Irma Brito Salgado

Expediente 2132/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2132/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
18/01/2016

Partes del expediente

  • Irma Brito Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2132/2015-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de diciembre de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2132/2015-IV-B, promovido por Adrián Román Hernández, como apoderado legal de Irma Brito Salgado, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el doce de noviembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada ese día a este juzgado, Adrián Román Hernández, como apoderado legal de Irma Brito Salgado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de diecisiete siguiente, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y el envío de la constancia que acreditara la calidad de Adrián Román Hernández como apoderado legal de Irma Brito Salgado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Por acuerdo de veinticinco de noviembre se reconoció a Adrián Román Hernández, la calidad de apoderado legal de la quejosa. Seguida la secuela procesal, por auto de quince de diciembre se fijaron las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de diciembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el expediente 01/1104/13. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente del tribunal al rendir el informe justificado (fojas 14 y 15). CUARTO. Causales de improcedencia. El presidente del tribunal arguye que debe decretarse el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto. Lo alegado es improcedente porque la omisión reclamada existe. Con independencia de lo anterior, este juzgado no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis del concepto de violación que expresa la parte quejosa, mismo que no se transcribe en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Al respecto, es aplicable esta jurisprudencia: Tesis: VI.2o. J/129 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196477 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Abril de 1998 Pag. 599 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. En suma, sostiene la parte quejosa que la responsable viola su derecho a la impartición de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues no resuelve dentro de los plazos que fijan las leyes, en específico, no dicta laudo dentro del término que impone la Ley Federal del Trabajo. El concepto es infundado. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pag. 209 Jurisprudencia(Constitucional) ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El principio de justicia pronta se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de resolver la controversia ante ella planteada, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, tenemos que la impartición de justicia ciertamente es una obligación de la autoridad, empero, su factibilidad está sujeta a la satisfacción en el procedimiento, de las condiciones procesales necesarias para su ejercicio. En el informe justificado, el presidente de tribunal aceptó el acto reclamado pero manifestó que por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción en el expediente 01/1104/13 y se turnaron los autos a proyecto de resolución en forma de laudo (foja 34). Para apoyar su dicho, ofreció copia certificada del referido acuerdo; la que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En ese auto, la secretaria general certificó que en el expediente no quedaba prueba pendiente por desahogar ni que requiriera diligencia especial y, ante ello, el tribunal ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Ahora bien, el acto reclamado debe analizarse por regla general, conforme a la fecha de presentación de la demanda. Al respecto, es aplicable por analogía la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. La parte quejosa presentó su demanda de amparo el doce de noviembre de dos mil quince y a esta data, si bien es cierto que la omisión reclamada existía y existe salvo prueba en contrario, no menos cierto resulta que tampoco había surgido la obligación de la autoridad de dictar laudo, antes, ésta surgió con posterioridad a la presentación de la demanda, a través del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil quince, por el que el tribunal declaró el cierre de instrucción con apoyo en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; acto procesal que constituye un requisito sine qua non para el dictado del laudo. Así las cosas, es inconcuso que si a la presentación de la demanda de amparo, el juicio de origen no se encontraba en estado de resolución, en modo alguno se violó el derecho de la quejosa a recibir una pronta impartición de justicia. No es óbice a lo anterior el hecho que el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil quince, sea posterior a la presentación de la demanda, ocurrida el doce de noviembre actual, ya que la parte quejosa no demostró que antes de instar el juicio de amparo, el juicio burocrático se encontrara en estado de resolución. Así, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. La directriz de que la obligación para el dictado del laudo depende de que el juicio se encuentre en estado de resolución, encuentra apoyo por analogía, en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 50/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197499 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Octubre de 1997 Pag. 304 Jurisprudencia(Laboral) LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. No pasa inadvertido para este juzgado que el presidente del tribunal cerró instrucción en el procedimiento con apoyo en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por disposición de su artículo 11, pero que este numeral contempla en primer término, la aplicación supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, antes que la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, toda vez las normas procesales aplicables a la substanciación del procedimiento de origen, no formaron parte de la litis constitucional, este juzgador se encuentra impedido para examinar su idoneidad. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. SÉPTIMO. Notificación a la(s) autoridad(es) para el caso de periodo vacacional. Se instruye al actuario para que en caso que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) en su periodo vacacional, le(s) notifique esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, una vez que reanude(n) labores. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Irma Brito Salgado, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. TERCERO. Si la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentra(n) en su periodo vacacional, esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, se le(s) notificarán una vez que reanude(n) labores. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, diez de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jueza Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido, el oficio 5709/2015-JE4 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de los acuses de recibo de los oficios ordenados en auto de primero de diciembre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 01/822/13-JE1 de su índice, lo anterior en aras de acreditar que dicha autoridad se encuentra realizando actos tendientes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable se encuentra en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en esas condiciones, lo procedente es requerir a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de DIEZ DÍAS, que será computado legalmente, proceda a dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria e informe las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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