Iris del Carmen Ortiz García
Expediente 987/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 987/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Iris del Carmen Ortiz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 987/2023, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES A juicio de la parte quejosa, la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, giró una orden privativa de libertad diversa a la combatida en otro juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado de distrito y su ejecución. Por ello, estima que las autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintiséis de septiembre del año en curso. Dicho libelo constitucional se turnó el veintisiete de septiembre siguiente a este Juzgado Federal, donde quedó registrado con el progresivo 987/2023; en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés se: i) admitió a trámite; ii) solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; iii) otorgó intervención a la Ministerio Público de la Federación adscrita; y iii) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa y los actos reclamados tienen ejecución en la demarcación territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa señala como autoridad responsable al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, a quien atribuye una orden de aprehensión diversa a la girada en la causa penal ********************, dictada en su contra y combatiendo en el juicio de amparo ******************** del índice de esta órgano jurisdiccional. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados, manifestando que no ha librado orden de aprehensión vigente en contra de la aquí quejosa, diversa a la ejecutada en la causa penal ******************** de su índice, misma que a la fecha se dictó auto de vinculación a proceso. Lo anterior, sin que la quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa o hubiere hecho manifestación alguna. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en los términos precisados en el apartado V de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha transcurre el plazo de quince días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan sus informes justificados, mismos que fueron solicitados en auto de tres de octubre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del juez de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; con lo anterior, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Incidental
RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 987/2023, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarla de su libertad personal. Por ello, estima que las responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el progresivo 987/2023 y fue admitida el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Orden privativa de la libertad librada en su contra. Autoridades responsables ejecutoras: Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca. La ejecución material de la orden privativa de la libertad. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión de la parte quejosa es reclamar la orden privativa de la libertad librada en su contra y la ejecución de dicho mandamiento. El dictado de esa orden la promovente se la atribuye a las autoridades judiciales responsables ordenadoras y su ejecución a las señaladas como ejecutoras. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable señalada como ejecutora, coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado. Por otro lado, se celebra la presente audiencia con independencia de que no obre el informe previo de la responsable señalada como ordenadora, juez de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, a pesar de haber quedado notificado de la solicitud de éste el dos de octubre del actual. En consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 142 de la Ley de Amparo, ante la falta de dicho informe, se presume cierta la existencia del juicio donde deriva el acto reclamado. Ante su certeza, se procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la quejosa. VI. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Ahora bien, de igual manera este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de veintiocho de septiembre del actual, donde se concedió la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para afirmar la necesidad de conceder la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva respecto de la disidente: Cabe recordar que la promovente controvierte del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y otra autoridad, lo siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución material del mandado de captura. Y solicita la medida cautelar de forma genérica para que no sea privada de su libertad. Por tanto, la Ley de Amparo establece en su artículo 166 que cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, el órgano de control constitucional debe estarse a lo siguiente: "[.] I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128". Como puede verificarse, el legislador establece qué efectos debe darse a la suspensión en tratándose de orden de aprehensión o reaprehensión o medida cautelar que implique privación de la libertad, como es el caso. Sin embargo, en este momento no existen mayores elementos que permitan identificar cuáles de las hipótesis descritas en el numeral 166 de la ley de la materia se actualizan; empero, para no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo, la medida se concede de forma genérica para los siguientes efectos: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el ordinal 19 constitucional, el efecto será únicamente para que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en el que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En cambio, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se especificarán más adelante, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en el caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal. Requisitos de eficacia. Esta suspensión que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con las siguientes medidas de aseguramiento. Que la quejosa exhiba, a favor de este juzgado dentro del plazo de cinco días, garantía económica por la suma de $2,000.00 (dos mil pesos, 00/100, moneda nacional), en cualquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: Que la quejosa señala como responsable ordenadora a 1 (una) autoridad judicial, por la que se fija $2,000.00 (dos mil pesos, 00/100, moneda nacional) por ella. Que por el momento no se tiene conocimiento del delito o delitos por el que se libró la orden de captura. Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica de la referida parte quejosa, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Esta garantía se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte de la quejosa en relación con el proceso que aparentemente se le sigue; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. La quejosa deberá comparecer personalmente ante la autoridad judicial responsable, lo que deberá acreditar ante este juzgado, dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia. Así como a las diversas causas que pudieran instruirse en su contra. También deberá presentarse ante la autoridad judicial ordenadora cuantas veces sea citada y en caso de inasistencia, la referida responsable deberá informarlo a este Juzgado de Distrito para que revoque la concesión de la suspensión decretada. Que la quejosa ********************, no se ausente de esta ciudad. Esta medida cautelar en cuanto a su duración producirá efectos a partir del dictado de esta interlocutoria y hasta que se notifique a las responsables el auto donde quede firme la sentencia que se pronuncie en este asunto. Excepción. La promovente ******************** señala en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad que anteriormente promovió diverso juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión, radicado bajo el progresivo ********************del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, teme que se ejecute una diversa orden a la señalada en dicho asunto. Por tanto, se hace del conocimiento a las partes que la presente suspensión otorgada a la aquí promovente no surtirá efectos en caso de que se trate de la misma orden de aprehensión dictada en la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, que se instruye en contra de ********************, ********************, ******************** ******************** e ******************** (esta última aquí quejosa) reclamada en el diverso amparo ********************de la propia estadística. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, toda vez que la controversia incidental se configura con lo expresado en la demanda de amparo sobre los efectos para los cuales se pide la medida cautelar y con los informes previos rendidos por las responsables. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en esta resolución incidental. Es aplicable la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA DECRETARLA EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE LOS ALEGATOS FORMULADOS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ********************, por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. Notifíquese.
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