Irene Esquinca Cruz

Expediente 1741/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1741/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Irene Esquinca Cruz
  • Irene Esquinca Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 22155/2023, en el cual se le comunicó a la autoridad responsable Director del Hospital General Bicentenario Villaflores, el proveído de dieciséis de agosto del año en curso, mediante el cual se interpuso Recurso de Revisión, mismo que fue enviado en la factura número 153/2023, de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, bajo la pieza postal 45529, y entregado a su destinatario el cinco de septiembre del año en curso, como lo informó el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias en el presente juicio, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, remita a este órgano jurisdiccional el acuse de recibo o en su caso copia certificada de la pieza postal de referencia. Apercibido que de no cumplir dentro del plazo que se le otorgó o en su defecto de no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se le impondrá multa de Treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos, con veintidós centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $ 2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos, 60/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 260 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Al actualizarse la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO únicamente por lo que respecta en el acto reclamado consistente en omisión de la autoridad responsable en dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo (reclamado de manera genérica).

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1741/2023-III, promovido por********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En términos de lo dispuesto por los artículos 125,128, 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda. Asimismo, hágasele del conocimiento que deberá rendir dicho informe en original con copia y en oficio diverso al en que rinda su informe con justificación, toda vez que el presente incidente de suspensión se tramita por cuerda separada al principal del cual emana, apercibida que de no rendir su informe previo, se le impondrá un correctivo disciplinario, con fundamento en los preceptos 238, primera parte, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, consistente en multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional). Solicitándose a la autoridad responsable que al momento de rendir su informe previo, remita las constancias que estime necesarias, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 143, de la Ley de la Materia. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, esto es dentro del término de cinco días que señala dicho precepto. Se precisa que, en lo subsecuente no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con el propósito de verificar la procedencia o improcedencia de la medida suspensiva solicitada, se toma en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de la responsable de enviar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efecto de inmovilizar las cuentas aperturadas a nombre de la demandada; y/o, La omisión de acordar las promociones que presentó el treinta de mayo y veintiséis de septiembre ambas de dos mil veintitrés, en las que solicitó diversas cosas, entre ellas que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien, para verificar la procedencia de la suspensión solicitada por la parte quejosa es necesario tener presente el contenido del referido artículo 147 de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Del precepto reproducido se advierte que, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, pudiendo fijar requisitos de efectividad. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que todo se mantenga en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de garantías. En otras palabras, conforme al dispositivo legal invocado, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de la garantía violada en tanto se falla el juicio en lo principal. Con base en lo anterior, es claro que, en términos del citado artículo 147, el juez, atendiendo a cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. En efecto, la redacción del mencionado precepto atiende a un fin garantista, que es acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. Conforme a lo antes explicado, debe concluirse que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, con base a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. Así, la suspensión por regla general es transitoria, sin importar que sus efectos coincidan con la protección que se obtendría con una sentencia favorable a la quejosa, ya que por disposición expresa del artículo 147 de la Ley de Amparo su efecto terminará cuando se dicte ejecutoria, es decir, por definición no es un beneficio definitivo. Entonces, se debe tomar como parámetro para el análisis de una concesión o no de la suspensión si el beneficio concedido con la medida cautelar se puede retrotraer, quiere decir que se trata de un beneficio transitorio y, en consecuencia, no coincide con los efectos de una sentencia estimatoria, lo que se traduce en que el juicio no quedaría sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria. En ese sentido en la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 338/2022, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación estableció que como "transitorio" debe entenderse aquel beneficio que puede ser revocado con la sentencia de fondo y, en un sentido opuesto, un beneficio "no transitorio" o "definitivo" será aquel que no podrá ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Pone como ejemplo de este supuesto el caso en que el derecho en disputa sea el acceso a los datos personales. En caso de concederse la suspensión con efectos restitutorios (para que se dé la información al quejoso), pero en el fondo se obtenga una sentencia adversa, no se podrá retrotraer el efecto de la suspensión pues el quejoso ya tuvo acceso a la información y no es materialmente posible restaurar las circunstancias. En consecuencia, la Sala señaló los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro digital 2026730, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En ese sentido, el aspecto determinante que debe servir de referente para ver si es procedente o no la suspensión en el presente asunto, no obstante de reclamarse como omisivos, es determinar si al conceder la suspensión, existe la posibilidad de hacerlo tanto jurídica como materialmente, sin que esto no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Ciertamente, no puede afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como acontece en los casos en que se reclame la falta de contestación a un escrito o la dilación al emitir una resolución, o como en el caso, la omisión de vigilar la debida diligenciación de los oficios en los que ordenó a diversas instituciones bancarias informaran lo relativo a diversas cuentas bancarias dado que existe un impedimento jurídico, consistente en que no existe materia de juicio que conservar que pueda causar al quejoso una afectación irreparable. Se dice lo anterior, porque la responsabilidad de la autoridad será analizada al momento del estudio del juicio principal, por lo que no existe en este momento, materia que conservar o que restituir al peticionario de amparo en el goce de sus derechos que pueda causarle daños de ejecución irreparable, pues existen circunstancias en las que dicha omisión se puede deber a la falta de impulso procesal de las partes, o a una falta de cumplimiento con los requisitos solicitados o exigidos por leyes o reglamentos a efecto de realizar las peticiones que se hagan ante las autoridades; por lo que será hasta que se reciban todas las pruebas y se analicen en el juicio principal, que podrá determinarse si existe o no la trasgresión alegada. Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 128, de la Ley de Amparo, SE NIEGA la suspensión provisional a la quejosa, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de la responsable de enviar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efecto de inmovilizar las cuentas aperturadas a nombre de la demandada; y en la omisión de acordar las promociones que presentó el treinta de mayo y veintiséis de septiembre ambas de dos mil veintitrés, en las que solicitó diversas cosas, entre ellas que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.". Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Asimismo, se pone a disposición de las partes el teléfono (961) 6170207, extensión 1242 -en horario de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas, para comunicaciones no procesales; por lo que respecta de las personas que acudan a este Juzgado, podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispongan para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Por otra parte, se colocará en el área de atención al público de cada órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. La atención al público en general será en un horario de 9:30 a 14:30 horas. Para la presentación de promociones relacionadas con el presente juicio, se encuentra la Oficialía de Correspondencia Común (OCC), que se ubica en la entrada del edificio sede, con un horario de 8:30 a 20:00 horas. Fuera del horario de oficinas de correspondencia común, la recepción de los asuntos nuevos y promociones de término que no tengan carácter de urgente se realizará a través del buzón judicial; mismo que funcionará de las 8:30 a las 23:59 horas en días hábiles. Las urgentes se deberán depositar en el buzón judicial de lunes a jueves hasta las 14:30 horas y a partir de las 14:31, los viernes y fines de semana, deberán presentarse directamente ante el órgano jurisdiccional de guardia, debiendo generar el promovente su acuse en el reloj fechador integrado al buzón referido, mismo que se encuentra en la entrada del edificio sede. A fin de impulsar el uso de medios tecnológicos y servicios digitales para fortalecerla Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. Asimismo, en el caso de que, aun cuando los citados medios tecnológicos estén disponibles, sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional o cuando sea su deseo asistir, tomando en consideración las potenciales dificultades que pudieran tener para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, la revisión de promociones, acuerdos, resoluciones, sentencias, listas de acuerdos, entre otros, que se encuentren integrados de manera electrónica, podrán ser consultados en las instalaciones de este juzgado por medio de equipos de cómputo designados para tal fin; además, éstos equipos estarán disponibles para actuaciones en el Portal de Servicios en Línea o para la participación de videoconferencias. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. NOTIFÍQUESE. Visto; como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1741/2023-III, promovido por********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En términos de lo dispuesto por los artículos 125,128, 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda. Asimismo, hágasele del conocimiento que deberá rendir dicho informe en original con copia y en oficio diverso al en que rinda su informe con justificación, toda vez que el presente incidente de suspensión se tramita por cuerda separada al principal del cual emana, apercibida que de no rendir su informe previo, se le impondrá un correctivo disciplinario, con fundamento en los preceptos 238, primera parte, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, consistente en multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional). Solicitándose a la autoridad responsable que al momento de rendir su informe previo, remita las constancias que estime necesarias, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 143, de la Ley de la Materia. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, esto es dentro del término de cinco días que señala dicho precepto. Se precisa que, en lo subsecuente no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con el propósito de verificar la procedencia o improcedencia de la medida suspensiva solicitada, se toma en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de la responsable de enviar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efecto de inmovilizar las cuentas aperturadas a nombre de la demandada; y/o, La omisión de acordar las promociones que presentó el treinta de mayo y veintiséis de septiembre ambas de dos mil veintitrés, en las que solicitó diversas cosas, entre ellas que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien, para verificar la procedencia de la suspensión solicitada por la parte quejosa es necesario tener presente el contenido del referido artículo 147 de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Del precepto reproducido se advierte que, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, pudiendo fijar requisitos de efectividad. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que todo se mantenga en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de garantías. En otras palabras, conforme al dispositivo legal invocado, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de la garantía violada en tanto se falla el juicio en lo principal. Con base en lo anterior, es claro que, en términos del citado artículo 147, el juez, atendiendo a cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. En efecto, la redacción del mencionado precepto atiende a un fin garantista, que es acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. Conforme a lo antes explicado, debe concluirse que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, con base a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. Así, la suspensión por regla general es transitoria, sin importar que sus efectos coincidan con la protección que se obtendría con una sentencia favorable a la quejosa, ya que por disposición expresa del artículo 147 de la Ley de Amparo su efecto terminará cuando se dicte ejecutoria, es decir, por definición no es un beneficio definitivo. Entonces, se debe tomar como parámetro para el análisis de una concesión o no de la suspensión si el beneficio concedido con la medida cautelar se puede retrotraer, quiere decir que se trata de un beneficio transitorio y, en consecuencia, no coincide con los efectos de una sentencia estimatoria, lo que se traduce en que el juicio no quedaría sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria. En ese sentido en la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 338/2022, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación estableció que como "transitorio" debe entenderse aquel beneficio que puede ser revocado con la sentencia de fondo y, en un sentido opuesto, un beneficio "no transitorio" o "definitivo" será aquel que no podrá ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Pone como ejemplo de este supuesto el caso en que el derecho en disputa sea el acceso a los datos personales. En caso de concederse la suspensión con efectos restitutorios (para que se dé la información al quejoso), pero en el fondo se obtenga una sentencia adversa, no se podrá retrotraer el efecto de la suspensión pues el quejoso ya tuvo acceso a la información y no es materialmente posible restaurar las circunstancias. En consecuencia, la Sala señaló los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. En ese sentido, el aspecto determinante que debe servir de referente para ver si es procedente o no la suspensión en el presente asunto, no obstante de reclamarse como omisivos, es determinar si al conceder la suspensión, existe la posibilidad de hacerlo tanto jurídica como materialmente, sin que esto no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Ciertamente, no puede afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como acontece en los casos en que se reclame la falta de contestación a un escrito o la dilación al emitir una resolución, o como en el caso, la omisión de vigilar la debida diligenciación de los oficios en los que ordenó a diversas instituciones bancarias informaran lo relativo a diversas cuentas bancarias dado que existe un impedimento jurídico, consistente en que no existe materia de juicio que conservar que pueda causar al quejoso una afectación irreparable. Se dice lo anterior, porque la responsabilidad de la autoridad será analizada al momento del estudio del juicio principal, por lo que no existe en este momento, materia que conservar o que restituir al peticionario de amparo en el goce de sus derechos que pueda causarle daños de ejecución irreparable, pues existen circunstancias en las que dicha omisión se puede deber a la falta de impulso procesal de las partes, o a una falta de cumplimiento con los requisitos solicitados o exigidos por leyes o reglamentos a efecto de realizar las peticiones que se hagan ante las autoridades; por lo que será hasta que se reciban todas las pruebas y se analicen en el juicio principal, que podrá determinarse si existe o no la trasgresión alegada. Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 128, de la Ley de Amparo, SE NIEGA la suspensión provisional a la quejosa, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de la responsable de enviar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efecto de inmovilizar las cuentas aperturadas a nombre de la demandada; y en la omisión de acordar las promociones que presentó el treinta de mayo y veintiséis de septiembre ambas de dos mil veintitrés, en las que solicitó diversas cosas, entre ellas que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por la parte quejosa mediante el cual refiere que toda vez de lo informado por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, por acuerdo de veintitrés de noviembre de este año; solicita se envié oficio recordatorio al mismo para que remita los acuses de recibo de las de las notificaciones a las autoridades responsables y vinculadas respecto al citado incidente de inejecución, asimismo, se notifique a las mismas vía telegráfica. Al efecto; dígasele al citado promovente que mediante acuerdo de veintitrés del citado mes y año, se ordenó girar oficio al citado administrador para que cuando cuente con los acuses respectivos los haga llegar a la brevedad posible. Ahora, respecto a su petición de requerir a las autoridades responsables vía telegráfica, no ha lugar a proveer de conformidad su petición toda vez que por dicho medio no existe constancia fehaciente de entrega y en base a ello, no se podrá hacer algún apercibimiento a las mismas.

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