Irma Adali Magallanes Orozco

Expediente 697/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
697/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Irma Adali Magallanes Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 118 a 120), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad (foja 121), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veinte de septiembre del presente año (foja 122); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro al veintiséis del mes en cita, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 58 a 80), por una parte se sobreseyó y por otra, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en la impresión de la constancia de revalidación de alcoholes exhibida por la quejosa y la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó el Director General de Ingresos de dicha secretaría, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, en diverso proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 99 a 101). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho del mes pasado (fojas 118 a 120), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $9,224.13 (nueve mil doscientos veinticuatro pesos 13/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el seis de septiembre del año en curso. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $9,159.02 (nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 02/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, y el seis de septiembre del año en curso se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero fue 132.009; y para el mes de julio del año en curso 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0074. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,226.79 (nueve mil doscientos veintiséis pesos 79/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $67.77 (sesenta y siete pesos 77/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $9,226.79 (nueve mil doscientos veintiséis pesos 79/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,224.13 (nueve mil doscientos veinticuatro pesos 13/100 moneda nacional), es decir, es decir, faltó reintegrarle la cantidad de $2.66 (dos pesos 66/100, moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de reintegrarla, así como los que efectúe el peticionario de amparo, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se sobreseyó y se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 118 a 120), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad (foja 121), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veinte de septiembre del presente año (foja 122); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro al veintiséis del mes en cita, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 58 a 80), por una parte se sobreseyó y por otra, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en la impresión de la constancia de revalidación de alcoholes exhibida por la quejosa y la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó el Director General de Ingresos de dicha secretaría, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, en diverso proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 99 a 101). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho del mes pasado (fojas 118 a 120), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $9,224.13 (nueve mil doscientos veinticuatro pesos 13/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el seis de septiembre del año en curso. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $9,159.02 (nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 02/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, y el seis de septiembre del año en curso se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero fue 132.009; y para el mes de julio del año en curso 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0074. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,226.79 (nueve mil doscientos veintiséis pesos 79/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $67.77 (sesenta y siete pesos 77/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $9,226.79 (nueve mil doscientos veintiséis pesos 79/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,224.13 (nueve mil doscientos veinticuatro pesos 13/100 moneda nacional), es decir, es decir, faltó reintegrarle la cantidad de $2.66 (dos pesos 66/100, moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de reintegrarla, así como los que efectúe el peticionario de amparo, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se sobreseyó y se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. *

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por**, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el ********************, a través del cual, por las razones que refiere solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado y constancia de mérito, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente y a fin de dar prontitud a la ejecutoria de amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ********************, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se le hace del conocimiento a la mencionada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada.

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