Irineo Montero Ramírez
Expediente 1303/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Víctor Hugo Navarro Gálvez
- Irineo Montero Ramírez
- Irineo Montero Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de marzo de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en el cuaderno principal de este incidente causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de enero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Devolución de tomo de pruebas. Atento a lo proveído en párrafos que anteceden, al resultar innecesario conservar los legajos de pruebas señalados como Tomos I y II, remitidos por la responsable; en esa virtud, mediante atento oficio se ordena devolver a su lugar de origen las respectivas constancias. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE INFORMA CUMPLIMIENTO)
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con trece minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia, a que se refiere el artículo 124 de la ley de Amparo; sin la presencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes -quejoso, agente del Ministerio Público de la Federación y autoridad responsable-, así como con los informes con justificación y ampliación de éstos, rendidos por la responsable. Asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se determinó que 1María de los Ángeles Chavarin Sandoval, 2Calixto García Valenzuela, 3Crimilda Vázquez Gómez, 4Margarita Romero Quiroz, 5Romeo García Valenzuela, 6Reynaldo Andrés Federico Huasaqui y 7Ramón Cesar Ochoa Soto tienen el carácter de terceros interesados. Por lo anterior, con forme a lo establecido en los artículos 26 fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se ordenó emplazarlos a juicio, lo cual aconteció según se advierte de las constancias de emplazamiento que obran agregadas en autos. El juez acuerda: se tiene por hecha la relación y certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las diversas constancias y tres discos versátil digital (DVD), relativo a la causa penal 753/2018, remitidas por la autoridad responsable y la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda. Se tiene por perdido el derecho de formular alegatos, de los que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; con lo anterior, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1303/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el cinco de abril siguiente, por razón de turno al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, a)Irineo Montero Ramírez, b)Víctor Hugo Navarro Gálvez, c)Gloria Sotelo Cázares, d)Marco Antonio Olivarría Velázquez, e)María Jesús Sotelo Cázares, f)Marina Busane Gutiérrez, g)Ivón Karina Rodríguez Soqui y h)Benjamín Rodríguez Soqui solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama a la Segunda Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad. Por proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, el homólogo federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; dio a la representación social federal la intervención legal que le compete y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, por acuerdo de veinte de mayo del presente año, tuvo por ampliada la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado y dio a la representación social federal la intervención legal que le compete. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de la presente anualidad, dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si deseaba ampliar la demanda respecto de la la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno; no obstante estar notificada, la parte quejosa omitió realizar manifestaciones, por lo que el veintidós de julio subsiguiente, se determinó continuar con la tramitación del presente juicio respecto del acto reclamado y autoridad responsable señalados en el escrito inicial de demanda y su ampliación. En proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, el referido juzgador federal determinó que les recaía el carácter de terceros interesados a 1María de los Ángeles Chavarin Sandoval, 2Calixto García Valenzuela, 3Crimilda Vázquez Gómez, 4Margarita Romero Quiroz, 5Romeo García Valenzuela, 6Reynaldo Andrés Federico Huasaqui y 7Ramón Cesar Ochoa Soto, por lo que ordenó su emplazamiento a juicio, lo cual aconteció según se advierte de las constancias de emplazamiento que obran agregadas en autos. Por acuerdo de veinticinco de octubre del año que transcurre, el citado juzgador concluyó correspondía conocer del libelo de amparo, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, el nueve de noviembre siguiente, quien resuelve se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de referencia y su ampliación, ordenó su registro y la notificación a las partes, para los efectos legales conducentes, señalando fecha para el desahogo de la audiencia constitucional respectiva; la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: El quejoso d)Marco Antonio Olivarría Velázquez, reclama el desalojo del inmueble ubicado en: Lote 5, manzana 3, de la colonia Las Cuevitas. La quejosa e)María Jesús Sotelo Cázares, reclama el desalojo del inmueble ubicado en: Lote 4, manzana 13, de la colonia Las Cuevitas. La quejosa f)Marina Busane Gutiérrez, reclama el desalojo del inmueble ubicado en: Lote 5, manzana 13, de la colonia Las Cuevitas. Los diversos quejosos a)Irineo Montero Ramírez, b)Víctor Hugo Navarro Gálvez, c)Gloria Sotelo Cázares, g)Ivón Karina Rodríguez y h)Benjamín Rodríguez Soqui, reclaman el posible desalojo de los inmuebles ubicados en: Lote 13, manzana 3, de la colonia Las Cuevitas. Lote 12, manzana 9, de la colonia Las Cuevitas. Lote 13, manzana 3, de la colonia Las Cuevitas. Lote 5, manzana 11, de la colonia Las Cuevitas. Lote 4, manzana 3, de la colonia Las Cuevitas. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto identificado en los puntos A, C y D del apartado que antecede, reclamado al agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Segunda Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir informe justificado. Aunado a que la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa de la autoridad responsable, ni objetó la autenticidad del informe mencionado. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Segunda Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, únicamente en lo que respecta al desalojo del Lote 4, manzana 13, de la colonia Las Cuevitas, pues aunque no fue preciso al rendir su respectivo informe justificado, se acredita su existencia con las documentales que remitió. Resulta así, dado que de la copia certificada de las actas circunstanciadas de restitución provisional del referido inmueble, realizada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, se acredita el cumplimiento de la diversa resolución de diecinueve de febrero del dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 753/2018, por el juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en esta ciudad, determinación que se remitió en disco versátil digital (DVD). Videograbaciones y copias certificadas que adquieren el carácter de documentales públicas; por tanto, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 700, publicada en la página 1166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes 07 de junio de 2019, Décima Época, con número de registro electrónico 2020051, que dice: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar." Por lo anterior, debe considerarse existente el acto que se le reclama a la autoridad responsable, únicamente en lo que respecta al desalojo del Lote 4, manzana 13, de la colonia Las Cuevitas. Causas de improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la Ley de Amparo. De la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se actualice alguna cusa prevista en alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo, distintas a las previstas en el citado numeral. Luego, el artículo 108, fracción III, del citado ordenamiento, establece la carga procesal de la parte quejosa, de señalar en la demanda inicial a la autoridad o autoridades responsables a las que les atribuye el acto reclamado, requisito fundamental para analizar la inconstitucionalidad propuesta, en tanto que la autoridad responsable es parte de la controversia y debe tener la oportunidad de pronunciarse en relación con el acto que se le reclama. Además, en términos del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese orden, si la parte quejosa incumple con la carga de señalar como responsable a la autoridad que materialmente emitió u ejecutó el acto reclamado, o a la que omitió aquél que le era exigible, no es factible examinar la inconstitucionalidad de éste, debido a que no fueron llamadas a la instancia para defender la constitucionalidad de los actos que se combaten. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/205, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal" En el caso concreto, del informe justificado rendido por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Segunda Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, se advirtió que existe la orden desalojo que refiere la quejosa e)María Jesús Sotelo Cázares; sin embargo, ésta es únicamente respecto al lote 4, manzana 13, de la colonia Las Cuevitas, la cual proviene de la causa penal 753/2018, del índice de la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder judicial del Estado de Sonora. En tal virtud, por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda por lo que hace a la referida juez; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, el presente juicio continuaría únicamente por la autoridad y acto reclamado inicialmente. Asimismo, por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, toda vez que los quejosos no realizaron alguna manifestación en el sentido indicado, se hizo efectivo el apercibimiento; por ende, se ordenó resolver respecto del acto indicado en el escrito inicial, así como en su ampliación. Bajo ese cuadro fáctico, al encontrarse probado en autos que la emisión del acto reclamado, se encontró a cargo de una autoridad distinta de aquélla a la que la parte quejosa imputó su emisión, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, al no ser posible examinar su constitucionalidad, debido a que tal autoridad no fue llamada a la presente instancia constitucional, ante el desinterés de la parte quejosa de incorporarla a la presente litis para que defendiera la regularidad constitucional del acto que aquí que se reclama. Ello, pues la parte quejosa cuenta con la carga procesal de señalar como responsable a la autoridad que suscribe el acto reclamado, es decir, la que materialmente lo emite. Por tanto, si no se llama a juicio a una autoridad debido a la omisión de la parte quejosa de señalarla como responsable, tal omisión no puede suplirse, aun cuando la parte quejosa se encuentre dentro de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que la suplencia de la deficiencia de la queja opera exclusivamente respecto del análisis de los conceptos de violación y no respecto de la procedencia de la instancia constitucional; lo que en el caso aconteció, pues, en específico, la quejosa e)María Jesús Sotelo Cázares fue omisa en llamar a juicio a la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder judicial del Estado de Sonora, por ser quien emitió la orden de desalojo del inmueble identificado como lote 4, manzana 13, de la colonia Las Cuevitas, de esta ciudad. Apoya lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917, Septiembre 2011, tomo II, procesal constitucional 1, Común segunda parte-TCC décima primera sección -sentencias de amparo y sus efectos, página 2871, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable". Asimismo, cobra aplicación a lo anterior, la tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Decisión Bajo esas circunstancias, al estar demostrada en forma plena la causal de improcedencia invocada, con fundamento en fracción XXIII del numeral 61, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, cabe mencionar que el sobreseimiento decretado, impide entrar al estudio del fondo del asunto, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, página 49, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1°, 63, 73 y 74 de la Ley de Amparo se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por a)Irineo Montero Ramírez, b)Víctor Hugo Navarro Gálvez, c)Gloria Sotelo Cázares, d)Marco Antonio Olivarría Velázquez, e)María Jesús Sotelo Cázares, f)Marina Busane Gutiérrez, g)Ivón Karina Rodríguez Soqui y h)Benjamín Rodríguez Soqui, respecto del acto precisado en el apartado II, atribuido a la autoridad señalada y por las razones expuestas en los considerandos III, V y VI de este fallo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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