Irma Araceli Adame Martínez
Expediente 142/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Irma Araceli Adame Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Se ordena devolución de billete de depósito Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $******* (*******), expedido por el *******, para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, concedida mediante resolución incidental de once de marzo de dos mil veinte, sin que a la fecha se hayan pronunciado al respecto. En consecuencia, se ordena la devolución del billete de depósito en mención que se exhibió a fin de garantizar la suspensión definitiva concedida. En ese sentido, requiérase al depositante y parte quejosa, para que comparezca al local de este juzgado federal debidamente identificada, con credencial oficial vigente, a recibir el referido billete de depósito de referencia. En el entendido que, de no comparecer a recibir el referido billete, una vez transcurridos dos años, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, prescribirá dicha garantía a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintitrés. Informa adscripción de titular En este sentido, es necesario acotar que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autorizada en términos amplios de la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $*******(*******), expedido por el *******, para efectos de la procedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados, concedida mediante resolución incidental de once de marzo de dos mil veinte. Asimismo, de los autos del juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio de amparo, y que mediante auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, confirmó la sentencia dictada. Vista con billete de depósito Atento a lo anterior, toda vez que en autos consta el billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $*******(*******), con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, por disposición expresa en su numeral 2º, y que a la fecha ha transcurrido el plazo de seis meses, dese vista a las partes, por el termino de tres días, para su conocimiento y efectos conducentes, una vez transcurrido el plazo otorgado este órgano jurisdiccional acordara lo que corresponda. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Finalmente, notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintidós. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso e) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra de la resolución interlocutoria de seis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se declaró improcedente el incidente de daños y perjuicios en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto. En consecuencia, se declara que la determinación ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS Vistos los autos del incidente de daños y perjuicios promovido por la tercero interesada *******, dentro del juicio de amparo 142/2020-IV, para emitir la resolución correspondiente, de acuerdo con los siguientes: RESULTANDOS: PRIMERO. Promoción del juicio de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, que dio origen al juicio principal, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito el dos de marzo de dos mil veinte. En dicho escrito, la quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de los actos y autoridades siguientes: III. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: a) TITULAR DE JUNTA ESPECIAL NUMERO 1 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SU DOBLE CARACTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA con domicilio en Calle Eje vial Juan Gabriel y Aserraderos SIN, en esta ciudad. b) TITULAR DE JUNTA ESPECIAL NUMERO 2 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SU DOBLE CARACTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA con domicilio en Calle Eje vial Juan Gabriel y Aserraderos SIN, en esta ciudad. c) TITULAR DE JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SU DOBLE CARACTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA con domicilio en Calle Eje vial Juan Gabriel y Aserraderos S/N, en esta ciudad. d) TITULAR DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 4 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SU DOBLE CARACTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA con domicilio en Calle Eje vial Juan Gabriel y Aserraderos S/N, en esta ciudad. e) C. TITULAR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON SEDE EN ESTA CIUDAD EN SU DOBLE CARACTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA cuyo domicilio conocido en las instalaciones del edificio de gobierno conocido como pueblito mexicano ubicado en avenida Abraham Lincoln 1290, ciudad Juárez, Chihuahua. IV. EL (los) ACTO (S) RECLAMADO (S) a) A las autoridades ORDENADORAS a). Las ordenes escritas o verbales que hayan dado para desalojarme del bien inmueble de mi propiedad ACTO O ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS I. Se reclama la ejecución de desalojo y desposesión jurídica de mi bien inmueble que se encuentra ubicado en *******, en esta ciudad, bajo el número de inscripción *******, folio *******, libro *******, de la sección ******* del Registro Público de la Propiedad, sin que mediare orden debidamente fundada y motivada en contra de mi persona. SEGUNDO. Reconocimiento de carácter de tercero interesada. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la tercera interesada *******, apersonándose al juicio de amparo, por conducto de su apoderado legal el licenciado *******, y dicho carácter le fue reconocido en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. TERCERO. Tramitación del juicio de amparo y otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. En auto de tres de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite y se ordenó la apertura por duplicado y separado del incidente de suspensión relativo, dentro del cual, en la misma fecha, se otorgó a la parte quejosa la suspensión provisional; mientras que, en audiencia de once de marzo de dos mil veinte, por una parte, se negó, y por otra, se otorgó la suspensión definitiva, ello en los siguientes términos: [.] En el caso concreto, la parte quejosa acredita su interés suspensional, pues exhibió el contrato privado de compraventa de trece de diciembre de dos mil dieciocho, celebrado por *******, representando a ******* y la parte quejosa *******. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de la prueba rendida y para determinar su valor; de manera que, el documento privado ofertado por la parte quejosa, se le concede valor probatorio pleno, en virtud de que hace fe de la existencia de su original, en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º. Así, a juicio de quien esto resuelve, dicha prueba se considera eficaz para acreditar indiciariamente un derecho subjetivo y la vulneración al mismo con los actos de las autoridades señaladas como responsables y asegura bajo protesta que es dueño del inmueble. En ese orden, respecto a la orden de desalojo o privación de la posesión del bien inmueble que aduce tener el quejoso, dado que no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, con fundamento en el artículo 128 de legislación de la materia, se concede la suspensión definitiva, por cuanto hace a la posible orden de desalojo o de la desposesión del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se le prive o moleste en su posesión, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. En términos del artículo 132 de la ley de la materia y tomando en consideración que la parte quejosa es omisa en precisar el monto por el que se emitió condena en la sentencia y por el que se trabó el embargo, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el que suscribe, estima prudente fijar a la parte quejosa una garantía por la cantidad de $******* (*******), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, para garantizar los posibles daños y perjuicios que la misma se pudieran causar a la parte tercero interesada.[.] CUARTO. Exhibición de la garantía para cubrir posibles daños y perjuicios. En atención a la concesión de la suspensión definitiva, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, *******, autorizada de la parte quejosa, exhibió el billete de depósito *******, expedido por *******, por la cantidad de $******* (*******), a efecto de garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada, a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue otorgada. QUINTO. Sentencia dictada en el juicio principal. Con fecha de engrose de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio principal, en la cual se determinó decretar el sobreseimiento, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, de esta ciudad, en sesión de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, dentro del recurso de revisión laboral *******. SEXTO. Interposición del incidente de daños y perjuicios. Mediante escrito presentado en este Juzgado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la parte tercero interesada *******, por conducto de su apoderado legal el licenciado *******, interpuso incidente de daños y perjuicios, a efecto de que sean pagados los que se ocasionaron con motivo de la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En consecuencia, en auto de diez de noviembre del año que transcurre, se dio vista a las partes para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera; sin que hubieran desahogado la misma. Por último, una vez tramitado e integrado el incidente de daños y perjuicios de referencia, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental relativa, quedando los autos en estado de dictar la resolución correspondiente, que es lo que ahora se hace, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, conforme al artículo 156 de la Ley de Amparo, para resolver este incidente de daños y perjuicios, pues conoció del juicio principal y del incidente de suspensión relativo. SEGUNDO. Antecedentes del incidente de daños y perjuicios. A efecto de resolver este incidente, es necesario hacer la siguiente relación de antecedentes del juicio de amparo del que deriva. La quejosa *******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Presidentes de las Juntas números Uno, Dos, Tres y Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes reclamó las órdenes dadas para desalojarla del bien inmueble que adujo tener en propiedad, ubicado en *******, en esta ciudad, con inscripción *******, folio *******, libro *******, de la sección ******* del Registro Público de la Propiedad; así como al Jefe del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, la ejecución de tales actos. En interlocutoria de once de marzo de dos mil veinte, se otorgó a la parte quejosa la suspensión definitiva, para que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardaban y no se le privara o molestará en la posesión que ejercía respecto del bien inmueble precisado en el párrafo que antecede, hasta en tanto se emitiera la sentencia en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este juzgado, con la finalidad de garantizar la suspensión definitiva, ello en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, la licenciada *******, exhibió el billete de depósito ******* expedido por *******, valioso por la cantidad de $******* (*******, a fin de garantizar la suspensión definitiva. Una vez tramitado el juicio de amparo, con fecha de engrose de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la cual se decretó el sobreseimiento del mismo, e inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, de esta ciudad, en sesión de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, confirmando la sentencia recurrida. Posteriormente, mediante escrito presentado en este Juzgado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la tercero interesada *******, por conducto de su apoderado legal licenciado *******, interpuso incidente de daños y perjuicios. TERCERO. Procedencia del Incidente de daños y perjuicio. En principio, se debe establecer que el incidente de daños y perjuicios que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo establece: 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Del citado precepto se desprende que para que proceda el incidente de daños y perjuicios, es necesario que el promovente lo haga dentro de término de seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación de la resolución que ponga fin al juicio en definitiva. En el caso, como ya se indicó, con fecha de engrose de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio principal, en la cual se determinó decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo; sentencia que a su vez fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, de esta ciudad, en sesión de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión laboral *******; por lo que, si a la parte actora se le notificó el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por recibida esta resolución de Alzada, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el mencionado cómputo de seis meses comenzó a transcurrir del treinta y uno del citado mes y año, al treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. De manera que, si el escrito de la parte tercera interesada, en la cual promovió esta incidencia, fue presentado en este juzgado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que se presentó dentro del término establecido por el citado artículo 156 de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de fondo. La tercero interesada reclama el pago de daños y perjuicios, por lo cual resulta necesario establecer la naturaleza de dichas prestaciones, así como los hechos a demostrar para sustentar dicho reclamo. Ahora bien, previo a analizar lo expuesto por la incidentista, debe puntualizarse que el tres de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional, y posteriormente, el once de marzo de dos mil veinte, se otorgó la suspensión definitiva; y el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, causó estado la sentencia dictada en el presente juicio; de ahí se tiene que los daños y perjuicios que reclama la tercero interesada, únicamente deben abarcar el período comprendido del tres de marzo de dos mil veinte al veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, se precisa que la tercero interesada *******, en su escrito de incidente de pago de daños y perjuicios, manifestó lo siguiente: Acción, derecho y legitimación activa en el incidente.- Merced del fallo del Primer Tribunal Colegiado del XVII Circuito de esta ciudad en la materia de la revisión ******* (sic), fue confirmada la sentencia que sobreseída en el amparo y por lo tanto quedo firme la negativa de amparo solicitado por *******, por lo tanto, la autoridad responsable, la H. Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, ya no tenía impedimento para poner en posesión legal y material a la tercero interesada del inmueble afecto el Juicio constitucional, por lo tanto, por medio de diligencia actuarial de fecha 01 de Octubre de 2021, se procedió a poner en posesión legal y material a la tercero interesada del inmueble materia del amparo. Cuando se puso en posesión a la tercero interesada en el amparo, el inmueble se encontró con daños materiales cometidos dolosamente, anexando una serie fotográfica de cómo estaba el inmueble afecto al juicio de amparo indirecto en el momento en que la fue la tercero interesada puesto en posesión del inmueble, lo adeudos de agua y servicio de energía eléctrica, así miso (sic) ante tal situación se contrataron los servicios una empresa legalmente constituida, *******, para que realizara presupuesto de los daños causados al inmueble, para lo cual, acudió el ingeniero ******* y previas visitas análisis de los daños y costos de las reparaciones del inmueble afecto al juicio de amparo, determinó que tenía daños causados y en el catálogo de dichos daños se encuentran especificados y descritos a cabalidad en el presupuesto y avalúo de los mismos y el cual adjunto a este incidente para que forme parte de la Litis, además para de la serie fotográfica de los daños y presupuestos recibidos de agua y luz con adeudo le sean entregados a la queja y haga derecho de su defensa en este incidente, pues en dicho presupuesto de reparación de los daños ocasionados se describen con los títulos y costos Preliminares en catálogo de conceptos $26,405.40 pesos m.n., por preliminares, $31, 921.90 por Reparaciones, muros y plafones, la cantidad de $86,183.40 pesos por concepto de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, por herrería y carpintería $21, 650.00 pesos m.n., por conceptos de cancelería y cristales $1,360.00 pesos m.n., por acabados $69, 904.74 pesos m.n., por daños a las instalaciones del clima $6,850 pesos m.n., y $15, 355.50 pesos m.n., por concepto de limpiezas, por lo que el total de los daños a la propiedad afecta al amparo abarca la cantidad de $259,630.94 pesos m.n., más IVA de $20, 770.47 pesos y un total con IVA de $280,401.41 pesos m.n. Así mismo agrego recibo de luz sin pagar por la cantidad de $19,477.00 pesos m.n., y por servicio de agua potable se agrega fotografía del recibo de fecha de factura 22 de septiembre de 2021, por $11,853.00 pesos m.n., sin duda tales servicios fueron utilizados en provecho de la quejosa que defendió tal domicilio e inmueble en el amparo como propio, el recibo de luz a nombre de la señora *******, madre de la ahora quejosa defendió como propio, sin embargo, antes de que la autoridad laboral acudiera a poner en posesión a la tercera enterada, se generaron daños que se aprecian en serie fotográfica del inmueble y cuyo costo de reparación ya quedo precisado. En principio conviene resaltar que por daños, se entiende el menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante, y a efecto de demostrar los daños aducidos y que son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar: Si éstos efectivamente se produjeron y, Si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Por su parte, los perjuicios corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido de no haber operado la suspensión de la ejecución del acto reclamado, esto es, los perjuicios operan en el ámbito de la probabilidad, no de los hechos ciertos. De manera que, para la procedencia de la condena al pago de perjuicios, la parte tercero interesada debe comprobar lo siguiente: Indicar en qué consistió el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado, Demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, Lo anterior, tratándose de perjuicios, se logra con una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, y Proporcionar las bases para su cuantificación. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 80/2011, consultable en la página 148, del Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, materia común y civil, Novena Época y número de registro 161105, que dice: DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 128 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble, basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista. La promovente para cumplir con esa carga procesal, ofreció los siguientes medios de convicción: Peritaje consistente en el avalúo y presupuesto de daños causados al inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, firmado por el Ingeniero ******* representante legal de la moral *******. Serie de 54 fotografías del inmueble. Acta constitutiva de la empresa *******, cuyo representante legal es el Ingeniero *******. Recibo original del servicio de luz, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, respecto al número de servicio ******* por el período facturado del 05 AGO 21 al 06 OCT 21, con la cantidad a pagar de $19,477.20 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y siete 20/100 moneda nacional) Fotografía del recibo de agua del domicilio antes citado, con número de cuenta *******, con fecha de lectura "*******", fecha de factura "*******", meses de adeudo 20, por la cantidad total a pagar de 11,853.00 (once mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Una vez precisadas las probanzas de la parte actora, se procederá al desglose y análisis de las mismas, en relación con los daños y los perjuicios, que dijo haber sufrido con motivo de la medida cautelar ya mencionada. Por lo que respecta a la prueba pericial en materia de valuación, obran los dictámenes elaborados por el Ingeniero ******* perito designado por la parte actora incidentista, tercero interesada en lo principal, así como el elaborado por la Arquitecta ******* (perito designada por este juzgado), los cuales fueron ratificados ante este juzgado. Tales medios de prueba consisten en la peritación en auxilio de la administración de justicia para verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, especializados, para formar la convicción del juez sobre los mismos, cuya valoración queda desde luego al prudente arbitrio del juzgador. Al respecto, los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. (.) Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. (.) Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos. Código Federal de Procedimientos Civiles Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas frente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de pruebas, lo dispuesto en este capítulo. Artículo 211. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal. De los preceptos transcritos, se obtiene que la prueba pericial se examinará conforme al sistema de libre valoración, esto es, el juzgador Federal tiene amplia libertad para analizar el medio de convicción de que se trata, fundado en la sana crítica y en las reglas del correcto entendimiento humano, pues en éstas interfieren la lógica y su experiencia. Ese ejercicio de razonabilidad que implica la valoración de una prueba pericial, según la prudente estimación del juzgador, también exige el apego a los principios generales del derecho y al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia; sólo llevando a cabo el ejercicio que se propone, es cuando podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en un juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 97/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 815, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguientes: PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo. Así pues, corresponde al órgano jurisdiccional calificar cada uno de dichos elementos, a fin de estimar su idoneidad y pertinencia, para después valorarlos, adminiculando unos con otros equitativamente, según sea el caso, para estar en aptitud de determinar si entrelazadas forman un conjunto de indicios que lleven a la convicción de que lo que se pretende probar, se encuentra acreditado. En los dictámenes de referencia se aprecia lo siguiente: 1.- El perito de la parte actora incidentista Ingeniero ******* determinó, en lo que aquí interesa, el avalúo y presupuesto de daños causados al inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, para ello desglosó en su peritaje, un catálogo de conceptos, unidad, cantidad, precio unitario y el importe total de cada concepto, los cuales sumados dieron un total de $280,401.41 (doscientos ochenta mil cuatrocientos un pesos 41/100 moneda nacional), incluyendo el 8% de IVA. 2.- Por su parte, la Arquitecta *******, perito designada por este juzgado, en su dictamen indicó que se constituyó en el inmueble el quince de marzo de dos mil veintidós; asimismo, precisó los antecedentes, las características urbanas, descripción general del inmueble, elementos de construcción, fotografías del interior y exterior del inmueble, y con ello emitió su conclusión, esto es el valor neto de reposición de la construcción, basándose en la teoría de Ross Heidecke, cuya cantidad asciende a $213,372.00 (dos cientos trece mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). De las anteriores periciales no se aprecian datos ciertos y objetivos en torno al período en que se causaron dichos daños, esto es, que las afectaciones presentadas en el bien inmueble, se hubieran causado durante el tiempo en que surtió efectos la suspensión del actos reclamado, esto es, a partir del tres de marzo de dos mil veinte, hasta el momento en que causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo veintinueve de julio de dos mil veintiuno; ello es así, porque en ninguno de los dictámenes, se precisó el tiempo de antigüedad de tales daños, razón por la cual no resultan idóneos para establecer el período de afectación del bien inmueble. Lo anterior, es así, porque a pesar de que en autos obran cincuenta y cuatro fotografías del inmueble, de las cuales se aprecian diversas afectaciones al mismo, cabe decir que tales medios de prueba, si bien ponen de manifiesto la existencia de las condiciones físicas en que se encontraba el bien inmueble, en modo alguno son idóneas para comprobar que los daños percibidos se hubieran ocasionado por la parte quejosa, durante el lapso del tres de marzo de dos mil veinte al veintinueve de julio de dos mil veintiuno; en otras palabras, no se tiene certeza de que las afectaciones (daños) que ahí se aprecian, se hayan ocasionado, precisamente dentro de ese período en que estuvo surtiendo efectos la suspensión otorgada a la parte quejosa, pues lo cierto es que, esas impresiones fotografías solamente muestran los deterioros del inmueble, pero en modo alguno son aptos para justificar que los mismos se hubieran ocasionado por la parte quejosa, pues lo cierto es que al momento en que comenzó a surtir efectos la suspensión provisional e inmediatamente la definitiva, no se hizo constar las condiciones físicas en que se encontraba el inmueble, pues sólo de esa manera, se podrían atribuir tales daños a la parte quejosa. Aunado a lo anterior, es menester puntualizar que la promovente de esta incidencia, no aportó pruebas que acrediten que efectivamente la demandada incidentista, actora en lo principal, realizó dichos daños a la propiedad durante el período que estuvo vigente la suspensión otorgada por este Juzgado, que pudieran ser adminiculadas a la prueba pericial que nos ocupa, por lo que no obra prueba que resulte convincente a esta juzgadora para atribuir los daños a la parte quejosa. Por otra parte, no pasa inadvertido que la parte actora incidentista exhibió las documentales siguientes: Recibo original del servicio de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, respecto al número de servicio ******* período facturado del *******, por la cantidad a pagar de $19,477.20 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y siete 20/100 moneda nacional) Así como fotografía del recibo de agua del domicilio antes citado, con número de cuenta *******, con fecha de lectura "*******", fecha de factura "*******", meses de adeudo 20, con la cantidad total a pagar de 11,853.00 (once mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Por lo que respecta al consumo del recibo del servicio de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, respecto al número de servicio ******* aparece que el período facturado corresponde del cinco de agosto al seis de octubre de dos mil veintiuno, esto es, correspondiente a un período posterior a aquél en que surtió efectos la suspensión otorgada a la parte quejosa, esto es, del tres de marzo de dos mil veinte al veintinueve de julio de dos mil veintiuno, razón por la cual, no es factible atribuir tal adeudo a la parte quejosa. En cuanto al consumo de agua, cabe resaltar que del mismo se advierte la lectura al veintisiete de agosto de dos mil veintidós y fecha de factura el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, así como el dato relativo a un adeudo por veinte meses; por la cantidad total a pagar de 11,853.00 (once mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Sin embargo, no debe perderse de vista que el período de suspensión abarcó del tres de marzo de dos mil veinte al veintinueve de julio de dos mil veintiuno, esto es, un total de dieciséis meses, de tal manera, que si el recibo de agua consta un adeudo de veinte meses, no es factible establecer que ese adeudo deba ser absorbido en su totalidad por la parte quejosa, pues lo cierto es, que la quejosa únicamente estuvo en posesión del inmueble por un período de dieciséis meses; aunado a que en todo caso, la parte quejosa, debió aportar pruebas conducentes para establecer el período de consumo correspondiente a cada mes en que la quejosa estuvo en posesión del inmueble, pues solamente de esa manera, existe certeza de que la quejosa adeudara algún monto en específico. Razón por la cual resulta evidente que la parte actora incidentista, no aportó pruebas para comprobar daños ocasionados por la parte quejosa durante el período en que surtió efectos la suspensión de los actos reclamados. Por otra parte, por lo que respecta a los perjuicios que la parte actora incidentista reclama, cabe señalar que, no aportó prueba alguna que demuestre que durante el lapso de la suspensión otorgada a la parte quejosa se hubiera dejado de percibir algún tipo de ganancia lícita, ni el origen dicha ganancia, esto es, en su escrito únicamente hizo referencia a los daños sufridos en el inmueble más no así a los perjuicios que hubiere sufrido. En consecuencia, dado que las pruebas aportadas en la presente incidencia, no son suficientes para comprobar los daños y perjuicios ocasionados al inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, ello, durante el período en el que tuvo vigencia la suspensión, del tres de marzo de dos mil veinte, al veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en virtud de que la actora incidentista no ofreció prueba idónea, en la que se pudiera establecer las condiciones en las que se encontraba el bien inmueble en el tiempo precisado en líneas precedentes; ni tampoco para establecer la existencia de perjuicios, lo procedente es decretar la improcedencia del pago de daños y perjuicios reclamados. ÚNICO. Se declara la improcedencia del pago de daños y perjuicios reclamados por la tercera interesa *******. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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