Irma Altagracia Zamora Rodríguez

Expediente 496/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
496/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • Irma Altagracia Zamora Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio por el cual el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, remite el testimonio de la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del conflicto competencial 18/2019 del índice de ese órgano jurisdiccional, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala y éste órgano judicial, en el juicio de amparo 496/2019, en el que resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial SEGUNDO. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer de la demanda promovida por ********************." Acúsese recibo vía electrónica y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con el que informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala y este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato; mismo que fue registrado con el número 18/2019.

  3. Principal

    Por recibido el oficio y anexos que remite el juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 496/2019-II del índice de este juzgado y manifiesta que no acepta la competencia planteada, por los motivos expuestos en su acuerdo dictado el catorce de junio de dos mil diecinueve. Respetuosamente, se disiente del criterio sostenido por el juez que no aceptó la competencia y se insiste en declinarla por las siguientes razones: Es pertinente aclarar que la litis competencial se centra en que el acto reclamado, tiene ejecución material en Apizaco, Tlaxcala; y frente a este supuesto, la Ley de Amparo en su artículo 37, establece las reglas competenciales en razón de territorio, en concordancia con la ejecución del acto reclamado. La razón por la que se insiste en declinar la competencia es: como ya se estableció en el acuerdo de incompetencia, si el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si en esta instancia el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente *** que declaró infundada la queja por defecto en la ejecución de la sentencia de nulidad, interpuesta por la promovente respecto de la cuantificación de su pensión; por lo que la ejecución material del acto reclamado tendrá lugar en el lugar de residencia del juez de Distrito que no aceptó la competencia, tal como se hizo ver en el acuerdo respectivo y, acorde con lo que resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto circuito en la jurisprudencia por contradicción PC. XVI. A JA23 (10ª), que al efecto se citó. En tales condiciones, esto es, ante la existencia de un conflicto competencia, con apoyo el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato para que tenga a bien resolver. Mediante oficio que derive del presente auto comuníquese lo anterior al juez oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, con número de registro 200280, Novena Época, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Página: 26, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la ley orgánica citada.

  4. Principal

    Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo formulada por *********, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 496/2019-II. Incompetencia por razón de territorio. Del análisis que se efectúa a la demanda propuesta se desprende la incompetencia legal por razón de territorio, para que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato conozca del asunto; se explica: La competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. *****Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al juez de Distrito en turno en el estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la promovente para recibir notificaciones el ubicado en calle ******en esta ciudad. Sin que proceda tener como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico y números telefónicos que menciona en su escrito de demanda, dado que dichas figuras no se encuentran reguladas en la normatividad que rige el juicio de amparo. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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