Iris Jaseli López Vega
Expediente 775/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Iris Jaseli López Vega
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por la Secretaria Primero del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, mediante el cual rinde informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad antes mencionada. Dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.
- Incidental
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales los pedimentos números 1063/2019, 1064/2019, 1065/2019, 1066/2019, 1067/2019, 1068/2019, 1069/2019, 1070/2019, 1071/2019 y 1072/2019, signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparos, con residencia en esta ciudad. Se tienen por hechas las manifestaciones en los términos que indica la Fiscal Federal, las que se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno. Para los mismos efectos, agréguense a los presentes autos los oficios firmados por el Primer Oficial Encargado Zona Norte de la Unidad Especializada Policía Procesal, la Secretaria Primero del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, el licenciado Luis Nicanor Barajas Peregrina, Hugo Calletano Valenzuela Bustamante y Anacelida Alarcón de la Rocha, Jueces de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, actuando en la Región Norte, todos con residencia en esta ciudad, por los cuales rinden informe previo; por tanto, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo solicitado a las autoridades antes mencionadas. Dese vista a las partes con los mismos, para que se impongan de su contenido. Por último, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que le está transcurriendo el término concedido a las autoridades responsables licenciados Julia Palafox Vega, Lucila Armenta Espinoza y Paúl Hermman Pelayo Salazar, Jueces de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, actuando en la Región Norte, Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa Zona Norte y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta ciudad, para que rindan el informe previo que les fue solicitado, toda vez que fueron emplazados al presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 775/2019-3A, el pasado veinticuatro de diciembre del presente año, según constancia de notificación que obra agregada a los presentes autos; por tanto, para dar tiempo a lo anterior, la audiencia incidental programada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las doce horas con diez minutos del catorce de enero de dos mil veinte.
- Principal
Visto el escrito de demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 125 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por Iris Jaseli López Vega, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con domicilio en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 775/2019-3A, y tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. En ese contexto, requiérase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, por la vía fax al número 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. En diverso orden, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial. En la inteligencia de que, se reserva proveer acerca del emplazamiento del agente del Ministerio Público que haya intervenido en el proceso penal de origen, en su carácter de tercero interesado para los efectos de este asunto conforme al artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al acto reclamado. Por otra parte, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en calle Niños Héroes número 645 Sur, colonia Bienestar, de esta ciudad. De igual manera, téngase como autorizados legales de la quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Guerrero Castro, Rafael Cervando Ayala Miranda y Wenceslao Vega García. En otro panorama, hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Por último, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
- Incidental
Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 775/2019-3A, promovido por Iris Jaseli López Vega, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en el Ejido Goros II Ahome, Sinaloa y otras autoridades, consistentes en la posible orden de aprehensión o detención y su probable ejecución. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, requiérase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, los cuales deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la citada ley, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer el monto de las garantías correspondientes. En el entendido de que, las responsables podrán rendir el informe de referencia por la vía telegráfica, a través del fax de este juzgado al número telefónico 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, en su caso, se impondrá a cada uno de los omisos una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las doce horas con veinte minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia incidental. En diverso orden, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. Además, cuando se solicita la medida cautelar provisional debe acreditar un interés legítimo, en acatamiento a lo indicado en el artículo 131, de la Ley de Amparo, que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado, en virtud que no podrían paralizarse las consecuencias y efectos de los actos que presumiblemente causarán un daño inminente e irreparable al agraviado, si tal interés no está demostrado. Así, respecto a la orden de aprehensión o detención y su probable ejecución que se combate, se concede la suspensión provisional a favor de Iris Jaseli López Vega, acorde a los artículos 162 al 166, de la Ley de Amparo, y conforme a lo siguiente: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional (delitos graves así calificados en el sistema penal tradicional), la suspensión sólo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad en el lugar que señale para su reclusión la autoridad responsable y quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así calificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que la quejosa no sea detenida, pero se le apercibe a fin de que en el término de cinco días se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, de lo contrario, se dejará sin efecto la presente suspensión para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; Si la quejosa ya se encuentra materialmente detenida por orden de autoridad competente y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando la imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo; y En el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal de la amparista y ésta se encuentre a disposición del agente del Ministerio Público por cumplimiento de la orden de detención, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que en el término de cuarenta y ocho horas o, dentro del plazo de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. En la inteligencia de que, si la inconforme incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. La suspensión provisional de los actos reclamados concedida, surte efectos hasta en tanto se resuelva acerca de la definitiva en la interlocutoria respectiva. De conformidad con lo establecido por los artículos 138, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo y, toda vez que por el momento no se puede determinar a cuánto asciende el daño patrimonial causado por el delito que se imputa a la quejosa, así como su situación económica y la mayor o menor posibilidad de que se sustraiga a la acción de la Justicia, la quejosa deberá cumplir con las siguientes condiciones: Otorgar garantía por la cantidad de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en cualesquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido de que, si decide que la garantía la exhibirá mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. b) Informar por escrito a este Juzgado de Distrito y bajo protesta de decir verdad, su situación económica, el domicilio en el cual puede ser localizado, si acaso se le negare el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin que sea devuelto al Juzgado de la causa, respecto de su libertad personal; o bien, para que se le puedan hacer las citaciones respectivas. Las indicadas condiciones además de tener su fundamento en los preceptos legales antes citados, tienen apoyo en la interpretación que de dichos preceptos hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1ra/J. 16/1997, producto de la contradicción de tesis número 33/96, publicada en la hoja 226 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1997, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". Se precisa que, de no cumplir la justiciable con lo señalado en los incisos a) y b) del presente acuerdo dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Amparo; se mandará hacer efectiva la garantía que exhiba a favor del fisco federal y se dejarán expeditos los derechos de las responsables para proceder en su contra, de acuerdo con sus facultades legales, en términos de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo. Asimismo, esta medida dejará de surtir efectos si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa, en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Lo anterior en el entendido que el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé que si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento a las obligaciones del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Por otra parte, hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". En otro panorama, como lo solicita la promovente, expídase copia certificada de la presente determinación, previa toma de razón que por su entrega y recibo se deje en autos. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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