Irene Medina Martínez
Expediente 510/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Irene Medina Martínez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo del año en curso, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por IRENE MEDINA MARTÍNEZ, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA SU ARCHIVO Y DEPURACIÓN Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009 En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que el presente cuaderno no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se estima que encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCIÓN Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa IRENE MEDINA MARTÍNEZ, a través del cual cumple la prevención que le fue formulada en auto de tres de mayo del año en curso. Ahora, no obstante la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en torno a la discapacidad mental que refiere padecer, no procede esgrimir cuestionamiento alguno, toda vez que, como se desprende de las constancias que integran el presente expediente, no existe actuación alguna que ponga de manifiesto que dicha condición haya sido acreditada. Atento a lo anterior, dígase a la promovente que: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Del texto del precepto legal transcrito en último término, se desprende que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra los actos pronunciados durante el procedimiento de remate, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el mismo; entendiéndose por tal la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes rematados. Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 237/2014, con la tesis aislada IX.1o.12 C (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESTE PROCEDIMIENTO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE EN FORMA DEFINITIVA DETERMINA LA ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE ESCRITURACIÓN, EXISTA O NO, LA DE ENTREGA DEL BIEN REMATADO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2046, registro digital: 2008296. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 376/2014, resolvió que la orden de otorgamiento de escritura de adjudicación no es la última resolución del procedimiento de remate; lo anterior en virtud de que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala expresamente que la última resolución en el procedimiento de remate, en contra de la cual procede el amparo indirecto, es aquella que ordena en definitiva tanto el otorgamiento de la escritura de adjudicación como la entrega de los bienes rematados. Tesis de jurisprudencia 13/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. El ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que se puedan reclamar a través de este medio de control constitucional las resoluciones intermedias pronunciadas durante el procedimiento de remate, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; no obstante, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia; también cabe mencionar la orden de arresto dictada como medida de apremio, ya que la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que por regla general, un acto dictado en el procedimiento de remate solo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el mismo y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en dicha etapa, ocasionaría un afectación de imposible reparación, como cuando se reclama el acuerdo por el que no se provee de conformidad la solicitud de adjudicación directa del inmueble objeta de la ejecución de sentencia. Época: Décima Época Registro: 2011255 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o.90 K (10a.) Página: 1680 AMPARO INDIRECTO. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL DE SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE LA ADJUDICACIÓN DE UN INMUEBLE OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. Por regla general para la procedencia del juicio de amparo contra actos después de concluido el juicio debe tomarse en cuenta si la resolución es dictada: a) fuera o después de un procedimiento de ejecución o remate; b) en un procedimiento de ejecución, sólo procede contra aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; c) en un procedimiento de remate, sólo procede contra aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; lo anterior, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el citado numeral, en su fracción V establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que se considera que dicha regla de procedencia opera en el procedimiento de ejecución tratándose de actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada, lo que implica que deben ser autónomos a ésta. En este sentido, el acto que se reclame como de imposible reparación en el procedimiento de ejecución deberá cumplir con las siguientes características: i) Ser intermedio dentro del procedimiento de ejecución; ii) Ser autónomo a la institución de la cosa juzgada; y, iii) Lesionar derechos sustantivos. Estos supuestos tienen como sustento teleológico, que el legislador privilegió en todo momento la ejecución de la sentencia por tratarse de una cuestión de interés general, en tanto que como cosa juzgada debe llevar aparejada su realización fáctica a favor de la parte vencedora del litigio, como vertiente del derecho fundamental de acceso a la justicia, además de que concreta la acción jurisdiccional del Estado, como parte de sus fines y, por ende, de la sociedad en general. Empero, no debe pasar inadvertido que este derecho constitucional puede ser lesionado dentro del procedimiento de ejecución, mediante un acto de imposible reparación, lo que conllevaría la procedencia del amparo indirecto, como en el caso en que se reclama el acuerdo por el que no se provee de conformidad la solicitud de adjudicación directa del inmueble objeto de la ejecución de sentencia, con motivo del incumplimiento de un requisito procesal, porque debe atenderse a que la finalidad de dicha solicitud es agilizar la etapa ejecutiva de la sentencia y no obstaculizarla, por lo que es de carácter autónomo por no derivar de la cosa juzgada y podría lesionar el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales, en tanto que su objeto es analizar si es correcto o no que exista un obstáculo legal que impida la culminación del procedimiento de ejecución. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 150/2015. Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., S.F. de O.M., Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal. Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación. En relación al contenido de la fracción IV, último párrafo, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla, como por ejemplo, un incidente de falta de personalidad o personería, que no obstante ser una violación procesal de carácter relevante, su resolución no sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto desde luego, sino hasta que se dicte la resolución final que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Asimismo, que por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de procedimiento de remate deberá reunir esas dos características: afectar directamente algún derecho sustantivo, y también deberá estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior conforme la jurisprudencia número 108/2010, que se publicó en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Del análisis de la demanda que dio origen al presente expediente, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y a fin de evidenciarlo, es necesario destacar que medularmente la quejosa comparece a reclamar del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el auto de siete de febrero del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 794/2017, mediante el cual ordenó convocar a licitadores a una audiencia de remate del bien inmueble materia del juicio que nos ocupa. Como antecedentes de dichos actos la impetrante manifestó, bajo protesta de decir verdad, que fue parte dentro del juicio ejecutivo mercantil número 794/2017, en el que se le emplazó, compareció a dar contestación a la demanda, dictándose sentencia definitiva en la que se le condenó al pago de la suerte principal e interés respectivos, y posteriormente, en la fase de ejecución del juicio de origen, se dictó la resolución de siete de febrero de este año, que ordenó convocar a licitadores a la audiencia de remate del bien inmueble que reclama la quejosa. De lo narrado se concluye que los actos reclamados por la quejosa fueron dictados dentro de la etapa de procedimiento de remate del juicio ejecutivo mercantil número 794/2017, que según se advierte de los antecedentes narrados por la propia impetrante, se encuentra concluido por sentencia firme que la condenó y ordenó continuar con la tramitación de la fase ejecutiva del juicio, respectivamente con el remate del bien inmueble embargado. Empero, no constituyen el acto definitivo al que se refiere el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es la resolución que pone fin a esa etapa, ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación por la entrega de los bienes rematados. Lo anterior es así para evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de sentencia, la cual, por razón de interés público, no pueden entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Se cita en apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia número 1a./J. 29/2003, consultable en la página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Del mismo modo, se invoca la jurisprudencia número 235, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia número P./J.108/2010, página 6, XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que fue citado con antelación y del rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Sin embargo, en el caso particular se estima que no aplica el supuesto de excepción de que trata dicha jurisprudencia para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo y determinar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el auto que ordenó convocar a licitadores a audiencia de remate del bien inmueble materia del juicio en que se actúa, no es un acto ajeno a la cosa juzgada, pues a través de esa determinación se pretende su cumplimiento y con ello no se afectan de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que sólo afectarían derechos procesales dentro de la etapa de ejecución. Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por IRENE MEDINA MARTÍNEZ, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe. Arg
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Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito aclare su demanda sobre el siguiente punto: 1. Para que en forma cronológica, sucinta y ordenada, narre los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto que se combate en este órgano federal. 2.- Asimismo, deberá manifestar la fecha en que se tuvo conocimiento o se hizo sabedor del auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 794/2017, pues es omisa al respecto en su demanda. 3.- Manifieste si alguna autoridad competente para ello, la declaró en estado de interdicción y de ser así proporcione las constancias con las que acredite su dicho; asimismo, si esa circunstancia, lo hizo del conocimiento de la autoridad responsable, es decir ante quien se tramitó el juicio ejecutivo 794/2017 de donde deriva el acto reclamado. 4.- Toda vez que de su escrito de demanda se desprende que en el segundo párrafo de la misma afirma que demanda el amparo y protección contra el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mientras que en el capítulo relativo a la autoridad responsable hace referencia al "Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad"; en tanto, que de la lectura integra de la demanda se desprende que la materia del acto reclamado es un juicio ejecutivo mercantil; deberá especificar el nombre correcto de la autoridad responsable; lo anterior, en virtud de que es un requisito indispensable para integrar la litis constitucional. Es pertinente hacer saber a la parte quejosa que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se le solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. 5. Para que de su escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes. APERCIBIMIENTO. Apercibida de que, en caso de no cumplir con lo requerido, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que de la búsqueda realizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que no cuentan con cedulas registradas en el referido sistema y, por tanto, no se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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