Irma Andrew Y Valencia
Expediente 917/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Irma Andrew Y Valencia
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, adjunto al cual remite testimonio de la resolución pronunciada el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el conflicto competencial ***, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juzgado Segundo de Distrito del Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, es el competente legalmente para conocer del juicio de amparo ***, promovido por ********** , en contra de los actos y autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero de este fallo. TERCERO. Remítanse los autos correspondientes al Juez Segundo de Distrito del Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, para que se avoque al conocimiento, y hágase dicha circunstancia del conocimiento del Juez Octavo de Distrito con sede en Celaya, Guanajuato. Notifíquese". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y vía electrónica, acúsese recibo a la superioridad. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto *** de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este juzgado determinó carecer de competencia, es decir, no se entró al estudio del asunto, se estima que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses, contado a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica, que remite el secretario de acuerdos del Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el estado de Guanajuato, del cual se desprende que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mismo que fue registrado bajo el expediente número 5/2019-V.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional insiste en determinar que no tiene competencia para conocer del asunto, por ello, ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, para la substanciación del conflicto competencial suscitado; tómese nota de lo anterior.
- Principal
Visto el oficio y anexos del juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual declina la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por **********, en contra de actos del magistrado propietario de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, por considerar que este juzgado es el idóneo para conocer y resolver al respecto, y, al efecto remite expediente de amparo 808/2019 que contiene la demanda original formulada por la citada quejosa, así como diez copias de la demanda y nueve copias del escrito aclaratorio. Fórmese el cuaderno de amparo e intégrese el expediente electrónico con el registro número 917/2019-I. ? Análisis y determinación de la competencia planteada. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que el juzgado oficiante remitió el ocurso de amparo en estudio al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, al estimar que carece de competencia legal para conocer del mismo, ya que aduce que la resolución reclamada de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 406/2019 del índice de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó la diversa de catorce de junio de la presente anualidad, dictada por el juez Segundo de Partido Civil de esta ciudad, dentro de juicio C-1447/1990, tendrá ejecución en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por lo que la competencia para conocer del amparo se surte a favor del juez de Distrito en turno, con residencia en Celaya, Guanajuato, pues estima se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. A efecto de verificar si la competencia del asunto se surte para este juzgado, primeramente, se hace necesario establecer los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. En los autos del juicio ordinario civil C-1447/1990 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de prescripción de la ejecución de sentencia, el cual se declaró procedente. 2. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa (parte actora en el juicio de origen), interpuso recurso de apelación, del cual conoció el magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, quien lo radicó con el número de toca 406/2019-C. 3. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, emitió resolución sentencia, por la que confirmó la resolución de catorce de junio pasado, emitida por el juez de origen, en el sentido de declarar procedente el incidente de prescripción de la sentencia, interpuesto por el tercero interesado. Lo que para el juez declinante es suficiente para considerar que es en esta ciudad, donde se habrá de ejecutar el acto reclamado; por tanto, que se surte la competencia en favor de su homólogo en turno en esta urbe. Sin embargo, respetuosamente, se disiente del criterio asumido por el órgano jurisdiccional declinante por lo siguiente: Del análisis integral del expediente 808/2019, remitido por la declinante, se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto tomando en consideración que la resolución reclamada de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 406/2019-C del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por la que se confirmó la diversa de catorce de junio de dos mil diecinueve, en la cual se declaró procedente el incidente de prescripción de la sentencia, interpuesto por el tercero interesado, por sí sola no tiene principio de ejecución, pues la autoridad ya no tendrá que realizar acto alguno a fin que de que se cumpla con esa imposición. Y en esa medida no es aplicable la regla de competencia aducida por el juez declinante sino la prevista en la última parte del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al efecto, resulta pertinente mencionar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se considera que la resolución reclamada de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 406/2019-C, no cuenta con principio de ejecución, porque es evidente que, en sí mismo considerado, el acto reclamado sentencia de segundo grado que confirma la interlocutoria que declara procedente la prescripción de la ejecución de sentencia no trasciende a la esfera material, al mundo fáctico; su impacto es meramente declarativo, pues tiende únicamente a determinar que fue correcta la determinación del inferior de que no hay obstáculo que impida la prescripción de la ejecución de sentencia en el proceso natural. En efecto, la desestimación de los agravios expuestos en el recurso de apelación, para confirmar la resolución recurrida, se estima, no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino solo en el ámbito de lo formal, pues simplemente declara que no son suficientes los agravios formulados para revocar o modificar la resolución de primer grado. Por lo mismo, la resolución reclamada que confirmó la resolución incidental que declaró procedente la prescripción de la ejecución de sentencia tampoco se ejecuta ni requiere de ejecución; sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a dar por buena la determinación del inferior, sin que se traduzca en un mandato para este en el sentido de realizar una conducta determinada. En ese orden, resulta que si se señala como acto reclamado la resolución de segunda instancia que confirma la de primera en la que se declaró procedente la prescripción de la ejecución de sentencia, dicho acto no puede reputarse como de ejecución ni que la requiera (por más que se señale que es autoridad ordenadora la emisora y ejecutora el juez que resolvió en primer grado y que tiene a su cargo concluir el proceso, puesto que, en realidad, en casos como el examinado, no hay pie para distinguir entre autoridad ordenadora y autoridad ejecutora, dado que el acto impugnado no supone ejecución alguna; hay, en estos casos, autoridad responsable, sí, pero esta es la que dicta el acto reclamado). Cosa diversa es que, en vía de consecuencia, el juez natural dé continuidad a la procedencia de la prescripción de la ejecución de sentencia, una vez que se confirma su determinación; esto no podría ser tenido ni como el acatamiento de orden alguna ni como un acto de "ejecución material" de la resolución de alzada, más que en un entendimiento impropio: dar continuidad a un procedimiento jurisdiccional en el estado en que se encuentra es obligado para los Jueces, si es que no proceden los recursos interpuestos en contra de sus resoluciones. Suponer que es un acto de ejecución material la obligación del juez de continuar con el juicio en la fase en que se encuentra una vez conocida la resolución del tribunal de alzada, significaría que necesariamente cualquier acto judicial con efectos meramente formales fuera tenido como de ejecución material por el solo hecho de haber sido emitido por un tribunal superior al confirmar la determinación del inferior. Esta forma de entender las cosas implicaría que la regla contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, derivado de resoluciones de segunda instancia, nunca pudiera actualizarse. Máxime que no se está frente a un mandato concreto del tribunal de alzada hacia el juez de primera instancia, esto es, que le ordene la realización de conductas específicamente señaladas; en cambio, en el caso a examen el acto reclamado se trata de una resolución de alzada que no ordena la realización de conductas, que no revoca la del inferior, y que se limita a confirmar el sentido de la interlocutoria recurrida. Sin que sea obstáculo que también se reclamen actos de ejecución atribuidos al juez de primera instancia con sede en esta ciudad, porque no se combaten por vicios propios, sino solo por ser consecuencia lógica y jurídica de la sentencia dictada por la autoridad ordenadora. Dadas estas premisas, al no tener ejecución material la resolución reclamada, resulta inconcuso que la competencia por cuestión de territorio se actualiza en favor del Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, esto es, en favor del Juzgado declinante, atentos a lo dispuesto por la parte final del artículo 37 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por la razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 119/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 50, tomo XXIX, febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material. Asimismo, la jurisprudencia XXI.4o. J/6, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigesimoprimer Circuito, consultable a página 1499, tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UNA INTERLOCUTORIA QUE SÓLO PRODUCE EFECTOS DECLARATIVOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DIVERSA JURISDICCIÓN, SI NO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. La sentencia de segunda instancia que confirma una interlocutoria de primer grado en la que se resuelve un incidente, que por su intrínseca naturaleza produzca efectos meramente declarativos y, por lo mismo, carezca de ejecución material, se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en términos del cual la autoridad competente para conocer del juicio de garantías, es el Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la autoridad que dictó la sentencia reclamada; de ahí que la sentencia dictada por una Sala que confirmó la interlocutoria de primera instancia sea una resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio que por su propia naturaleza constituye una determinación de carácter declarativo pues, por sus efectos, únicamente clarifica el derecho obtenido con la sentencia definitiva, sin imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la Sala que dictó la sentencia reclamada, la competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, sin que sea obstáculo que también se reclamen actos de ejecución atribuidos al Juez de primera instancia de otra jurisdicción, porque no se combaten por vicios propios, sino sólo por ser consecuencia lógica y jurídica de la sentencia dictada por la autoridad ordenadora. Además, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de garantías ante la autoridad de amparo con competencia en determinada jurisdicción, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese justiciable, respecto de cualquier otro juzgador de amparo, dado que el promovente optó por acudir ante un tribunal constitucional de esa localidad y no a uno distinto. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que el juez de Distrito declinante es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********; por lo que no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena comunicar esta determinación al juez Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Mediante oficio remítanse los autos del expediente de amparo 808/2019, junto con las copias de la demanda y escrito aclaratorio que remitió, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto. ? Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a los demás profesionistas en términos restringidos del citado numeral, por no acreditar que están en el supuesto anterior. Toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, resultando innecesario requerir a la solicitante del amparo que proporcione un domicilio en esta localidad, atendiendo al sentido de la determinación asumida en este proveído. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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