Iris Ignacia Ordáz Gallegos

Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
305/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Iris Ignacia Ordáz Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que Iris Ignacia Ordaz Gallegos, no interpuso recurso de queja, contra el auto de catorce de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintidós de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y otra autoridad. ANOTACIONES Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese con el número 305/2021, que le correspondió. Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el o la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a duda, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito inicial, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: **********Ahora bien, se tiene como hecho notorio que en proveído de siete de enero de dos mil catorce, dictado en el diverso juicio de amparo 636/2013 del índice de este juzgado, se tuvo como tercera interesada a Iris Ignacia Ordaz Gallegos por revestirle el carácter de demandada en el expediente de origen 692/2013. Por tanto, se tienen a la vista dichas constancias, pues al formar parte de uno diverso a los que se tramitan en este juzgado, aquél constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II Apéndice 1917-Septiembre 2011, página 3323, Novena Época, registro 1004622, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Precisándose que los hechos que dieron origen a la demanda de amparo, la parte quejosa señaló que en el presente caso narró como antecedentes de los actos reclamados los que se transcriben a continuación: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto los antecedentes que constituyen el acto reclamado: 1.- Que con fecha trece de Enero de dos mil dieciséis se dictó sentencia en el Procedimiento Agrario, que fue radicado en el Expediente número 692/2013 y que en su punto Resolutivo CUARTO, señala que debo desocupar y entregar el inmueble, con base en su sentido civilista. QUE EN MATERIA Agraria no configura la esfera jurídica, si bien es cierto que NOE GOMEZ CHIÑAS, presentó una Constancia de Posesión Protocolizada que le fue expedida en dos de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco y la suscrita presenta una con fecha veinticuatro de Abril de mil novecientos noventa y ocho, también es cierto que la Constancia de Noé Gómez Chiñas ampara una superficie de nueve hectáreas y la mía es de cuatro hectáreas, que es a lo que hace referencia los acuerdos de las actas de Asamblea General de Ejidatarios multicitadas con anterioridad, por lo que resulta la ineficacia valoración de pruebas, y sobre todo viola el principio de que las sentencias deberán dictarse a verdad sabida y no a reglas comunes. 2. . A la sentencia de fecha trece de Enero de dos mil dieciséis recae acuerdos de ejecución de sentencia de fechas cinco de noviembre del dos mil dieciocho, ordenando a la Actuaria del Tribunal Unitario Agrario de cumplimiento al punto resolutivo CUARTO, para efecto de la desocupación y entrega del inmueble, lo cual me causa un daño irreparable, como consecuencia de un mal procedimiento." En la especie, este órgano de control constitucional estima que se encuentra actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prescriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Respecto de este último precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera general, que tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último acto dictado en ese procedimiento. Así también, que por "última resolución", para los efectos de los actos dictados en ejecución de sentencia, debe tenerse a aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad física o jurídica de cumplirla. *************** Criterio que no aplica para terceros extraños. Por otra parte, las excepciones al criterio general antes aludido para quienes son parte (como lo es en la especie) y que dan posibilidad para atacarlos sin necesidad de esperar a la última resolución, exclusivamente son: a) Cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos (la integridad física, la libertad y los bienes); y b) Cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; es decir, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Esta última excepción contiene la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán de llevarse a cabo. ************* En el caso que nos ocupa, lo manifestado por la parte quejosa se advierte que es parte en el procedimiento natural, y que dentro del mismo existe resolución firme que debe cumplirse atendiendo a su naturaleza de orden público; asimismo, que en ese contexto de ejecución, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXII, de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dictó sentencia el trece de enero de dos mil dieciséis, en el expediente 692/2013, en la que ordenaba desocupar y entregar el inmueble que pretende defender como de su propiedad. Bajo este presupuesto, la materialización del requerimiento que señala como "acta circunstanciada de ejecución de sentencia", no es la última actuación o resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el expediente número 692/2013, entendida ésta como el pronunciamiento respecto a la declaración de que se encuentre enteramente cumplido dicho procedimiento o bien, que se reconozca la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; cuya declaración o situación permite acceder a la vía constitucional. Asimismo, toda vez que no se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que tenga una ejecución de imposible reparación, sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada o desestimen excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución; por tanto, el acto que se reclama, deberá impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se intente contra la última resolución dictada en el juicio, en la que se reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho expediente o, en su defecto, la declaratoria en el sentido que haya imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. ************* En dicho criterio de interpretación judicial se estableció que la amplitud de la norma consistente en que el amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas efectos de imposible reparación da pauta para interpretar la procedencia del amparo biinstancial contra los dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia. Esto en el sentido de que puede proceder el juicio de amparo indirecto de manera excepcional cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sin embargo, con el acto reclamado no se afectan derechos de la parte quejosa que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio natural; de ahí que no se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia aludida. Lo que refuerza lo improcedente del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza fehacientemente la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, a contrario sensu. ************Por lo anterior, con fundamento con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el arábigo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque la causa de improcedencia establecida en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponde a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertida en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; y, sin que al respecto haya lugar a proveer respecto a la suspensión del acto reclamado que se solicita, pues no se trata de los actos mencionados en el numeral 17, de la legislación en consulta. ********** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el del inmueble que indica la promovente en su ocurso de cuenta. Por otra parte, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones a****, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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