Irene Zoila Vasquez López

Expediente 1370/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1370/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • ELEUTERIO HUGOLINO VÁSQUEZ MARTINEZ y Otros.
  • Irene Zoila Vasquez López
  • IRENE ZOILA VASQUEZ LÓPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "MESA III-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese la comunicación señalada en la cuenta al expediente en el que se actúa, por medio del cual el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite transcripción del auto dictado el nueve de febrero del año en curso, en los autos recurso de queja ******************** y devuelve la copia certificada que le fue enviada con motivo de su tramitación. Ahora bien, de su contenido se advierte que se tuvo a la parte recurrente ratificando el desistimiento que dio origen a dicho medio de impugnación y como consecuencia, la Alzada declaró firme el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo; en consecuencia, téngase a la Superioridad informando lo anterior y acúsese recibo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en el proveído de treinta y uno de julio de la presente anualidad se desechó de plano el escrito inicial, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE."

  2. Principal

    MESA III-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintidós. Agréguese la comunicación señalada en la cuenta al expediente en que se actúa mediante la cual el secretario de acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, hace del conocimiento que dicha superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, relativas al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; asimismo, hace del conocimiento que dicho medio de impugnación se admitió a trámite bajo registro de recurso de queja 579/2021. Por tanto, téngase a la citada autoridad informando lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar en el presente juicio. Asimismo, instrúyase a la Oficial Judicial A encargada del SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite los permisos correspondientes para que el referido tribunal de alzada se encuentre en posibilidad de consultar las constancias que integran este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual los quejosos ********** e **************************, interponen recurso de queja contra el proveído dictado el diez de diciembre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en turno, enviándole además copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda y rendir el informe sobre la materia de la queja. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. Notifíquese."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señala en la cuenta promovida por Eleuterio Hugolino Vásquez Martínez e Irene Zoila Vásquez López, por propio derecho, en su calidad de sujetos individuales del pueblo Zapoteca y habitantes del Municipio de San José del Progreso y a su vez con calidad de personas indígenas por auto adscripción de la referida comunidad indígena, contra actos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1370/2021. Representante común. Ahora bien, como lo solicitan los impetrantes, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte promovente a Eleuterio Hugolino Vásquez Martínez. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con el referido artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe y documentales que se acompañan a la misma, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. Ahora bien, de un estudio integro de la demanda de amparo, se obtiene que los quejosos, señalan como autoridad responsable a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, de quien reclaman: "la emisión del comunicado de prensa número 123/21 de fecha 11 de noviembre de 2021, por medio del cual la Autoridad Responsable promueve el derecho a la consulta indígena de las comunidades de Oaxaca respecto a la minera Cuzcatlán". En ese sentido, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación con los numerales 5 y 6, del propio ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Conforme a la interpretación en conjunto de los citados numerales, se deduce que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, teniendo el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violentan los derechos previstos en el numeral 1 de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: a) Un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; b) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); y, c) La afectación del citado derecho, a través de un acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Cabe citar al respecto la Jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 117, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así, el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la Ley de un derecho legítimamente tutelado, cuyo desconocimiento o violación otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, esto precisamente constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ende, la emisión del comunicado de prensa número 123/21 de once de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual la autoridad responsable promueve el derecho a la consulta indígena de las comunidades de Oaxaca, respecto a la minera Cuzcatlán, trasciende a los derechos colectivos de sus habitantes indígenas involucrados en dicha consulta, por conducto de sus representantes, pero no a sus habitantes en lo individual o en lo particular. De ahí que los quejosos, al promover como personas físicas auto adscritos como indígenas zapotecos, no tienen legitimación para acudir a reclamar el aludido acto reclamado en esta vía. En ese orden de ideas, si los quejosos pretenden controvertir la emisión del comunicado de prensa número 123/21 de once de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual la autoridad responsable promueve el derecho a la consulta indígena de las comunidades de Oaxaca, respecto a la minera Cuzcatlán, debe decirse que dicho comunicado no afecta de manera personal y directa derechos de los aquí promoventes. En efecto, la emisión de dicho comunicado de prensa relativo a la promoción del derecho a la consulta indígena de las comunidades de Oaxaca, respecto a la Compañía Minera Cuzcatlán, afecta a los habitantes de las comunidades indígenas involucrados en dicha consulta (comunidades Zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca) y de ninguna forma a sus integrantes en lo individual, ya que en todo caso, éstas deberán actuar por conducto de sus representantes, pues únicamente a través de ellos ejercen derechos y adquieren obligaciones. Por ende, si los quejosos **, promueven por propio derecho, en su calidad de sujetos individuales del pueblo Zapoteca y habitantes del Municipio de San José del Progreso y a su vez con calidad de personas indígenas por auto adscripción de la referida comunidad indígena, sin tener conferido cargo alguno de representación del pueblo Zapoteca, o bien, de las comunidades, poblaciones o entidades territoriales indígenas, no se encuentran legitimados para acudir el juicio de amparo, se insiste, por no tratarse de sus representantes, quienes en todo caso pueden actuar en defensa colectiva de sus habitantes, por lo que el acto reclamado evidentemente no lesiona los intereses individuales de los impetrantes de amparo. Máxime que sería incongruente que la representación del pueblo Zapoteca, o bien de las comunidades, poblaciones o entidades territoriales indígenas, estuviera sujeta a la consideración que cada uno de sus habitantes tuviera respecto de los actos y acuerdos que consideren les afectan en forma general, lo que sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentren debidamente representados. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 7 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR IMPROCEDENTE. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene como autorizados con las amplias facultades previstas por el ordinal 12 de la Ley de Amparo a *** con cédulas profesionales ***, respectivamente; y a los restantes que indica, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente. Notificación electrónica. A petición de los promoventes, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 62, 64 y demás relativos del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autorizan las notificación de manera electrónica a través del usuario "jhorsa.s", por ser el primero que indican. En el entendido que no ha lugar a tener por señalados todos los usuarios que menciona para efectuar la notificación electrónica, toda vez que afectaría la certeza jurídica de dicha diligencia. No obstante, se autoriza el uso del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, bajo los usuarios "jhorsa.s", "AbrahamPedraza", "fernanda24", "gisela12" y "LicMiqueas", por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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