Iris Alma Andrade Azcona
Expediente 1345/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2022
Partes del expediente
- Iris Alma Andrade Azcona
Actuaciones
- Principal
.VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS.SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO.ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO.
- Principal
...Querétaro, Querétaro, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aclaratorio de cuenta signado por ., en atención a su contenido se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintidós de los corrientes. En consecuencia, vista la demanda de amparo, promovida por ., por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: (.) Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: (.) Así, de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado por la quejosa consiste en: El auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 1850/2018, índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; por el que ordena la ejecución forzosa de la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en la que se condenó a la quejosa a la entrega y desocupación del bien inmueble ubicado en ., de esta ciudad de Querétaro, a favor del actor .. En el caso, este juzgador advierte que sobre tal actuación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo segundo del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. (.) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Este último precepto transcrito, contiene tres supuestos para la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados por tribunales jurisdiccionales, los cuales son, de relevancia para esta ejecutoria, los siguientes: 1. Actos después de concluido el juicio. 2. Actos dictados de ejecución de sentencia. 3. Actos pronunciados en el procedimiento de remate. Dentro de los primeros queda comprendido cualquier clase de acto que surja con posterioridad al punto de referencia, que la ley identifica como: la conclusión del juicio; mientras que dentro del segundo y tercero la procedencia del juicio de amparo se limita a una sola clase de actos, esto es, los relacionados con la ejecución de una sentencia y los llevados a cabo en el proceso de remate, cuya procedencia del juicio la propia ley traslada al dictado de las resoluciones que en el propio precepto se especifican. Los actos de ejecución de sentencia son los que se llevan a cabo para hacer efectivo el fallo dictado, y tendrán distinta naturaleza según se trate de cumplimentar una decisión que imponga obligaciones de dar, hacer o no hacer y tienen por objeto hacer cumplir lo decidido en el fallo respectivo, es decir, hacer efectivo lo resuelto en la sentencia que arregla un litigio. Los que se dictan en remate son aquéllos encaminados a llevar a cabo la venta de un bien de quien se encuentra obligado en virtud de la sentencia a dar una cantidad de dinero, sin que lo haya hecho en su oportunidad voluntariamente y tienen como como finalidad la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia que el obligado no cumplió. Así, se establece imperativa y limitativamente que, tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, el único de ellos que es reclamable destacadamente en el juicio de amparo es la última resolución que ahí se emita, entendida como aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello y que cuando dicho amparo se promueva, en la demanda se podrán hacer valer las violaciones que se estimen cometidas durante el desarrollo del procedimiento de que se trate y las atribuidas a la propia resolución culminatoria que se reclame destacadamente. Luego, si el acto reclamado se ubica dentro de ese procedimiento pero no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; y por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto. En el caso, como puede corroborarse de las constancia que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, el acto destacado como reclamado es el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio 1850/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que se ordenó al actuario adscrito a ese juzgado, para que se constituyera en el domicilio ubicado en ., y procediera al lanzamiento de la parte demandada, aquí quejosa, y pusiera en posesión real, material y jurídica de la parte actora dicho bien inmueble, ello atendiendo al auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, misma que fue impugnada y confirmada mediante resolución pronunciada en segunda instancia el veintiséis de junio de dos mil veinte; sin embargo, tal actuación no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, a las que se refiere el supuesto normativo con el objeto de considerar la procedencia del juicio de amparo, pues aún no se ha dado cumplimiento a esos mandatos, aunado a que el proceso se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, asimismo debemos partir del hecho de que la parte quejosa no es tercera extraña ni aún por equiparación al juicio de origen, pues tiene la calidad de parte demandada, toda vez que como se advierte de la documental que la parte quejosa anexó a su escrito aclaratorio de fecha veinticinco de noviembre del presente año, consistente en copia simple de la sentencia dictada el veintitrés de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 1850/2018, del índice de Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Querétaro, por acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve , se dio trámite a la demanda planteada por el actor ., y se ordenó emplazar a la demandada, aquí quejosa ., posteriormente, por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a la citada parte demandada, dando contestación en tiempo y forma a la demanda ejercitada en su contra. De ahí que dicha quejosa (.) cómo se precisó en el párrafo que antecede no es tercera extraña por equiparación al juicio de origen, pues tiene la calidad de parte demandada quien dio contestación oportuna, lo que implica que fue oída y vencida en el procedimiento, teniendo a su alcance los medios de defensa que la ley establece en su beneficio, tanto en juicio como una vez concluido el mismo, por lo que no se ubica en la regla de excepción para su procedencia, sino que debe ajustarse a lo establecido en ley para ello; entonces no procederá el juicio de amparo en contra de esa determinación, en términos de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, ni aun el en supuesto de que se pretendiera reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución; esto es, hasta que se tengan por cumplida la sentencia definitiva, o bien, se declara la imposibilidad para el cumplimiento de la sentencia definitiva. No obstante a lo anterior, y vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la quejosa, promovió el diverso juicio de amparo 641/2021, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el que reclamo el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio ordinario civil sobre terminación de contrato 1850/2018, promovido inicialmente por . en contra de la aquí quejosa, en el que, en cumplimiento a la sentencia emitida en dicha controversia, se ordena el lanzamiento de la hoy quejosa ., respecto del inmueble ubicado en: . Municipio de Querétaro, contra la Jueza Séptima de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, y actuario de su adscripción; el cual por sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se resolvió sobreseer el citado juicio de amparo y causó ejecutoria el dieciocho de julio del presente año; de ahí que se corrobore que la aquí quejosa no es extraña a juicio. La interpretación que se trae a colación, se desprende en la parte que interesa de la jurisprudencia J29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor literal: (.) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado el concepto jurídico de la expresión "última resolución" a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, indicado que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tal locución se entiende referida a la resolución en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o bien se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo respectivo. La anterior definición, se encuentra prevista en la jurisprudencia número 3, visible en la página 7, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000 (actualización 2001), Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que se lee: (.) Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir un fallo con efectos de cosa juzgada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento . Ello es así, porque tomadas las ideas plasmadas en las jurisprudencias arribas transcritas, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en esta vía constitucional, no es desde luego impugnable en el amparo, en este momento en virtud de que dicho acuerdo o resolución no constituye la 'última resolución' dictada en el procedimiento de ejecución. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, cuando proceda el amparo, en el cual podrá el agraviado impugnar el acuerdo o resolución de mérito y demás violaciones que eventualmente considere cometidas en su contra. En la inteligencia de que la consabida orden de desocupación o lanzamiento que se dictó en el procedimiento de ejecución de la sentencia ejecutoriada, aun cuando puedan afectar de manera directa derechos sustantivos, no son ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; sino precisamente parte de la condena que se pretende cumplimentar. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve ., por notoriamente improcedente. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época; que establece lo siguiente: (.) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen.
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