Irene Torres Ferreira
Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Irene Torres Ferreira
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de siete de julio de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ******, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 18, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no hacerlo estos serán depurados del presente expediente judicial.
- Principal
Agréguese a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponde, el oficio que firma la síndico del Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de treinta de junio pasado; lo anterior, en razón de que por auto de siete de julio del año actual, se desechó la demanda de amparo que originó el presente expediente judicial.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que firma la quejosa ***********; en atención a su contenido, se le tiene desahogando, en sus términos, la prevención contenida en proveído de radicación -treinta de junio de dos mil veintiuno-. Se desecha la demanda Al respecto, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y su aclaración, para de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, así como de su aclaración, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado: El aviso de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual la Presidencia Municipal de Moroleón, Guanajuato, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Obras Públicas, le comunicó la realización de trabajos de obra pública -pavimentación, drenaje sanitario y red hidráulica- de la calle América (tramo de 12 de octubre a Padre Quintana) en dicha municipalidad; y, como consecuencia de este, La determinación por la que se aprobó y ordenó la realización de los trabajos de obra pública a realizarse en la mencionada vialidad, incluido el proyecto para su realización y su ejecución. Precisión de actos que también encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Fijado lo anterior, esta potestad federal considera que, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente - previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y su aclaración, así como sus anexos, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra del acto reclamado consistente en el aviso de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual la Presidencia Municipal de Moroleón, Guanajuato, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Obras Públicas, le comunicó la realización de trabajos de obra pública -pavimentación, drenaje sanitario y red hidráulica- de la calle América (tramo de 12 de octubre a Padre Quintana) en dicha municipalidad; y, en vía de consecuencia, la determinación por la que se aprobó y ordenó la realización de los trabajos de obra pública a realizarse en la mencionada vialidad, incluido el proyecto para su realización y su ejecución Sin embargo, previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales que nos ocupa, la parte agraviada debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Ello, porque a través de su instauración se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establece: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." Ahora de la lectura íntegra del precepto trascrito, se advierte la existencia del medio de impugnación que prevé el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es juicio contencioso administrativo local, mismo que resulta la alternativa del quejoso para controvertir el acto que ahora cuestiona en forma destacada. Luego, los actos destacados y en vía de consecuencia aquí reclamados, encuadran en tal hipótesis, por lo que, son impugnables a través del medio ordinario de defensa aludido en parágrafos precedentes. Ciertamente, de lo anterior se obtiene que en contra del acto reclamado destacado -aviso de realización de trabajos de obra pública- y, en vía de consecuencia, la determinación por la que se aprobó y ordenó la realización de los trabajos de obra pública a realizarse en la mencionada vialidad, incluido el proyecto para su realización y su ejecución, la peticionaria de amparo debió interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud del mismo, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión de los actos cuestionados -en caso de que la quejosa hubiere tenido la intención de solicitarla-, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, el citado medio ordinario de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el medio de defensa que debió interponer está previsto en una ley, aunado a que la quejosa no solo aduce violaciones a la constitución, sino también expresa motivos de disenso de legalidad, al expresar, entre otros, que el proyecto es nulo de pleno derecho ya que no reúne los requisitos del artículo 37 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Determinación judicial En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, constitucional, resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por Irene Torres Ferreira, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por *****; en contra de actos del Ayuntamiento Municipal de Moroleón, Guanajuato y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16. 39 y 134 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 431/2021-5. Prevención de la demanda Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracción I y V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído: 1.- Precise qué acto en concreto reclama de cada una de las cinco autoridades que señala como responsables. Lo anterior, toda vez que enumera tanto autoridades como actos cuestionados; sin embargo, omite indicar que hayan participado en su emisión o en su ejecución; tampoco expresa qué o cuáles actos atribuye a cada autoridad, o bien, si a cada una de estas, les atribuye la totalidad de actos. Este punto es relevante que se aclare para que las responsables sepan con precisión el acto o actos que les reclaman y con ello estén en aptitud de rendir adecuadamente su informe justificado negándolo o aceptándolo y, en su caso, defender su legalidad. 2. Del ocurso de derechos fundamentales se advierte que la parte agraviada afirma que la orden para llevar a cabo la obra pública (de pavimentación, drenaje sanitario y red hidráulica sobre la calle *******, en Moroleón, Guanajuato), carece de fundamentación. Esta afirmación entraña que se impuso de tal acto, por la cual el Ayuntamiento del Municipio de Moroleón, Guanajuato, o alguna otra de las autoridades señaladas como responsables ordenó la realización de los trabajos de la obra pública en cita; por tanto, que manifieste cómo o por cuál medio tuvo conocimiento o se impuso de la referida determinación. Solo para el caso de que cuente con copia o constancia relativa a la mencionada determinación, de ser posible, exhiba copia de la misma o en su defecto, exprese el impedimento que tenga para tal fin. Cuestiones requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional; así también, eventualmente establecer los alcances jurídicos de la suspensión de los actos reclamados. 3. Exhiba tres copias más de su escrito inicial de demanda con anexos, toda vez que, en su caso, se hacen necesarias un total de ocho copias y solamente exhibió cinco; lo anterior, en razón de que se ocupan cinco para las autoridades señaladas como responsables, dos para el incidente de suspensión que solicita y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En la inteligencia que del escrito aclaratorio, igualmente deberá exhibir las copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes en la proporción descrita por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema en trato la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en el escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Apercibimiento Se apercibe a la parte agraviada que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Solicitud de constancias a las autoridades responsables. No obstante lo anterior, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Ayuntamiento del municipio de Moroleón, Guanajuato, para que dentro el término de veinticuatro horas siguientes a la notificación que del presente se le haga, remita copia certificada de la determinación por la que se aprobó y ordenó la realización de los trabajos de obra pública a realizarse en calle***** de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, que reclama la quejosa en su demanda de amparo. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento formulado, se impondrá a tal autoridad una multa de cien hasta mil días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 117, 238 y 251 del ordenamiento legal invocado. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que menciona en el escrito de demanda para dicho efecto. Así también, se tiene como sus autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que designa en su escrito de demanda, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las mismas tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), como así lo exige el artículo 12 de la invocada legislación; sin perjuicio que, de acreditar que tales designados se ubican en tal supuesto, se acuerde su designación en términos amplios. Habilitación de días y horas para realizar Notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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