Irma Guadalupe López Reyes
Expediente 758/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Irma Guadalupe López Reyes
Actuaciones
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL PARA EL QUEJOSO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA IRMA GUADALUPE LOPEZ REYES, EL AUTO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo directo 1647/2019, promovido por Irma Guadalupe López Reyes, de cuyo contenido se advierte que dicho órgano colegiado declaró que carece de competencia para conocer del juicio de amparo citado. Ahora en cumplimiento a lo ordenado por el citado Tribunal Colegiado, con fundamento en os artículos 37 y 45 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia declinada, acúsese recibo, y por tanto, procede su estudio bajo los términos siguientes: Vista la demanda de amparo promovida por Irma Guadalupe López Reyes, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 758/2019-1B. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitid por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 221353, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En este contexto, cabe precisar que el reclamo lo hace consistir en: a).- La EJECUTORIA, dictada por dicha ordenadora en fecha 18 dieciocho de Septiembre de 2019, relativo al toca 207/2019, donde la citada ordenadora "deja sin efecto la sentencia definitiva", la cual fue pronunciada por la C. Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 913/2015, relativo a un juicio de divorcio respecto al incidente de resolución de litigio en su integridad promovido por LUIS ARTURO CHAVEZ CALDERON en contra de la suscrita para el efecto precisado en la parte considerativa del fallo dictado por la ordenadora."; y su ejecución. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo cual la demanda se debe desechar de plano por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. Dichos artículos prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, es menester indicar que de los preceptos antes transcritos se advierte que el amparo civil en la vía indirecta procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; concepto que la propia norma define como una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos. Lo anterior claramente excluye la afectación a los derechos adjetivos o procesales, en tanto que son conceptos antagónicos, de ahí que, para dilucidar la procedencia de la vía indirecta debe atenderse a la naturaleza y efectos de la violación cometida en el curso del procedimiento, con motivo de lo cual habrá de distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación sobre la esfera jurídica del quejoso. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También, de forma destacada precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Concluyendo así, que para delimitar esa irreparabilidad, era necesario establecer dos condiciones: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. En el caso, la parte quejosa reclama la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el toca 207/2019, relativo al juicio de divorcio, respecto al incidente de resolución de litigio en su integridad número 913/2015, donde resuelve: ".SEGUNDO.- ordena reponer el procedimiento, dejando sin efecto la sentencia dictada en fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, para que la Juzgadora Primigenia solicite informe actualizado al C. Representante legal de Ferrocarriles Nacionales de México (FERROMEX) con domicilio en calle niños héroes y Héroes de Nazocari, número 90, colonia Moderna de Guaymas, Sonora, para que informe sobre las percepciones y deducciones que se le realizan al señor Luis Arturo Chávez Calderón, como jubilado y visto el resultado de tales probanzas, se sirva dictar de nueva cuenta resolución, atendiendo al resultado de la misma, en donde se ocupe de determinar sobre la procedencia o no de la pensión alimenticia definitiva a favor de la señora IRMA GUADALUPE LÓPEZ REYES"; sin embargo, en concepto de este Juzgador, la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación en el juicio natural, pues no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa para que pueda impugnarse a través del juicio de amparo "indirecto". Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición del procedimiento al estimar que deben desahogarse diversos medios de prueba que no afectan directa e inmediatamente algún derecho sustantivo, sin dejar insubsistente ninguna otra actuación distinta de la citación para resolver en primera instancia, no constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que tal aspecto no impide el libre ejercicio del derecho de acceso efectivo a la justicia, seguridad jurídica ni el de legalidad. Justamente, tanto el derecho de acceder a la justicia, como el de seguridad jurídica y el de legalidad, no pueden verse dañados de forma actual por la reposición de un procedimiento judicial, virtud de que estos mandatos de optimización en su conjunto cumplen una función constitucional de garantizar el acceso a un proceso justo. Así, en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, estos principios fundamentales sirven como herramienta para la protección de las propiedades, posesiones o derechos de las personas que se encuentran expuestas, en el caso, a una posible afectación por la substanciación de un contradictorio. De tal suerte que sólo con la sentencia con la que culmine el juicio de manera definitiva, en la que se creen, extingan o modifiquen las propiedades, posesiones o derechos ahí discutidos, puede abatirlos de forma actual, en tanto que por regla general, únicamente a través de este acto se puede impedir su libre ejercicio. En esta tesitura, si los principios a que se ha hecho alusión son en efecto, herramientas que garantizan un proceso justo, su trasgresión solo puede darse de forma real con el dictado de una sentencia definitiva desfavorable a los intereses del que resiente tal trasgresión, pues será en ese momento y no en otro, en el que encuentre actualidad la violación a tales mandatos de optimización ante la injusticia de la condena. Así, debemos decir que el ordenar la reposición de procedimiento para recabar medios de convicción que no afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos, sin dejar insubsistente más actuación que la citación para resolver en primera instancia, no trascienden más allá del aspecto adjetivo-procesal del juicio, ya que tal determinación por sí misma no priva de forma actual al quejoso del derecho pecuniario discutido en el litigio, sino que solo provoca una postergación de la decisión respecto de él. Por otra parte, tal determinación no le impide de forma actual el acceso a la jurisdicción, ya que no le imposibilita poner en tela de juicio su pretensión. Tampoco se observa ni fue alegado por el quejoso, que derivado de la emisión del acto reclamado se vean afectados de forma actual derechos sustantivos como el patrimonio, la vida, la libertad, etcétera. Además, no se advierte que las consecuencias de la reposición sean irreparables conforme a lo que se establece en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, Octava Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Conforme a tal criterio, se debe atender a los efectos concretos de la reposición, como podrían ser la imposibilidad de desahogar pruebas (por ejemplo, el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos); o, que se realicen requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de decretar la rebeldía. En el caso, de la revisión del juicio de origen no se destaca que como resultado de la reposición del procedimiento, se produjera una consecuencia concreta que violente un derecho como los ejemplificados por el máximo tribunal, que supongan su irreparabilidad, pues incluso en la decisión reclamada se precisó que debían quedar incólumes las actuaciones practicadas hasta la citación para resolver. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Como corolario a lo anterior, se insiste, el acto reclamado no trastoca derechos como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.C.247 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 2209 del tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS. POR REGLA GENERAL NO AFECTA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo cuando sus efectos o consecuencias afectan directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado, tutelados en la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Un acto reclamado no es susceptible de conculcar directamente el derecho a la jurisdicción consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si ordena la reposición de las actuaciones necesarias del procedimiento para hacer posible y oportuno el desahogo de una prueba, porque tal derecho a la jurisdicción se integra con distintos elementos, como son: la completitud, la imparcialidad, la prontitud, así como el apego a los plazos y términos que fijen las leyes. Los elementos desglosados se encuentran expuestos con vocablos de gran generalidad y abstracción, que son además de carácter relativo, especialmente el concepto prontitud, por lo cual requieren un desarrollo y precisión en la legislación secundaria, de modo que difícilmente podía existir un caso en que se violara directamente alguno de estos imperativos constitucionales, sino que su transgresión sólo se dará de manera indirecta a través del incumplimiento de las leyes ordinarias. Por otra parte, la satisfacción de los valores tutelados con el derecho a la jurisdicción sólo queda satisfecha con el cumplimiento concurrente de todos sus elementos, de modo que no resulta jurídicamente factible, como por ejemplo, privilegiar la prontitud de una decisión judicial, frente a los términos previstos por la ley para llegar a la decisión; esto es, no tendría validez un fallo judicial hecho con gran celeridad, pero con violación de las formalidades esenciales del procedimiento; de modo que la prontitud hace referencia al menor tiempo posible para resolver un litigio con apego a la normatividad procedimental y sustantiva que resulte aplicable." Es importante dejar establecido que no se ignora que no puede establecerse una regla general y única en el sentido de que la resolución de segunda instancia, que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, tiene efectos meramente procesales o adjetivos; que de sostenerse ello, se propiciaría un margen de error en las decisiones jurisdiccionales y que tampoco puede soslayarse que existen casos en los cuales los efectos de una reposición del procedimiento sí afecta derechos sustantivos que ameritan un análisis inmediato a través del juicio de amparo y que, por esa razón, debe hacerse un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que con esa determinación se producen en el procedimiento, así como en las cosas y en las personas. Prueba de lo anterior, es la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), que aparece publicada en la página 1180 del libro 33, agosto de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". Sin que sea aplicable al presente asunto el criterio contenido en la tesis de Jurisprudencia transcrita en razón de que, en el particular, se tienen a la vista todos los elementos necesarios para poder determinar la improcedencia del juicio desde esta etapa procesal, toda vez que se cuenta con las constancias relativas al controvertido natural, las que permiten dar noticia de que lo reclamado sólo trasciende a aspectos meramente procesales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado por Calle Cuauhtémoc No. 101 Ote., interior 3, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramón Alberto Velderrain Armenta y Miguel Alberto Soto Cárdenas y únicamente para imponerse de autos a Israel Vargas Espinoza y Oscar Rolando Bravo Lagarda, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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