Irma Graciela Mejía Romero

Expediente 36/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
36/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Irma Graciela Mejía Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiocho de febrero del presente año en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como destruible según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 36/2019-V, promovido por *******, por propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, por propio derecho. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y del Oficial Notificador, Ministro Ejecutor y Actuario adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes reclamó, en la demanda y su respectiva ampliación, lo siguiente: Demanda 4.1. ACTOS RECLAMADOS: 4.1. De la autoridad responsable ordenadora señalo como actos reclamados el auto de fecha 10 de enero de 2018 (sic). en donde se ordena el lanzamiento de la suscrita del inmueble de mi propiedad, aun y cuando la suscrita interpuse un incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento, mismo que se admitió con suspensión del expediente principal, y el cual aún no se resuelve, tal y como se describirá en el apartado correspondiente. 4.2. De la responsable ejecutora se reclaman el cumplimiento de lo dictado por la autoridad responsable ordenadora. Aclaración 1. En cuanto al hecho de que si es mi deseo señalar como diverso acto reclamado la omisión del Juez responsable de emitir la resolución interlocutoria correspondiente al incidente de nulidad de actuaciones oír defectos en el emplazamiento, me permito manifestar que no es mi deseo señalarlo como acto reclamado. 2. En cuanto al requerimiento realizado con el número 2, me permito manifestar que me duelo del auto de fecha 20 de marzo de 2018, auto mediante el cual se informa el cambio de Juzgado del expediente de origen, y en el cual no se ordenó notificación personal, ni por cédula, esto a pesar de que habían transcurrido 10 meses desde que se dictó el último auto, o sea el de fecha 30 de mayo de 2017. Asimismo, me duelo del auto de fecha 13 de noviembre de 2018, en el cual se le tiene al Notario Público número 28, devolviendo el expediente debidamente protocolizado, debido a que en el mismo se ordenó notificación personal, y nunca se realizó, y se siguió actuando hasta llegar al acuerdo de fecha 10 de enero de 2019, mencionado como acto reclamado. Es debido a la falta de las notificaciones personales, o por cédula, antes referidas, que la suscrita estoy en peligro inminente de ser desalojada, al igual que los niños que se encuentran en la guardería y preescolar antes referido, ya no estaba (sic) enterada de la reanudación del procedimiento. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 36/2019-V y se previno a la parte actora para que la aclarara. Enseguida, el veintiocho del citado mes, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: a). Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos: 1. El acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se informa el cambio de Juzgado del expediente de origen y en el cual no se ordenó notificar personalmente, ni por cédula, emitido en el juicio especial hipotecario *******, promovido por ******* en contra de *******. 2. El auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el referido expediente, en el cual se tuvo al Notario Público número ******* del Distrito Judicial Bravos, devolviendo el expediente debidamente protocolizado. 3. El acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, en donde se ordena el lanzamiento de la quejosa del inmueble que afirma poseer y tener en propiedad. b). Del Oficial Notificador, Ministro Ejecutor y Actuario adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial Bravos: la ejecución de las determinaciones de la responsable ordenadora. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes y de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia de los acuerdos reclamados, lo que se corrobora con la copia certificada del juicio especial hipotecario *******, promovido por ******* en contra de *******; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por otro lado, al rendir su informe justificado, los Oficiales Notificadores, Ministros Ejecutores y Actuarios adscritos a la Oficina Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial Bravos fueron omisos en pronunciarse en relación con la ejecución de los diversos actos que también reclamó la quejosa; por lo que deben tenerse por presuntivamente ciertos, máxime que no obra constancia en autos que desvirtúe su existencia. Asimismo, los referidos Actuarios negaron haber ejecutado el acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho; sin embrago, del informe que rindió el Juez Civil se advierte la existencia del juicio especial hipotecario *******, promovido por *******, se advierte la existencia del acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, en donde se ordenó poner en posesión a la parte actora del inmueble adjudicado a su favor y, en consecuencia, el lanzamiento respectivo de la quejosa de ese lugar; por tanto, aun y cuando hasta el momento en que rindieron su informe con justificación no tuvieran conocimiento del acto que se les endilga, son susceptibles de llevarlos a cabo y, ante ello, se desvirtúa tal negativa y se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades mencionadas. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, materia civil, página 11, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, el presente juicio deviene improcedente en atención a que la parte quejosa no justificó contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico para promover el presente juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho humano del que sea titular la parte quejosa en lo individual, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas pudieran llegar a resentir de manera indirecta, alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho humano, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la propia autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho humano que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En el caso, la peticionario de amparo formuló la demanda de amparo por propio derecho y, al narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, señaló que adquirió el inmueble materia del juicio hipotecario y del cual la pretenden desposeer, mediante el contrato de compraventa que celebró con la señora *******, quien se ostentó como apoderada del demandado en el juicio natural, *******, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad; asimismo, refirió que una vez que pagó el precio del inmueble, la "vendedora" le otorgó un poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, para ejercerlo respecto del inmueble precisado, como se hizo constar en el instrumento notarial expedido por el Notario Público Número ******* del Partido Judicial Centro, del Estado de Querétaro. Como se aprecia de esta transcripción, ******* promovió, por propio derecho, la acción constitucional que originó este asunto, al considerar que le causan perjuicio en lo personal, los acuerdos dictados en el juicio de origen, al que ya compareció ostentándose como apoderada legal del demandado, *******. En efecto, de las constancias que obran en el expediente génesis de este asunto, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil doce, se emplazó al juicio al demandado natural, *******, por conducto de la ahora quejosa. Asimismo, mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil trece, la aquí solicitante del amparo, compareció ante el Juez natural a promover incidente de nulidad de actuaciones, por defectos en el emplazamiento; actuación que se declaró válida por el tribunal de apelación, mediante resolución de cinco de septiembre de dos mil trece. En la misma tesitura, el propio cinco de febrero de dos mil trece, la aquí solicitante del amparo promovió recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, el cual se declaró desierto, por la omisión en que incurrió la recurrente de expresar agravios en sede de apelación. Igualmente, la aquí quejosa también promovió diverso juicio de amparo, en representación de *******, en el que reclamó el emplazamiento al juicio especial hipotecario de referencia y en el que, previos los trámites de ley, se determinó negar la protección constitucional solicitada. Ahora, dado que la quejosa acudió al juicio natural en representación del directamente demandado, ello no le confiere la facultad de instar la acción constitucional, por propio derecho, ya que el juicio de amparo necesariamente debe seguirse por el directamente agraviado, por su representante legal o su defensor, personas reconocidas en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo. En efecto, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente ejercitar la acción de amparo y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción XII del artículo 61 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado. De esta manera, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de derechos, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 6o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera). Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que al promover la demanda de amparo, la parte quejosa no comprobó tener un derecho jurídicamente tutelado por defender en esta instancia constitucional, toda vez que de acuerdo con las constancias que se allegaron al expediente *******, se trata únicamente de la apoderada del demandando, quien jurídicamente sí compareció al juicio natural a deducir sus derechos; de ahí que no tenga interés jurídico para impugnar los acuerdos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXIII, materia común, página 3770, del siguiente rubro y texto: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Una correcta interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados, y aunque la lesión de tales derechos, es natural que traiga repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen el interés jurídico para promover amparo. Asimismo, resulta orientador el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 193-198, Cuarta Parte, materia civil, página 81, del siguiente contenido: INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO POR SU PROPIO DERECHO, EL GERENTE DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL CARECE DE, CUANDO LA SENTENCIA RECLAMADA AFECTA ÚNICAMENTE A LA PERSONA MORAL. No obstante que el quejoso sea gerente de la sociedad mercantil afectada por la sentencia reclamada, con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, carece del interés jurídico necesario para promover la demanda de amparo por su propio derecho, en contra de la sentencia de apelación, que condenó única y exclusivamente a la persona moral al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. En consecuencia, aunque la sentencia reclamada pudiera afectar al quejoso en sus intereses económicos, por su participación en la sociedad, no existe el interés que importa para la procedencia del amparo. Este Juzgador no soslaya que la quejosa refirió que adquirió el bien motivo del juicio hipotecario de trato, con motivo del contrato de compraventa que celebró con una diversa apoderada legal (*******) del demandado en el juicio natural; sin embargo, aún en ese supuesto, la quejosa solamente exhibió un contrato privado de compraventa con reserva de dominio, respecto del inmueble identificado, que no es apto para acreditar que contara con interés jurídico que se viera afectado previamente a la existencia de la orden de desocupación del inmueble de referencia, pues se trata de un documento que carece de fecha cierta y, por ende, no tiene el alcance probatorio pretendido por la quejosa, al tratarse de un documento privado, cuya fecha de celebración sólo podría adquirir certeza hasta que un fedatario público lo certificara; o bien, cuando se presentara ante alguna autoridad, lo que no ocurre en el presente caso. En efecto, el referido contrato de comodato carece de eficacia demostrativa para acreditar el interés jurídico para instar la acción de amparo, porque la certeza de la fecha en que se suscribió la adquiere a partir del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, cuando fue presentado ante este Juzgado Federal, lo cual es una fecha posterior a la orden de la ejecución de los actos de desposesión que se reclaman; por lo que resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, aun cuando se ostentara con la calidad de tercera extraña al juicio. Además, el contrato de promesa de compraventa exhibido en copia simple, sólo acredita la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no que la suscripción del mismo haya sido con anterioridad a que se adjudicara y se ordenara su entrega a la ahora tercero perjudicada, cuenta habida que -como se indicó- no fue presentado ante alguna autoridad en ejercicio de sus funciones o ante fedatario público que de diera certeza a la fecha de su suscripción, lo que sirve para garantizar la legalidad que debe imperar en este tipo de operaciones y evitar el abuso del juicio de amparo, para fines distintos a los de vigilar por el pleno respeto de los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que el presente juicio de amparo sea improcedente. Sirve de apoyo a esa consideración, la jurisprudencia 256, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo IV, materia civil, página 214, del siguiente contenido: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XV, de Febrero de 2002, materia civil, página 5, del siguiente tenor: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. De la misma manera, en torno al tema relativo a la fecha cierta de los documentos exhibidos en juicio, es ilustrativa, por las razones que informa, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XXVII, de Abril de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Ahora, este Juzgador no soslaya que, eventualmente, pudiera llegar a considerarse que la quejosa intentó ejercitar la acción de amparo en representación del demandado, en cuyo caso también resultaría improcedente el juicio de amparo, porque en contra de los acuerdos aquí reclamados procedían diversos medios de defensa ordinarios que debían ser agotados con anterioridad a la promoción del presente juicio, tales como el incidente de nulidad de actuaciones o el recurso de revocación; además, algunos de ellos no son de imposible reparación, ni constituyen la última resolución en el procedimiento de remate, por lo que resultaría ocioso abordar una examen a profundidad sobre la actualización de tales causales. Máxime que, para quien resuelve, no queda duda de que la auténtica intención de la quejosa fue la de promover el juicio de amparo por propio derecho y no como apoderada del demandado en el juicio natural, pues ello se deduce de la narrativa de hechos plasmadas en la demanda, al señalar que los actos reclamados le privarían -en lo personal- de la posesión que ostenta sobre el inmueble en cita, lo cual estimó le causa perjuicio porque ejerce derechos de propiedad sobre aquél y que derivó de haber comprado ese bien y pagado la totalidad el precio pactado, mediante el contrato que celebró con *******, otrora apoderada del demandado en el juicio natural, *******, acto jurídico respecto del que exhibió copia simple; de ahí que se encuentra plenamente evidenciado que la solicitante del amparo promovió la presente instancia por derecho propio y no como apoderada del demandado natural. Sólo resta precisar que al quedar demostrado que el presente juicio es improcedente, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia de las que alega la parte tercero interesada en el escrito presentado en la audiencia constitucional o que se advierta de oficio, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución respecto de los actos antes indicados; de ahí que resulte innecesario el análisis de diversas causas de improcedencia que pudieran quedar actualizadas, tales como el consentimiento tácito de los actos reclamados e, incluso, la omisión de la expresión de conceptos de violación en contra de diversos actos, cuenta habida que resultaría ocioso practicar ese examen adicional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, de Agosto de 1998, materia común, página 414, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la quejosa. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En efecto, el sobreseimiento analizado en la presente sentencia, no significa por sí solo la vulneración a los derechos que menciona, pues los principios fundamentales de nuestra Constitución y los contenidos en los tratados internacionales, operan en armonía y conjuntamente con diversos principios procesales universales y fundamentales, el de la igualdad de las partes en el procedimiento, así como el diverso relativo al juzgamiento parcial, o el de debido proceso y seguridad jurídica, que obliga al análisis equilibrado en los conflictos, sin favorecer a alguna de las partes y sin permitir que cualquiera de ellas se vea sorprendida o afectada en sus derechos por una determinación inequitativa o parcial. Sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, de Octubre de 2014, Tomo I, materia constitucional, página 909, del siguiente contenido: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Este sobreseimiento se debe hacer extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Oficial Notificador, Ministro Ejecutor y Actuario adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial Bravos, pues los actos que se les atribuyen derivan de la ejecución de lo ordenado por el Juez Civil en el juicio de origen, pero tales actos no se les reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia de lo que este último determine. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 339, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y del Oficial Notificador y/o Ministro Ejecutor y/o Actuario adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial Bravos. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de febrero de dos mil diecinueve. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de enero del año en curso, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y Oficial Notificador y/o Ministro Ejecutor y/o Actuario adscritos a la Oficina Central de Notificadores y Actuarios del Tribunal Superior Justicia, a quienes les reclamó el auto de diez de febrero de dos mil dieciocho, a través del cual se ordenó su lanzamiento del inmueble marcado con el número ******* y su cumplimiento. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo tal y como se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acto reclamado. Al rendir su informe previo, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos convino con la existencia del acto que la parte quejosa le endilga.Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros. SEGUNDO. Existencia del Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos negaron la existencia del acto que se les reclama pues, no obstante que el diez de enero del presente año, el juez ordenador emitió el auto de lanzamiento del que se duele la quejosa, éste no ha sido ejecutado. Sin embargo, se desvirtúa dicha negativa toda vez que resulta inminente el cumplimiento al proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Primero del Civil del Distrito Judicial Bravos, por tratarse de una orden librada por autoridad competente en el expediente ******* de su índice, Así, se tiene por cierto el acto que la parte quejosa reclama de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. TERCERO. Improcedencia de la suspensión definitiva. Cabe precisar que la parte quejosa solicita, expresamente, la suspensión del acto reclamado a efectos de que no se le prive de la propiedad y posesión del bien inmueble marcado con el número *******, en esta ciudad. Al respecto, se niega la suspensión definitiva, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, esto es, que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada, no se siga perjuicio al interés social, y no se contravengan disposiciones de orden público. El requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado implica la demostración del interés en forma presuntiva, porque así el quejoso demuestra que le afecta el acto reclamado y concilia el interés social y orden público derivado de la orden de desposesión reclamada, con el interés del quejoso en que no se ejecute el acto que reclama hasta en tanto se resuelva por sentencia firme el fondo del juicio de amparo. Aunado a que el acreditamiento implica la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer que es realmente titular de un derecho de propiedad sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la desposesión; esto es, la parte quejosa debió ofrecer pruebas que permitan presumir que actualmente mantiene la propiedad y posesión del bien en comento, sin que para ello fueren suficiente las copias simples del (1) contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado el once de abril de dos mil once, entre ******* y *******, en su calidad de apoderada legal de *******; (2) de diversos autos emitidos en el juicio de origen por el citado órgano jurisdiccional, así como de promociones presentadas ante el mismo; (3) de los oficios emitidos el diez de agosto de dos mil doce, por el Jefe del Departamento de Certificación e Incorporación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (4) de la licencia de funcionamiento en Base al Uso de Suelo para Establecimientos Comerciales, de Servicio e Industriales, de veintidós de diciembre de dos mil quince, expedida por la Dirección General de Desarrollo Urbano; toda vez que no configura el interés presuntivo, porque no da certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente la quejosa es propietaria o poseedora del referido inmueble; y por ende, tener por acreditado presuntivamente su interés suspensional. Además, el interés suspensional para solicitar la medida cautelar contra el juicio civil instaurado que tenga como materia bienes pertenecientes a su patrimonio, no se acredita con la copia simple de dichos documentos, adminiculados con la argumentación "bajo protesta de decir verdad", pues esta expresión se refiere a los hechos no a los derechos -en el caso, la titularidad de un inmueble- que requiere prueba -en este caso, aunque sea indiciariamente- de su existencia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 71/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, registro 185215, cuyo tenor literal es el siguiente: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste. No deja de atenderse que la parte quejosa exhibió el primer testimonio de la escritura número *******, expedida por la Notaría Pública Número ******* del Estado de Querétaro, de veintiocho de marzo de dos mil doce, que contiene el poder general irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio respecto del inmueble mencionado, que otorgó *******, como apoderada de *******, a favor de ******* y el escrito presentado por la quejosa ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual solicita copias del expediente *******. Sin embargo, del primer testimonio no se advierte que la aquí quejosa tenga una posesión originaria o derivada respecto del mencionado inmueble; y por lo que hace a la documental señalada en segundo término, ésta se constriñe a una manifestación por parte de la promovente, desconociendo lo resuelto por la autoridad jurisdiccional de origen. Asimismo, resulta insuficiente que las responsables hayan convenido la certeza de los actos que se les indilgan, pues sus manifestaciones solo demuestran que en el expediente *******, la actora *******, promovió juicio especial hipotecario en contra de *******, quien fue emplazado a través de su apoderada *******; y que la aquí quejosa *******, promovió en el juicio de origen un incidente de nulidad de actuaciones por omisión y/o defectos en el emplazamiento, el cual se declaró concluido el cinco de septiembre de dos mil trece, al resolver la Sala Civil Regional el toca *******, ello con motivo de la sentencia dictada en el juicio de amparo *******, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en la que negó el amparo solicitado por ******* contra la omisión de emplazamiento o notificación en el juicio hipotecario de que se trata. Así, de lo antecedentes narrados se desprende que la solicitante de amparo ha tenido intervención en el proceso natural, más no acredita la titularidad del dominio o posesión del inmueble objeto de la orden de lanzamiento, por el contrario, sólo demuestra su participación procesal en aquel juicio, pero no que la quejosa, efectivamente, tenga una causa legal y que realmente posee algún bien; y por ende, tener por acreditado su interés suspensional. De este modo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se; ÚNICO. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo tercero de esta sentencia. Notifíquese.- Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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