Irma Julián Villegas

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Irma Julián Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con firma electrónica y evidencia criptográfica, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede San Bartolo Coyotepec, que contiene el acuerdo dictado el veintinueve de octubre del año en curso, en el juicio de amparo 1080/2021 de su índice, del que se advierte acusa recibo de la misiva con la que se remitió la demanda de amparo promovida por **, con diez copias, al no aceptar este órgano jurisdiccional la competencia declinada, por lo que informa que se avoco al conocimiento de la misma. ANOTACIONES Háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino Además, dado que es un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos seis meses, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio 24281/2021, con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que adjunta la demanda de amparo 1080/2021 de su índice, toda vez que ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Titular de la Unidad de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública y otras autoridades, por la razones expresadas en acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno ANOTACIONES Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 553/2021-IV-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, es pertinente destacar que de la demanda de amparo que remite el juzgado declinante, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados la falta de notificación de diversos procedimientos administrativos que se siguen en su contra por parte de las autoridades responsables, así como la falta de notificación de los oficios SGSE/CEA/172/2021, de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, la falta de notificación de la resolución emitida en el expediente DSJ/PI/024/2020, la falta de notificación del oficio IEEPO/DSJ/PI/918/2020 de dieciocho de marzo de dos mil veinte, así como las consecuencias de hecho y de derecho de los actos reclamados. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Respecto a las cuestiones de competencia territorial de los Jueces de Distrito, debe decirse que estas están elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, independientemente de que se constituyen en presupuestos procesales y naturalmente de orden público, por lo que previo a determinar si se surte causal de improcedencia alguna, se debe proceder al análisis de la competencia de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página 309, cuyo rubro y texto dicen a la letra: "COMPETENCIA.- Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Atento a lo precisado, de manera respetuosa, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada para conocer del juicio constitucional que remite el juzgado declinante, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Conforme a tales preceptos, este órgano federal no acepta la competencia legal planteada por el secretario en funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, pues se considera que ésta se surte a favor del declinante. Ello, porque si bien es cierto la quejosa reclama la falta de notificación de diversos procedimientos administrativos que se siguen en su contra por parte de las autoridades responsables, así como la falta de notificación de los oficios SGSE/CEA/172/2021, de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, la falta de notificación de la resolución emitida en el expediente DSJ/PI/024/2020, la falta de notificación del oficio IEEPO/DSJ/PI/918/2020 de dieciocho de marzo de dos mil veinte, cierto es también que, contrario a lo que afirma el juzgado declinante, las consecuencias de hecho y de derecho de los actos reclamados, se traducen en el término de la relación laboral de la quejosa IRMA JULIÁN VILLEGAS, R.FC. JUVI680731192 con clave presupuestal 11078760E1305000100009, adscrita a la Supervisión de la Zona 03 de Misiones Culturales "Región Mixteca" ubicada en José Vasconcelos número 11, Colonia del Maestro, Huajuapan de León Oaxaca, con motivo de las inasistencias en su centro de trabajo (no así en la Misión Cultural Rural 12, ubicada en Santa María Tonameca, Pochutla Oaxaca, como aduce el declinante). En efecto, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa en su escrito inicial de demanda se advierte lo siguiente: Que con fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro inició la prestación de servicios en la ESCUELA MISIÓN CULTURAL 69, ubicada en Santa Martha Latuvi, Lachatao, Ixtlán, Oaxaca Posteriormente, el dieciséis de febrero de dos mil quince se le expidió una orden de comisión para desempeñar la educación para adultos en la Misión Cultural Rural 12, ubicada en Santo Domingo de Morelos Pochutla, como Jefa de Misión, y posteriormente en Santa María Tonameca, Pochutla Oaxaca como Directora (Jefe de Misión). Luego, con fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve fue puesta a disposición de la Coordinación de Educación para Adultos Unidad Educación Primaria, con domicilio en Aldama 103, Jalatlaco, Oaxaca, Centro, Oaxaca. Que posteriormente, por discrepancias en relación a su readscripción, se inició el expediente DDHPO/1724/(17)/OAX/2019, ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), misma que determinó que se debía reincorporar a la quejosa a su anterior centro de trabajo, a decir de la quejosa en Misión Cultural Rural 12, ubicada en Santa María Tonameca, Pochutla. (ACTO QUE NO ES RECLAMADO EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL) Así, aduce la quejosa, que posteriormente se iniciaron diferentes procedimientos administrativos en su contra, en su función como servidora pública del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, incluso se han dictado resoluciones administrativas, sin que al efecto se le hayan notificado debidamente, decretando así la responsable la terminación de la relación de trabajo, por lo tanto, se considera tercera extraña a los procedimientos administrativos en su contra. (ACTO RECLAMADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO) En el mismo sentido, de los anexos que junto a su escrito inicial de demanda exhibe la quejosa, puede observarse lo siguiente: En el oficio SGSE/CEA/172/2021, de fecha trece de julio de dos mil veintiuno (CUYA FALTA DE NOTIFICACIÓN SE RECLAMA), el Coordinador de Educación para Adultos comunica a la Directora para la Atención de los Derechos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que derivado del procedimiento administrativo a la hoy quejosa, iniciado con motivos de inasistencia a su trabajo, se determinó la rescisión de trabajo que unía a IRMA JULIÁN VILLEGAS con el Instituto Estatal de Educación Pública. En la resolución emitida en el expediente DSJ/PI/024/2020 (con fecha ilegible) (CUYA FALTA DE NOTIFICACIÓN SE RECLAMA), se expone que con fecha quince de octubre de dos mil veinte, se notificó a IRMA JULIÁN VILLEGAS, mediante oficio IEEPO/DSJ/PI/918/2020 de dieciocho de marzo de dos mil veinte, el inicio del procedimiento por inasistencias durante los días 4, 5, 6, 7 y 10 de febrero de dos mil veinte. En este punto, es pertinente destacar que, en esas fechas (15-octubre-2020 y 18-marzo-2020) la quejosa ya no estaba adscrita en SANTA MARÍA TONAMECA, POCHUTLA OAXACA, dado que desde el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve fue readscrita, por lo que en todo caso la quejosa se encontraba laborando en la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS UNIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA, con domicilio en ALDAMA 103, JALATLACO, OAXACA, CENTRO, OAXACA (según lo narrado por la quejosa en su demanda) o en la SUPERVISIÓN DE LA ZONA 03 DE MISIONES CULTURALES "REGIÓN MIXTECA" ubicada en JOSÉ VASCONCELOS NÚMERO 11, COLONIA DEL MAESTRO, HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA (según las documentales exhibidas por la quejosa junto con su demanda de amparo) Así también, en el resolutivo II de la resolución cuya falta de notificación se reclama, se determinó la procedencia de la terminación de la relación de trabajo de ***adscrita a la Supervisión de la Zona 03 de Misiones Culturales "Región Mixteca" ubicada en José Vasconcelos número 11, Colonia del Maestro, Huajuapan de León Oaxaca. En ese sentido, y atento a lo anteriormente expuesto, se considera que no se actualiza alguna de las excepciones del artículo 37 de la Ley de Amparo, siendo legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el juzgado competente para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales lo es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, dado que los actos que combate la quejosa, tendrán lugar en el último lugar en el que laboró ***, previamente a la terminación de su contrato de trabajo con el Instituto Estatal de Educación Pública, esto es en la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS UNIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA, con domicilio en ALDAMA 103, JALATLACO, OAXACA, CENTRO, OAXACA (según lo narrado por la quejosa en su demanda) o en la SUPERVISIÓN DE LA ZONA 03 DE MISIONES CULTURALES "REGIÓN MIXTECA" ubicada en JOSÉ VASCONCELOS NÚMERO 11, COLONIA DEL MAESTRO, HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA (según la resolución cuya falta de notificación se reclama, misma que fue exhibida por la quejosa junto con su demanda de amparo), lugares los anteriores en los que ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito, acorde con el cuarto punto de acuerdo, fracción XIII, primer párrafo del Acuerdo General Conjunto número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Luego, la ejecución material derivada de los actos reclamados en el presente asunto, que se tratan de ejecutar, se están ejecutando o se hayan ejecutado, se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos; por ende, no acepta la competencia legal declinada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec. Además, lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, máxime que en el caso se advierte, de la credencial de elector que exhibió junto con su demanda, que la quejosa tiene su domicilio en el Fraccionamiento Itabiany, en Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca. En ese contexto, es inconcuso que la competencia para conocer de los actos reclamados por la parte quejosa recae en Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dado que en su jurisdicción han de ejecutarse las consecuencias de hecho y de derecho de los actos reclamados por la quejosa, por lo que, como se dijo, este Juzgado no acepta la competencia planteada. En consecuencia, con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y devuélvase la demanda de amparo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca para que en su caso, resuelva lo que estime pertinente, solicitando de la manera más atenta, el acuse de recibo. Sin que haya lugar a notificar este acuerdo, toda vez que no se está aceptando la competencia y que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al radicar nuevamente su expediente hará la notificación correspondiente a la parte quejosa para efecto de que se entere que ahí seguirá el trámite su expediente FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Cúmplase

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