Irene Castro Martin del Campo

Expediente 266/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
266/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Irene Castro Martin del Campo
  • IRENE CASTRO MARTIN DEL CAMPO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de once de los actuales, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********* , sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención.

  2. Principal

    Por recibido el escrito signado por la quejosa *********; a través del cual en cumplimiento al requerimiento de uno del mes y año en curso, indica bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el dos de febrero de dos mil veintidós, al estar presente en la diligencia de exequendo ordenada en el juicio de origen el cuatro de noviembre del año próximo pasado. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, así como al libelo constitucional, con fundamento en los artículos 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en el escrito registrado con el número 3050, manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se desprende que tuvo conocimiento del acto que combate en esta vía constitucional el dos de febrero del presente año, al estar presente en la diligencia efectuada en dicha data, misma que se realizó en cumplimiento a lo ordenado el cuatro de noviembre del año próximo pasado en el juicio natural. De lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley adjetiva. El precepto citado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Sobre los plazos, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos establecen lo siguiente: a. Por regla general, el término para la promoción del juicio de amparo es de quince días, excepto cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b. El término de quince días para la presentación de la demanda de amparo que se menciona en el párrafo anterior, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo en que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional no son de aquellos que se enumeran en el ordinal 17 de la ley de la materia, ya que consisten en el embargo practicado el pasado dos de febrero del año en curso. Ahora bien, en el escrito signado por la quejosa con el que dio cumplimiento al requerimiento de uno del mes y año en curso, indicó bajo protesta de decir verdad que "en ningún momento me llego ninguna notificación personal"; y, que se enteró del auto de exequendo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno "el día 2 de febrero del año en curso, llegó a mi domicilio El actuario Licenciado Edgar Antonio Mexicano Aguilera, actuario designado en turno por la oficina central de actuarios en el partido judicial de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, y mismo que tiene credencial del poder judicial con número 43773". Por ende, es evidente que dada la naturaleza del acto, la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contados a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento y acceso al acto reclamado, a saber, a partir del tres de febrero de do mil veintidós, por lo que los quince días con que contaba para promover su demanda de amparo transcurrieron del tres al veinticuatro de febrero actual, con exclusión de los días cinco, seis, siete, doce, trece, diecinueve y veinte del mes y año en cita, por ser inhábiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De igual forma, apoya la anterior determinación, por las consideraciones que ahí expone, la tesis XIII.P.A.38 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.", si se trata de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y tomando en consideración que dicha determinación no se la notificará la autoridad responsable al quejoso, por existir una restricción legal expresa, el cómputo del plazo para presentar una nueva demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe por el cual la autoridad responsable remite el nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria, y ordena dar vista al quejoso, salvo que se acredite plenamente, que antes de la notificación mencionada, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso, el cómputo comienza a partir del día siguiente a ese conocimiento. Una interpretación en sentido contrario, implicaría desconocer la notificación de la nueva orden de aprehensión emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que traería como consecuencia alterar el artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento los plazos establecidos por el legislador." Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, como se evidencia de la papeleta de registro, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; por tanto, se considera que fueron tácitamente consentidos los actos reclamados en esta vía constitucional. Por tanto, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de dicho ordenamiento, se desecha de plano la demanda.

  3. Principal

    Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo a nombre **********; en contra de actos de la juez menor mixto de Cortázar; Guanajuato y otra autoridad. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 14, 15, 17, fracción IV, 20, 24, 35, 107, 108, 109, 112, segundo párrafo, 115, de la Ley de Amparo, se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 266/2022-I. Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído y bajo protesta de decir verdad: Indique bajo protesta de decir verdad cómo, cuándo y por conducto de quién se enteró del auto de exequendo emitido en contra de **********, el cuatro de noviembre del año próximo pasado, en el juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del juzgado Único Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, y que combate en esta vía constitucional con el carácter de tercera extraña al juicio. Ello, en virtud de que tale cuestiones resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo. En la inteligencia de que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para el traslado a las partes; en la proporción establecida en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, novena época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Considerando que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Cesar Josafat Mondragón Delgado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, dado que el mismo no tiene registrada cedula profesional en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); ello hasta en tanto se subsane dicha situación y a la diversa que señala en los mismos términos por así solicitarlo expresamente . Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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