Irene Guadalupe Rodarte Yepiz
Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Irene Guadalupe Rodarte Yepiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Visto lo de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. II. Relación de constancias. Consta en autos que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno se dictó la resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable: ".Señale nueva fecha para el desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de Francisco Adrián Núñez Durazo, Luis Fernando Gastélum Salido y Jesús Alicia Guzmán Hinojosa en el juicio laboral 196/2016, dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." III. Ejecutoria. El once de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada resolución. IV. Cumplimiento de ejecutoria. Mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio 15253 y anexo presentado por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el dieciocho del mismo mes y año, señaló nueva fecha para el desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de Francisco Adrián Núñez Durazo, Luis Fernando Gastélum Salido y Jesús Alicia Guzmán Hinojosa en el juicio de origen para el veintisiete de octubre siguiente. V. Vista de cumplimiento. Con lo anterior, mediante el proveído de referencia -veinticinco de octubre de dos mil veintiuno-, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada el treinta de noviembre de ese año, y no realizó manifestación alguna en relación con el cumplimiento de la ejecutoria. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Depúrese el presente asunto una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. VIII. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y su Presidente, ambos de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria en los siguientes términos: ". Señale nueva fecha para el desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de a cargo (sic) de Francisco Adrián Núñez Durazo, Luis Fernando Gastélum Salido y Jesús Alicia Guzmán Hinojosa en el juicio laboral 196/2016, dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con treinta y siete minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, y con dos oficios con anexos suscrito por la autoridad responsable presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, por si y en representación de dicha junta, registrados con folios 13097 y 13226; a lo que el juez acuerda: agréguese a los autos los informes y documentales de referencia, mismos que serán tomados en cuenta al dictar la presente resolución y téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada. Sin embargo no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional ofertadas por la parte quejosa, así como las pruebas documentales ofrecidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 877/2021; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Irene Guadalupe Rodarte Yépiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, y otra autoridad. En diez de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: El auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se señaló fecha para el desahogo la probanza dentro del juicio laboral 196/2016. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, por haberlo manifestado así al rendir su informe justificado, certeza se corrobora con las documentales que exhibieron en apoyo, ya que de éstas se advierte el auto impugnado. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte peticionaria aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en razón de que existe una evidente dilación procesal en la etapa probatoria. El concepto de violación formulado por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder la Protección Federal que solicita la quejosa Para sustentar tal aserto, conviene precisar que en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se garantiza a favor del gobernado el acceso a la administración de justicia, cuya impartición debe ser pronta, lo cual implica una obligación a cargo de los tribunales de cumplir con los plazos y términos que se establecen en la ley aplicable. Cierto, en relación al derecho fundamental de acceso e impartición de justicia que contempla el memorado numeral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se integra por los principios siguientes: De justicia pronta. Lo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; De justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; De justicia imparcial. Principio que contempla que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, De justicia gratuita. Cuestión que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El primero de los principios antedichos ?en el que se ubica el caso concreto?, consagra el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder a tribunales que se encuentren expeditos, independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, todo lo cual deberá hacerse dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. El aserto anterior implica que no se puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues ello constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesaria, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Apoya lo expuesto, las jurisprudencias 1a./J. 42/2007 y 2a./J. 192/2007, emitidas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las voces y textos siguientes. "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En esa intelección, asiste razón al impetrante al aducir que la autoridad responsable incurre en omisiones y dilaciones en el trámite del juicio laboral 196/2016, pues no lo tramitan dentro de los plazos y términos legales, y con ello conculcan sus derechos fundamentales, específicamente la prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, pues debe dictar sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez admitidas las pruebas se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, así como que cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado, dicho periodo no deberá exceder de treinta días. Es así, ya que de los antecedentes que informan al presente expediente, se advierte que: La parte quejosa interpuso demanda laboral ante la responsable, la cual fue radicada como juicio laboral 196/2016. Seguida la secuela procesal, por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, la responsable señaló el nueve de noviembre de dos mil veintiuno para el desahogo de la probanza testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio mencionado. De lo anterior, se deduce que a la fecha de interposición de la demanda de amparo, se encontraba pendiente de desahogar la prueba testimonial a cargo de Francisco Adrián Núñez Durazo, Luis Fernando Gastelum Salido y Jesús Alicia Guzmán Hinojoza. Sin que de las constancias que integran el expediente laboral se advierta que la junta responsable hubiere tomado las medidas necesarias para lograr su desahogo. Sin que obste a lo anterior, que dentro del mismo auto impugnado, se haya regularizado el procedimiento y se haya ordenado la presentación de Francisco Adrián Núñez Durazo y Jesús Alicia Guzmán Hinojosa por conducto de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de esta ciudad, en razón que de las constancias agregadas en autos solo se aprecia el oficio 109/21 de trece de mayo de dos mil veintiuno, dirigido a la jefatura de la policía aludida, sin embargo, no se aprecia acuse de recibo de la misma, aunado a que el mismo no justifica la fecha señalada para el desahogo del multicitado medio de convicción señalado fuera del término legal. De ahí que tal dilación de la junta responsable se traduce en una violación al principio de expeditez procesal que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, porque el juicio se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, que se desarrollan en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente una sentencia, los cuales deberán realizarse en los plazos que fije la ley y, debido al vínculo tan cercano que existe entre estas etapas y actos, el retraso o la omisión en alguna de éstas, influye en los subsecuentes, y con ello se infringe el principio de justicia pronta que integra el derecho fundamental de acceso e impartición de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones: Señale nueva fecha para el desahogo de las pruebas testimoniales a cargo de a cargo de Francisco Adrián Núñez Durazo, Luis Fernando Gastélum Salido y Jesús Alicia Guzmán Hinojosa en el juicio laboral 196/2016, dentro del plazo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En el entendido que deberá realizar todas las gestiones necesarias a fin de lograr su desahogo, esto es, deberá emplear los medios de apremio establecidos en la referida ley, para la consecución del desahogo probatorio. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza así: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". En mérito de lo anteriormente expuesto, y fundado, además en lo establecido por los numerales 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irene Guadalupe Rodarte Yépiz, respecto del acto reclamado en el considerando II, de este fallo, por las razones y para los efectos expuestos en los considerando IV y V, de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). De la certificación que antecede se advierte que a las autoridades señaladas como responsables, no les ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con treinta y siete minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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