Irma Castro Lagunas

Expediente 1530/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1530/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2015

Partes del expediente

  • Irma Castro Lagunas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...ha causado ejecutoria la sentencia de amparo...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos), calidad que acredita con copia de la constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil doce, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), calidad que acredita con copia del nombramiento de catorce de septiembre de dos mil quince, y Síndico Municipal (Ignacio Caspeta Hernández) así como los integrantes del Ayuntamiento, mediante los cuales manifiestan que derivado del hecho notorio relativo a la destitución del Presidente Municipal Carlos Eduardo Martínez Varela y de la Tesorera Liliana García Ortega, relativo al incidente de inejecución de sentencia resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifiestan que fueron notificadas el treinta y uno de agosto del año en curso, del proveído de veintiséis de agosto de dos mil quince, por lo que solicita por única ocasión una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguense para que obren como legalmente correspondan. Atento a lo anterior, en términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a los propuestos para tal efecto, revocando los nombramientos hechos con anterioridad, y como domicilio el que indican por tratarse de su residencia oficial. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10ª.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegre al quejoso la cantidad de $19,400.00 (diecinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, debiendo remitir las constancias. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto es el siguiente: "En conclusión se concede el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso Raúl García Guerrero, por cuanto al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán reintegrársele las cantidades pagadas por tal concepto, es decir: $19,400.00 (diecinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). Dicho monto incluye la cantidad cobrada por concepto de adicionales, equivalentes al veinticinco por ciento sobre el monto del impuesto, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el impuesto impugnado, no existe base para el cobro del impuesto adicional, dada su estrecha vinculación." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Jesús Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que por auto de diez y veinticinco de agosto de dos mil quince se dio vista, por el término de tres días, a la parte quejosa con las constancias que allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, quien firma en suplencia de la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Por consiguiente, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Atento a lo anterior, provee lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el quince de enero de dos mil quince, se concedió el amparo y protección a JUAN FRANCISCO REGIS ALDAY TORRES, respecto del sistema normativo que regula el contenido del artículo 59 a 64 y 77, fracción II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, así como respecto al cobro de la cantidad de $15,750.00 (quince mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y $6,355.00 (seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); y lo relativo al impuesto adicional previsto en el artículo 59 a 64 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos que viene incluido en dichas cantidades, que se reclamó al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; y lo relativo al impuesto adicional previsto en el artículo 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal que se le aplicó a la parte quejosa respecto al cobro de la cantidad de $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); que se reclamó al Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para los efectos siguientes: ".Por lo tanto, toda vez que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que integran el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, porque dicha contribución tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, es que con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante para el efecto de que: a) No se le apliquen en el caso concreto y ni en lo futuro, tales disposiciones impugnadas de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva solamente la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, cuya porción corresponde a la cantidad de $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), contenida en el recibo, con motivo de la aplicación de los artículos en mención; cabe precisar esa cantidad está fijada dentro del recibo 00325864 expedidos por la Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos, encontrándose inmersa en el monto total de ese recibo, resultando integradora de la cantidad fijada, consistente en $26,250.00 (veintiséis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), que es la suma de la cantidad contemplada en el recibo oficial. . En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirlo en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberá serle reintegrada las cantidades pagadas por tales conceptos, es decir, $15,750.00 (quince mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y $6,355.00 (seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) cuyas cifras incluyen la cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) por concepto de impuesto adicional, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, no existe base para el cobro adicional.." Inconforme con la resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión, quedando radicado en el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con el número de amparo en revisión 134/2015. Mediante oficio 8234 el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, recibido el doce de junio de dos mil quince, por el cual remitió los autos del juicio de amparo 2721/2014-II, asimismo, el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de ocho de junio de dos mil quince, en la que determinó lo siguiente: ".PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento en relación a la inexistencia del acto de aplicación del artículo 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; asimismo, respecto de los actos atribuidos al Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII y; en relación a la concesión de amparo respecto de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y 8 de la Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, lo anterior por lo motivos expuestos en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la unión ampara y protege a Juan Francisco Regis Alday Torres, respecto del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. CUARTO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Juan Francisco Regis Alday Torres, respecto de los artículos 94 Ter a 94 Ter 11, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, así como del artículo 7 de la Ley de Ingresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce." Por auto de ocho de julio de dos mil quince, se requirió a las autoridades responsables Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos dependiente de dicha Secretaria y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia del Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, mediante oficio recibido el siete de agosto de dos mil quince, informó el cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada de la póliza del título de crédito con número de folio 0051288, por la cantidad total de $15,681.72 (quince mil seiscientos ochenta y un pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, asimismo la autoridad cobró a la quejosa la cantidad mínima que prevé el precepto declarado inconstitucional, a razón de un día de salario mínimo, general, vigente en el Estado de Morelos. De igual manera, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante oficio recibido el veinticuatro de agosto del año en curso, informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la póliza de cheque 0000521 por la cantidad de $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa el citado monto cobrado por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA únicamente por cuanto al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente de la Tesorería del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en virtud de que la autoridad responsable puso a su disposición el título de crédito número 0000521 de fecha veintitrés de julio del dos mil quince, además que por auto de veinticinco de agosto del año en curso, se le dio vista con el contenido del informe rendido por el Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos, se requirió a la parte quejosa para que informara si había cobrado el cheque, notificándole el veintiuno de agosto del año actual, tal y como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el quejoso comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, materia administrativa, Página 1455 con número de registro 178468. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto de lo informado por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado recibido el siete de agosto de dos mil quince, mediante el cual, únicamente exhibió copia certificada de la póliza del título de crédito con número de folio 0051288, por la cantidad total de $15,681.72 (quince mil seiscientos ochenta y un pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sin que haya dado total cumplimiento a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, toda vez que precisó que la autoridad responsable debería serle reintegrada las cantidades siguientes: * $15,750.00 (quince mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) * $6,355.00 (seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) Sumando lo anterior, da un total de $22,105.00 (veintidós mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de lo pagado por el derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, y cuya cifra incluyen la cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) por concepto de impuesto adicional. Asimismo, en la sentencia emitida se precisó que la autoridad podría cobrar a la quejosa la cantidad mínima que prevé el precepto declarado inconstitucional, a razón de un día de salario mínimo, general, vigente en el Estado de Morelos. Por su parte, mediante oficio PF/17739/2015 recibido el siete de agosto del año en curso, la autoridad responsable remitió copia certificada de la póliza del cheque con número de folio 0051288, por la cantidad total de $15,681.72 (quince mil seiscientos ochenta y un pesos 72/100 moneda nacional). Por tanto, si el efecto de la sentencia de amparo fue para que la autoridad responsable, devolviera a la quejosa las cantidades de $15,750.00 (quince mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y $6,355.00 (seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), cuyas cifras incluyen la cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) por concepto de impuesto adicional, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos y, del cheque que remitió la autoridad responsable se desprende que falta por devolver la cantidad de $6,355.00 (seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), como fue establecido en la sentencia de amparo. Por consiguiente, se ordena remitir copia certificada del recibo de pago con folio 1799502 expedido por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, de la que se desprende que le fue cobrado al recurrente por concepto de inscripción del contrato de mutuo con interés y garantías hipotecaria, a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (Adriana Flores Garza) y requiérase para que realice todos los actos necesarios y eficaces para dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro del término de DIEZ DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y devuelva a la quejosa la cantidad $6,355.00 (seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) que fue precisada en párrafos que anteceden pues no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, en sus términos. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por autos de veintinueve de julio del dos mil quince, se dio vista a las partes, con el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, quien firma en suplencia por ausencia de la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el tres de diciembre de dos mil catorce, dictada por este Órgano jurisdiccional, en el segundo punto resolutivo, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ERNESTO CADENA RUDIÑO y ROSANGEL GÓMEZ ORTÍZ, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que se aplicó al quejoso, y que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, así como respecto al cobro de la cantidad de $36,240.00 (treinta y seis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos; asimismo, contra el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, respecto al cobro de la cantidad de $27,180.00 (veintisiete mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional), en aplicación de la norma legal citada, que se reclamó al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, precisando los efectos siguientes: ".En atención a todo lo anteriormente expuesto y al resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en torno a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en particular respecto al artículo 77, fracción II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, para el efecto de que no se le aplique tal disposición en la porción normativa que contiene los vicios de constitucionalidad. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirlo en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberá serle reintegrada la cantidad pagada por tal concepto, es decir, $27,180.00 (veintisiete mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cuya cifra incluye la cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) por concepto de impuesto adicional, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, no existe base para el cobro adicional." Inconforme con tal resolución, la Delegada del Congreso del Estado de Morelos interpuso recurso de revisión, el cual quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo, con número de amparo en revisión 122/2015. El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, mediante oficio recibido el veinticinco de junio del año en curso, devolvió los autos del juicio de amparo 2598/2014-II, asimismo remitió testimonio de la ejecutoria emitida en autos del amparo en revisión 122/2015, concluyendo lo siguiente: "PRIMERO.- En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en los artículos 94 bis al 94 bis-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En consecuencia, por acuerdo de veintiséis de junio del dos mil quince, se requirió a las autoridades responsables Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos dependiente de dicha secretaria, el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia del Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por oficio recibido el veintiocho de julio del año en curso, informó el cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada de la póliza de cheque con número de folio 0050760, expedido a favor de Ernesto Cadena Rudiño, de fecha veintitrés de julio del año en curso, por la cantidad total de $28,932.78 (veintiocho mil novecientos treinta y dos pesos 78/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y su adicional. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa el citado monto actualizado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y su adicional, por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en virtud de que la autoridad responsable puso a su disposición el título de crédito 0050760 a favor de Ernesto Cadena Rudiño, además, por auto de veintinueve de julio del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el contenido del informe rendido por la responsable, asimismo, se le requirió para que compareciera ante la responsable a recoger el citado cheque y lo informara a éste Órgano jurisdiccional, notificándole personalmente el cuatro de agosto del año en curso, tal y como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que la parte quejosa comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, materia administrativa, Página 1455 con número de registro 178468. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano