Iris Noely Álvarez Quiñonez

Expediente 790/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
790/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Iris Noely Álvarez Quiñonez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios presentados en este juzgado federal el seis de junio de dos mil dieciocho y el veinticinco de febrero del presente año (fojas 274 a 279 y 316 a 318), los delegados del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y del Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, con residencia en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, comunicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdos de siete de junio de dos mil dieciocho (foja 280) y veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (foja 319), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Los citados proveídos se notificaron a la parte promovente el trece de junio de dos mil dieciocho y el veintisiete de marzo del año en curso (fojas 283 y 326, respectivamente); por lo tanto, el último término de tres días otorgado transcurrió para dicha parte del veintinueve de marzo al dos de abril del año en que se actúa, y en dicho lapso no se realizaron manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.....". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 150 a 169), la que quedó firme por ejecutoria de trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del recurso de revisión 909/2017 del índice del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al haberse desechado el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable ejecutora, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".En esas condiciones, lo que procede es conceder a la parte quejosa "Scotiabank Inverlat", Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, por conducto de Claudia Georgina Cadena Luna, en su carácter de Apoderada General Judicial para Pleitos y Cobranzas, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de amparo. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; en consecuencia, la protección constitucional que se otorga lo es para que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no exija el pago con motivo del impuesto predial reclamado, por tratarse de una ley autoaplicativa tildada de inconstitucional. Lo anterior, como así lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 1/2016, que derivó del juicio de garantías 782/2012, del índice de este Juzgado Federal, al determinar que ". asiste razón a la quejosa, pues los efectos del amparo no debieron tener ese alcance, ya que no se está en el supuesto de una exención, ni de un beneficio equiparable a una exención, ni de una sobretasa, sino que las disposiciones reclamadas contienen la base del impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil once y dos mil doce, y, por ende, cabe que se devuelva la cantidad total que la quejosa pagó con motivo del impuesto predial, en los pagos antes relacionados, por constituir el primer acto de aplicación en su perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, pues es criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ""cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido"". De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar el Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) No exija el pago con motivo del impuesto predial reclamado, por tratarse de una ley autoaplicativa tildada de inconstitucional; y B) Le devuelva la cantidad total que la parte quejosa pago con motivo del impuesto predial. Luego, a través del oficio y anexo presentados en este juzgado federal el seis de junio de dos mil dieciocho (fojas 274 a 279), el delegado del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, adjuntó constancias emitidas por la Tesorería Municipal, de las que se advierte que las cuentas prediales U070854, U070853, U086116 Y U017417, se encuentran en ceros. Del mismo modo, por oficio presentado en juzgado federal el veinticinco de febrero del presente año (fojas 316 a 318), el delgado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, exhibió un billete de depósito "N 670653", que ampara la cantidad de $7,610.17 M.N. (siete mil seiscientos diez pesos 10/100 moneda nacional). Derivado lo anterior, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 323), se le requirió a la citada parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante este juzgado a recibir el referido billete puesto a su disposición; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la data en que se actúa haya dado cumplimiento a lo anterior. Así de las constancias que obran en autos se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, remitieron las constancias con las que acreditaban que las cuentas prediales U070854, U070853, U086116 y U017417, a nombre de la quejosa, se encuentran en ceros, destacando que la cuenta predial U070854, es la que corresponde al presente sumario constitucional y además, se encuentra a disposición de la parte quejosa en este juzgado el billete de depósito "N 670653", que ampara la cantidad de $7,610.17 M.N. (siete mil seiscientos diez pesos 10/100 moneda nacional), perteneciente a dicha cuenta predial. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es DECLARAR CUMPLIDO el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante este juzgado a recoger el mencionado billete de depósito en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda a las oficinas de este juzgado a recoger dicho valor, a fin de recuperar la suma en él inserta en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, al no ser necesaria la retención del certificado de depósito "N 670653", que ampara la cantidad de $7,610.17 M.N. (siete mil seiscientos diez pesos 10/100 moneda nacional), perteneciente a la cuenta predial U070854, requiérase a la parte quejosa, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de dos años, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a recoger el propio, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibido que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito el mismo a favor del Fisco Federal. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito signado por ********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo del año en curso (fojas 87 a 100); en consecuencia, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito, los arábigos 84 y 90 ambos de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que, la tramitación y resolución del recurso que se promueve es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 90 de la ley en comento, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión y distribúyanse entre las mismas, copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el cuaderno original dentro del plazo de TRES DÍAS, junto con el escrito de agravios al Órgano de Control Constitucional competente; y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, el dos de abril del presente año (fojas 104 y 105), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de tres de abril del año en curso (foja 106), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el nueve de abril del año en curso (foja 109), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del once al quince de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 52 a 74), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, así como del concepto de inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por los quejosos, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por inscripción de documento público, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos o privados, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por el pago por concepto de inscripción previsto en el artículos 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, relativo a la cuota fija mínima, lo anterior respecto de la cantidad de $14,457.13 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos 13/100, moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por el concepto previamente referido; asimismo, la cantidad resultante debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por la autoridad responsable el dos de abril del presente año (fojas 104 y 105), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por la cantidad de $14,481.16 (catorce mil cuatrocientos ochenta y un pesos con dieciséis centavos 16/100 moneda nacional), cantidad que tuvo que ser actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $14,457.13 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con trece centavos 13/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), así como la cantidad correspondiente motivo de los impuestos especiales en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cuota mínima referida que resulta ser $145.60 (ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta centavos 60/100, moneda nacional), da como resultado $14,031.53 (catorce mil treinta y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100, moneda nacional), cantidad que debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de octubre de dos mil dieciocho y el veintinueve de marzo del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada; por tanto, el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre del año pasado fue 100.9170; y para el mes de febrero del año en curso 103.079. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0214 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,331.80 (catorce mil trecientos treinta y un pesos con ochenta centavos 80/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $300.47 (trecientos pesos con cuarenta y siete centavos 47/100, moneda nacional). No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de $14,331.80 (catorce mil trecientos treinta y un pesos con ochenta centavos 80/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró el monto de $14,481.16 (catorce mil cuatrocientos ochenta y un pesos con dieciséis centavos 16/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $149.36 (ciento cuarenta y nueve pesos con treinta y seis centavos 36/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    SE RESUELVE ÚNICO: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS.

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