto, no es factible conceder la suspensión, en virtud de que de concederse dicha medida cautelar en esos términos, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que constituye el acto reclamado, según se advierte del escrito de demanda y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo, en el juicio de amparo, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, los actos reclamados afectan derechos de la parte quejosa e implican alguna violación de garantías; de ahí que no sea procedente en la presente incidencia conceder la suspensión solicitada. Por ende, resulta inconcuso que en estos momentos no es dable analizar los motivos por los que pretende la parte quejosa obtener la suspensión del acto reclamado, por lo que respecta al acto reclamado en trato, porque constituyen materia del fondo del asunto, y no es dable tampoco un examen preliminar, porque tal examen no es somero, sino que para llegar a determinarlo, ha menester realizar un análisis más profundo que definitivamente corresponden a la sentencia de amparo. Además, por el momento, no se actualizan las circunstancias necesarias de ponderación para que la suspensión solicitada se otorgue con efectos restitutorios, ya que no hay elementos suficientes sobre la apariencia de la violación alegada. De ese modo, no es que se desatienda la apariencia del buen derecho ni el citado precepto 147 y la interpretación del Alto Tribunal, que establecen la posibilidad de que la suspensión no se limite sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado (darle efectos restitutorios) sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto; sin embargo, el Máximo Tribunal también definió que deben valorarse las particularidades de cada asunto, a fin de verificar si se prueba la apariencia del buen derecho. Empero, en la especie, no existen elementos suficientes para otorgar efectos restitutorios a la suspensión. Apoya a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis siguiente: "Décima Época Registro: 2006902 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A.71 K (10a.) Página: 1105 APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DE PONDERACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO NO ASEGURA, POR SÍ MISMO, SU OTORGAMIENTO, NI DEBE TENERSE POR ACREDITADO SÓLO CON BASE EN LO EXPUESTO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA. Al establecer la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al Juez, en uso de su discrecionalidad, por lo que a éste corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido; de ahí que al resolver sobre cada situación, el juzgador deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente relevante, además de ajustar la referida ponderación a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo. Para ello, también deberá considerarse que la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social no conlleva a la contraposición de dos intereses en abstracto, aunque el segundo concepto entrañe una idea de intereses colectivos, sino que ha de atenderse a las circunstancias concretas del erecho que el quejoso estime alterado en su situación particularizada ante el acto y, a su vez, a la manera en que el interés general o el orden público se concretiza mediante el acto de autoridad, pues lo que los Jueces ponderan en los casos concretos, no son principios en abstracto, sino las circunstancias de hecho que justifican la aplicación de ciertos principios ante otros, sobre la base de los singulares intereses en conflicto. En este contexto, resulta lógico considerar que la mera acreditación de la apariencia del buen derecho no asegura el otorgamiento de la suspensión, pues es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que el otorgamiento de la medida no resulte contrario al interés social, para determinar los supuestos y condiciones en que la suspensión procedería, de manera que aun advertida la posible inconstitucionalidad del acto, deba enseguida o, concomitantemente, valorarse el impacto que tendría en el interés social el paralizar su ejecución, como ya se reconocía antes de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, aunque la misma evolución jurisprudencial sobre la apariencia del buen derecho en el incidente de suspensión, llevó a definir, según la diversa jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.) de la misma instancia, que tal concepto no puede invocarse para negar la medida, esto significa que no puede efectuarse un asomo provisional al fondo del asunto que resulte en sostener que el acto reclamado es constitucional y, por ello, negarse la medida, no obstante, tampoco debe asumirse, con base en esa premisa, que la apariencia del buen derecho deba tenerse por acreditada sólo en función de lo expresado por el quejoso en su demanda, en orden a reforzar su pretensión de que el acto reclamado es inconstitucional, pues aun siendo superficial, el asomo provisional al fondo del asunto debe ser coherente con la normativa que determine la verdadera naturaleza del acto, sobre todo porque, en la mayoría de los casos, es ésta la que otorga reclamado y permite identificar con mayor precisión, en función de la naturaleza de las normas en que se funda, el interés general que, específicamente, podría verse alterado por la suspensión del acto o aun por su ejecución y cuya salvaguarda, se insiste, igualmente se encomienda al Juez en uso de su discrecionalidad, además de que conduce a una conclusión más objetiva sobre la estimación de que la pretensión deducida por el quejoso, probablemente sea fundada y no temeraria, ni manifiestamente frívola o improcedente, de modo que aun derivada de un análisis superficial, esa estimación sea lo más adecuada posible al contexto fáctico y normativo en que aparece el acto reclamado, sin que esto implique invocar aquella apariencia en perjuicio del quejoso, sin soslayar que las cuestiones que a la luz de un análisis superficial y meramente válido para resolver sobre la suspensión del acto, no puedan tenerse por sentadas sin que con ello se condicione o vincule en forma definitoria la materia sustantiva de la sentencia a dictar en la audiencia constitucional, especialmente en perjuicio del quejoso, no puedan ser invocadas para resolver sobre la suspensión, dada su vocación de preservar la materia del juicio, incluso, al no prejuzgar sobre el fondo del asunto en forma vinculante a la propia sentencia que debe dictarse en la audiencia constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 103/2014. Magna Mirror Systems Monterrey, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 204/2009 y 2a./J. 10/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 315 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1292, con los rubros: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." y "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA.", respectivamente". Además, las pruebas aportadas hasta el momento, tampoco son eficientes para evidenciar, en ese cálculo de probabilidades, la apariencia del buen derecho, en relación a la inconstitucionalidad del acto reclamado. Bajo ese orden de ideas, se determina que en la especie no es procedente conceder la medida cautelar solicitada con efectos restitutorios. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, sin necesidad de verificar si cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, ello en razón de que la parte quejosa figura como actor trabajador en el juicio laboral de origen. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. VIII. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Se hace del conocimiento a las partes que si bien el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. IX. Exhorto para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 mencionado, se invita a las partes transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; proporcionen formas de contacto, como correos electrónicos y servicio de mensajería instantánea, tanto de la parte promovente como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuáles se puedan establecer comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; en el entendido que dicho tipo de comunicación, no es equivalente al de una notificación personal, sino solo un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. X. Requiérase a las partes para que informen sí asistirán a la audiencia incidental. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general, será por medios de citas, las cuales estarán disponibles en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales". Adicionalmente, estará el diverso "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En ese sentido, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En esas condiciones, requiérase a la partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que queden notificados del presente acuerdo, manifiesten sí es su deseo asistir a la audiencia incidental, a efecto de que en su caso, se agende la cita respectiva, apercibidos que de no manifestarse al respecto se celebrará la audiencia incidental en la fecha indicada, sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse electrónicamente. XI. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. XII. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista física y electrónica. Así lo proveyó y firma Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Enrique Aguirre Núñez, Secretario que autoriza y da fe. naq
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Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el trece de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. ..., se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; consecuentemente, es susceptible de ser destruible, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su destrucción, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo general en cita, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Amparo y efectos. En el fallo protector se determinó conceder el amparo en los siguientes términos: "Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la aplicación del artículo 77, fracción II, y penúltimo párrafo, esta última en relación con el diverso 7, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Lo que consecuentemente acarrea la inconstitucionalidad del acto concreto de aplicación relativo al recibo oficial 6022999AA, en el que consta el pago que realizó la parte peticionaria con motivo pago de la contribución analizada. II. Se aplique a la moral quejosa la tarifa mínima prevista en la disposición normativa reclamada. Por consiguiente, deberá devolvérsele la cantidad total que, descontando el monto mínimo, la quejosa pagó por concepto de pago de derecho por refrendo anual de licencia, la cual se encuentra consignada en el recibo oficial de mérito. Esto es así, porque la forma de brindar un trato equitativo a la parte quejosa, es que se le aplique la tarifa prevista en la fracción XIII del numeral reclamado, la cual prevé el pago relativo a establecimientos de baja graduación para uso exclusivo en pulquerías, por la cantidad de $2,155.00 (dos mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional).(.) En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco y versar sólo en lo que exceda a la citada tarifa mínima." Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de diez días, en virtud de que implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requiérase a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. A fin de que la autoridad requerida se encuentre en aptitud de dar cumplimiento, remítasele copia de la ejecutoria de mérito. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, no haya sido señalado como autoridad responsable, pues con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, 193, párrafo primer, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad requerida para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. No obsta a lo anterior, el que dicha autoridad no haya figurado como autoridad responsable, ya que las ejecutorias de amparo al ser de orden público, todas las autoridades que por motivo de sus funciones deba intervenir en su ejecución se encuentran obligadas a darle cumplimiento. Se cita al respecto la tesis siguiente: EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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