Iraís Rosario Vázquez Chávez
Expediente 1531/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1531/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Iraís Rosario Vázquez Chávez
Actuaciones
- Principal
AGREGUESE A LOS AUTOS OFICIO DEL JUZGADO OCTAVO...EN PUEBLA....ACEPTÓ COMPETENCIA...SE DECRETA EL ARCHIVO... EXPEDIENTE SUCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
*AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 11/11/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida por IRAÍS ROSARIO VÁZQUEZ CHÁVEZ; contra actos del SALA REGIONAL DEL CENTRO II DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1531/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, dado que se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado trata de ejecutarse fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este orden de ideas, cabe destacar que en el precepto citado se fija que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Por último, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno. En consecuencia, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, como ha quedado puntualizado en el primer párrafo que antecede, tratándose de actos que requieran de una ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese contexto, es evidente que el órgano de control constitucional competente para resolver el presente juicio de garantías, es el JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, dado que el acto reclamado consiste en: la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de nulidad 5336/16-09-6, del índice de la Sala Regional del Centro II, con residencia en esta ciudad, que resolvió infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, dictada en el citado expediente interpuesta por la parte actora, relativa a los incrementos y pago de diferencias de la cuota pensionaria. Además de que en el escrito de demanda, la impetrante de amparo realiza la precisión de que su domicilio personal lo es el ubicado en Calle 57 Sur, Mz, 22 Lt, 113 D, Colonia Ampliación Reforma Sur, Código Postal 72160, Puebla, Puebla, ello con independencia de haber señalado uno diverso en ésta entidad federativa el cual preciso como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones. En este orden de ideas, se estima que el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional es el JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA EN TURNO, por la siguiente consideración. En primer lugar, debe tomarse como punto de partida para definir la competencia, la calidad especial con la que acude la quejosa IRAÍS ROSARIO VÁZQUEZ CHÁVEZ a la presente instancia constitucional; ello es así, en razón de que el acto reclamado le causa perjuicio en virtud de la calidad con la que insta la presente acción constitucional, esto es como "jubilada o pensionada". Razón por la cual, este juzgado federal estima necesario tomar en consideración la regla específica de competencia que prevé dicha calidad a fin de fincar la misma; la cual está prevista en la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en la página 1397, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Lo anterior es así, en la medida en que el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2018, que dio origen a la citada jurisprudencia, sostuvo el siguiente estudio: SEXTO. Estudio. Como se obtiene del considerando anterior, el problema jurídico a resolver en la presente contradicción de tesis radica en determinar si la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la pensión con los incrementos correspondientes, constituye un acto declarativo con efectos positivos o un acto declarativo carente de ejecución material y, consecuentemente, qué regla competencial del artículo 37 de la Ley de Amparo le resulta aplicable: si la prevista en el primer párrafo -conforme al cual es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado- o la contenida en el último párrafo de dicho numeral -relativa a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo corresponde al Juez en cuya jurisdicción se presenta la demanda-. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la competencia territorial de los Jueces de Distrito, al precisar que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. Estas reglas constitucionales de competencia se concretizan en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al desdoblar en tres hipótesis la competencia del Juez de Distrito, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Asimismo, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, la locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En virtud de que las reglas de competencia citadas atienden a la naturaleza intrínseca del acto y no sólo a su forma de expresión para determinar si un acto tiene o no ejecución es necesario hacer referencia a la naturaleza de los actos administrativos positivos y negativos. Esta diferencia es importante, porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por la tercera regla aludida, prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en la primera o segunda regla, según corresponda, contenidas en los párrafos primero y segundo, respectivamente, del indicado numeral. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. En cambio, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Cabe destacar que, aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando, en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente, pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido, con consecuencias meramente declarativas. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea que conceda o niegue lo que se le pidió, sea que ordene o prohíba, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si éste redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Así se observa de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, consultable en la página 95, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO." Sobre esa base, si el acto reclamado se hace consistir en la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la pensión con los aumentos respectivos, no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer; al contrario, se controvierte una actuación negativa simple, expresada a través del rechazo de la autoridad sobre la pretensión ejercida. De ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no es un acto positivo, sino uno negativo. En ese sentido, es necesario dilucidar las consecuencias de la indicada resolución a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por tanto, ejecutables. Para ello, cabe mencionar que, en las sentencias dictadas en los juicios contenciosos administrativos -en los que se emitieron las interlocutorias reclamadas en los amparos indirectos en los que se suscitaron los conflictos competenciales de los que derivaron los criterios contendientes-, la Sala reconoció el derecho de la parte actora de que su pensión se cuantificara correctamente y, por ende, condenó al instituto demandado a aplicar los incrementos correspondientes. El instituto dictó la respectiva resolución en cumplimiento a dichos fallos anulatorios, en la cual señaló haber calculado nuevamente el monto de la pensión atendiendo a los aumentos que en derecho procedieron. Al considerar que en dicha resolución, la autoridad no calculó la pensión en los términos ordenados en las sentencias anulatorias, los pensionados interpusieron queja por defecto en su cumplimiento. La Sala declaró infundada la queja, en razón de que el demandado calculó el incremento de la pensión de acuerdo con los lineamientos fijados en la sentencia. Como se observa la resolución que declaró infundada la queja en forma mediata tiene efectos y consecuencias positivos, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el instituto demandado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el indicado instituto. En consecuencia, la interlocutoria reclamada en el juicio de amparo, en forma mediata, modifica y altera el estado de cosas existente, pues al resolver en el sentido de que es infundada la queja, indirectamente irradia en la cuantía de la pensión, la que se verá aumentada de acuerdo con lo determinado por la autoridad en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo, por ende, tiende a introducir un cambio en la realidad. Luego, si bien la resolución reclamada que declara infundada la queja, por sí misma -por su forma de expresión-, no produce un cambio material, al tratarse de una negativa simple; pero sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables y se relacionan con el incremento de la pensión, entonces rige la primera regla prevista en el artículo 37 invocado, relativa a que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que en el caso acontece en el domicilio del quejoso, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 invocada en párrafos precedentes. En efecto, conforme a dicho criterio jurisprudencial, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está unido a su centro de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. De modo que, sustentó el Alto Tribunal, cuando en el juicio de amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo (de similar contenido al precepto 37, párrafo primero, de la legislación vigente), es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se reclame destacadamente la falta de pago, porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Así, consideró que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Concluyó que con esta forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considerar competente al Juez de Distrito del lugar de la autoridad encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, cuyo domicilio conocido es en la Ciudad de México, llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en dicha ciudad, los juicios promovidos contra la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, lo que implicaría retardo en la impartición de justicia no sólo en esos asuntos, sino igualmente en los demás de que conocen dichos órganos jurisdiccionales. Este Pleno de Circuito considera que dicho criterio, conforme al cual, la competencia territorial para conocer del juicio constitucional corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio del quejoso, además de atender a la ejecución del acto, esto es, al lugar en el que el quejoso resentirá el incremento de la pensión, también se sustenta en el derecho de acceso a la jurisdicción. Cierto, el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución conlleva el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, por lo que no basta que los medios de impugnación -como en el caso del juicio de amparo- estén contemplados legalmente, sino que para su admisión y tramitación se requiere eliminar cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que persiguen. La regla consistente en que el domicilio del quejoso es el parámetro para fijar la competencia territorial elimina formalismos innecesarios y facilita a la parte interesada su adecuada defensa y participación en el juicio, pues al radicar en el mismo lugar del juzgado en el que se tramita el proceso podrá trasladarse a él para consultar el expediente, desahogar promociones, requerimientos y pruebas, así como para interponer los recursos que en derecho procedan, con el consecuente ahorro de tiempo y gastos que pudieran ocasionársele. Por tanto, si dicha regla de competencia no ha hecho más que definir un criterio para la presentación de la demanda con fines benéficos para el promovente del juicio, en lugar de obstaculizarla o impedirla, entonces garantiza el derecho de acceso a la justicia. Recapitulando, si la ejecución de la resolución reclamada que declara infundada la queja tiene como consecuencia directa que la determinación de la autoridad demandada de calcular la pensión con los incrementos respectivos adquiera firmeza en la instancia ordinaria y, como efecto indirecto, el aumento de la pensión con base en los lineamientos fijados por el instituto, entonces tal acto tiene consecuencias materiales mediatas en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En consecuencia, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio constitucional corresponde al Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, la presentación de la demanda ante ese órgano jurisdiccional garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción. Bajo ese contexto, la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de nulidad 5336/16-09-01-6, del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad de Querétaro, que resolvió improcedente la nueva queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en ese juzgado administrativo, por sí misma -por su forma de expresión-, no produce un cambio material, al tratarse de una negativa simple; pero sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables y se relacionan con el incremento de la pensión diaria reclamada en el juicio natural, entonces rige la primera regla prevista en el artículo 37 invocado, relativa a que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que en el caso acontece, pues la propia quejosa en el libelo de amparo que nos ocupa realiza la precisión destacada en cuanto a la existencia de su domicilio habitual y/o personal, siendo el ubicado en Calle 57 Sur, Mz, 22 Lt, 113 D, Colonia Ampliación Reforma Sur, Código Postal 72160, Puebla, Puebla, tal y como se corrobora con la copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida en favor de IRAÍS ROSARIO VÁZQUEZ CHÁVEZ por el extinto Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, cuando el acto reclamado tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas (como acontece en la especie) con la resolución reclamada que declaró infundado el acto reclamado de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 5336/16-09-01-6, del índice de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad de Querétaro, a través de la citada sentencia se declaró la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada a cuantificar la pensión con los incrementos relativos y, conforme a la citada sentencia definitiva; siendo que esa cuantificación, será en el domicilio de la quejosa (actora), pues, será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, es competente para conocer del acto impugnado, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio particular de la quejosa. Ahora bien, en relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil Federal, establece: "Artículo 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses." "Artículo 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente." "Artículo 31. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29; IV. De los cónyuges, aquel en el cual éstos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses; VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente; VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha designación respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente; y IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido." "Artículo 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en que se encontrare." Así del artículo 29 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas: el lugar donde residen habitualmente, entendiéndose por esto, donde permanecen por más de seis meses; a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de estos dos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar en donde se encontraren. Los artículos 30 y 31 definen, uno, lo que debe entenderse por domicilio legal y, otro, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que ya no tengan esa calidad, caso en el cual por cuestión lógica se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas físicas, se advierte que los artículos 29 y 32 del Código Civil Federal establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente y presumiendo que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio a aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto el acto que se reclama, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios precisamente de la parte quejosa, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio particular de ésta, en consecuencia, dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio; de ahí que éste Juzgado Federal, estime que debe considerarse competente, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la quejosa IRAÍS ROSARIO VÁZQUEZ CHÁVEZ, en términos de lo que al respecto establece el Código Civil Federal, al ser éste el lugar en que debe entenderse tuvo ejecución tal acto, esto es al ser el lugar en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza la quejosa, en calidad de pensionada y jubilada. Sirve de apoyo a lo anterior Tesis: 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, que establece: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como la Jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), sustentada por el Pleno del Quinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1506, que a la letra dice: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." De ahí que se estime que éste Juzgado Federal, carece de competencia para conocer la demanda de amparo suscrita por IRAÍS ROSARIO VÁZQUEZ CHÁVEZ, por propio derecho, además de que no existe prueba fehaciente ni dato alguno que incluso haga presumir que la quejosa tiene su domicilio personal en la demarcación territorial en que ejerce funciones este Órgano Jurisdiccional, ello sin menoscabo de haber citado en la demanda de amparo que nos ocupa un diverso domicilio en esta entidad federativa (Querétaro), pues es patente también la precisión hecha por dicha ocursante al respecto en el sentido de señalar tal domicilio como convencional para efectos de oír y recibir notificaciones en Querétaro; cuyo dato la quejosa lo corrobora con copia de su credencial de elector. Por lo que, conforme al artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, a juicio de este Juzgado de Distrito, el competente para conocer de la presente demanda de amparo es precisamente el Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por el hecho de que la quejosa manifestó que su domicilio personal se encuentra en el Estado de Puebla. Es aplicable al caso la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Agosto de dos mil uno, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Solicitando al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo No obstante lo anterior, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa el quejoso en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a los licenciados JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ DÁVILA, MARÍA DEL CARMEN RICO TORRES y JOSÉ JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ, toda vez que cuentan con su cédula debidamente registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las diversas personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten tener debidamente registrada su cédula profesional ante dicho sistema. En la inteligencia de que por cuanto al diverso domicilio que señala para oír y recibir notificaciones en el Estado de Puebla, será el Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, que conozca de la presente demanda de amparo quien deberá proveer lo que en derecho corresponda. Asimismo, respecto al correo electrónico que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que una vez que acredite ante este Juzgado Federal que cuenta con usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se acordará su petición en cuanto al fondo; ello a razón de que si es su deseo que las notificaciones le sean practicadas vía electrónica en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberá proporcionar el nombre de usuario que le fue proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal o bien realizar el trámite correspondiente ante el Consejo de la Judicatura Federal de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Por otro lado, se reserva acordar sobre lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta en tanto se resuelva sobre la admisión o no de la presente demanda de amparo. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen..."
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