Irma Contreras Flores

Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
912/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Irma Contreras Flores y Otros.
  • Irma Contreras Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintidós. Glósese el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual acusa de recibido el oficio 27545/2022, de cinco de octubre de dos mil veintidós; asimismo, acusa de recibo del original del toca civil 32-B/2021, y copia certificada del expediente 60/2021, lo anterior, para que obre como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que el juicio de amparo se encuentra concluido; por tanto, devuélvase la documental remitida por el el Magistrado del Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en Pichucalco, Chiapas, consistente en toca civil 32-B/2021, así como del copia certificada del expediente 60/2021, constantes de dos tomos; sin que se estime necesario solicitar acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, por el cual solicita se remitan las constancias a la autoridad responsable; al efecto, dígasele a la ocursante que se esté lo acordado en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 423/2020; asimismo, devuelve el original del juicio de amparo 324/2020, de nuestro consecutivo, así como un legajo de copias certificadas, cada uno constante de un tomo. Al efecto, acúsese recibo al tribunal de alzada. Comuníquese la anterior determinación a las partes, y, glósese únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo al recurso de revisión interpuesto. Tomando en consideración que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Víctor Manuel Cristóbal Ruiz, contra los actos y por las autoridades precisadas en el resultando primero, y para los efectos señalados en el considerando séptimo del fallo que se revisa. (.) REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir que se encuentren legal y debidamente notificados del presente acuerdo, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumplan con lo ahí establecido. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables para el caso de no dar cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo dentro del plazo que se les indicó, se harán acreedores a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos, con sesenta y dos centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100 moneda nacional), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad y anexos, emitido en el juicio de amparo directo 373/2021, mediante el cual remite: Oficio 695/2021, signado por el Magistrado del Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco del Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual rindió su informe justificado. Constancia de emplazamiento de la tercero interesada, así como su escrito de manifestaciones Original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Irma Contreras Flores. Autos del toca civil 32-B/2021, así como del expediente 60/2021. Acúsese recibo de estilo a la superioridad. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Irma Contreras Flores, contra el acto reclamado a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, consistente en: la resolución de ocho de julio del año en curso, emitida por la sala responsable, en el toca civil 32-B/2021, por el cual se declaró incompetente para conocer y resolver de la materia de controversia y ordenar la remisión a un Tribunal Unitario Agrario. Al respecto, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 912/2021-II, en el libro de gobierno respectivo. DESECHAMIENTO En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registro 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, y del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en el siguiente: ( La resolución de ocho de julio del año en curso, emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca civil 32-B/2021, por el cual se declaró incompetente para conocer y resolver de la materia de controversia y ordenar la remisión a un Tribunal Unitario Agrario. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracciones V y VIII, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y;" Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que aunque en el ordinal 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquella porción normativa no podía interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procedía indefectiblemente cuando se reclamaran actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacaban los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpliera con el principio de definitividad, puesto que bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. Por lo que en ese sentido, dijo el Tribunal Pleno, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluía que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, debían entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la aceptaba (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando aceptaba inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque era en ese momento y no antes, cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se habían producido todas las consecuencias del acto reclamado. En ese sentido, la acción de amparo en todo caso, operaría en relación con actos de procedimiento que tengan la calidad de definitivos, esto es, la resolución con que culmine dicho procedimiento, emitida por la autoridad a quien se declina la competencia para conocer y resolver el asunto respectivo. Por lo que, al constituir la cuestión de competencia un aspecto procesal donde participan diversas autoridades, que bien pueden rechazar o aceptar el conocimiento del asunto, no es legalmente justificable que el juicio de amparo proceda contra cada una de esas resoluciones que recaigan, sino solo con aquella que culmina tal procedimiento. De ahí que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no podían considerarse determinaciones que justificaran la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracciones V y VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornaran definitivas. Ahora, como se precisó, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama La resolución de ocho de julio del año en curso, emitida por la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca civil 32-B/2021, por el cual se declaró incompetente para conocer y resolver de la materia de controversia y ordenar la remisión a un Tribunal Unitario Agrario. De esta manera, es incuestionable que el presente juicio de amparo se torna improcedente, debido a que para que ello ocurra, esto es, para que proceda contra la determinación de declinatoria de competencia, debe existir una decisión jurisdiccional del órgano a favor del cual se declina la competencia, aceptándola, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se habían producido todas las consecuencias del acto reclamado. En esa medida, es incuestionable que la resolución que ahora se reclama no constituye la última resolución en lo que se refiere a la declinatoria de competencia que hizo la autoridad señalada como responsable, sino que se encuentra sujeto a lo que en su momento determine el Tribunal Unitario Agrario competente, que conozca del asunto, ya que si acepta la competencia, será esta última resolución la que, en su caso, es susceptible de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, registro 2009721, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracciones V y VIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Irma Contreras Flores. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Por otra parte, con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda; y, como autorizada en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martha Patricia Ramos Torres, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesional del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado. Asimismo, se le hace del conocimiento a la promovente que respecto de su solicitud efectuada, podrá hacer uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser; siempre y cuando, el medio que se utilice no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este órgano jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este órgano de Control Constitucional no está facultado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso puede dañar el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis I.8º.A.4N K, sustentada por Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1973, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos." Por otra parte, en relación al correo electrónico y número celular personal que proporciona, únicamente serán tomados únicamente informativos. Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y recepción de promociones. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Solamente se permitirá el acceso a las partes a este Juzgado, previa cita. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrarán el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y desahogar comparecencias o requerimientos. Asimismo, se ponen a disposición de las partes el teléfono (961) 6170207 extensión 1241 -en horario de lunes a viernes de 9:15 a 14:15 horas-; así como el correo electrónico jorge.escobar.hernandez@correo.cjf.gob.mx, que corresponde al secretario encargado del presente asunto, para solicitar información al respecto. Para la presentación de promociones relacionadas con el presente juicio, se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), que se ubica en la entrada del edificio sede, con un horario de 9:00 a 14:00 horas. La Oficina de Correspondencia Común (OCC), recibirá promociones de término relacionadas con el presente asunto, fuera del horario de funciones de la OPC, hasta las 20:00 horas. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, "en línea"; y habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias...

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