Inocencio Ávila Ávalos
Expediente 561/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Inocencio Ávila Ávalos
- Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución con engrose de veintiocho de junio del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio promovido por Inocencio Ávila Avalos; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución de las copias certificadas, relativas al juicio sucesorio intestamentario número 499/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, que adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno incidental es susceptible de conservarse, ya que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase el original de los cuadernos de suspensión al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por Inocencio Ávila Avalos, por propio derecho contra actos del: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Inocencio Ávila Avalos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "III. Señalo como Autoridades Responsables. 1.- Al Juez Séptimo de lo Civil (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: Al C. Juez Séptimo de lo Civil se le reclama. 1.- El inferirme actos de molestia en mi persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sin que exista un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 2.- Pretender privarme de mis posesiones propiedades y derechos, sin emplazarme a Juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3.- Pretender privarme de la propiedad y posesión que tengo sobre la casa marcada con el número 323 y 328 de la calle 5 de febrero del Sector Revolución, actualmente colonia Obrera en esta ciudad de Morelia, Michoacán, la que he tenido en posesión en forma pacífica, pública y continua desde el día 27 de junio del año 1995, tal y como lo acredito con el contrato celebrado con el C. José Alfonso Loaiza Fraga el cual anexo al presente escrito, el que se anexa en copia certificada por Notario Público." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente ******************** y se admitió a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, se reconoció el carácter de tercero interesado a Ana Victoria Becerril Loaiza; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se celebró el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se combate la afectación del inmueble de su propiedad ubicado en esta ciudad, dentro de un juicio civil. Lugar y materia sobre las que este juzgado constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, el quejoso reclama del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en esta ciudad, como tercero extraño en estricto sentido lo siguiente: Lo actuado dentro del procedimiento sucesorio intestamentario 499/2022 de su índice, denunciado por Blanca y José Francisco ambos de apellidos Fraga Cortés, así como Ana Victoria, José, Gabriela, Laura, Jorge Alberto y Sara de apellidos Becerril Loaiza, a bienes de José Alfonso Loaiza y/o José Alfonso Fraga; y, como consecuencia de ello, la privación de sus derechos de propiedad y posesión de la casa marcada con los números 323 y 328 de la calle 5 de febrero del Sector Revolución, actualmente Colonia Obrera, de esta ciudad, sin haber sido oído y vencido en dicho juicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le atribuye. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 499/2022, de su estadística, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que obra en dos tomos de prueba por separado y que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene por probada la existencia de los actos que en esta vía constitucional son reclamados a las autoridades responsables. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Dilucidado lo anterior, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, ******************** instó el presente juicio de amparo como tercero extraño en estricto sentido, pues refiere no haber tenido conocimiento del juicio sucesorio intestamentario de origen, aduciendo que desde el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, es propietario y poseedor del inmueble materia del juicio sucesorio, virtud al contrato de compraventa que celebró con el de cujus José Alfonso Loaiza y/o José Alfonso Fraga. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz controvertido, era necesario que para la justificación del interés jurídico la peticionaria de la protección constitucional acreditara la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis XXI.2o.48 C: "INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." En ese mismo orden de ideas, debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional conste de manera fehaciente, por ejemplo, en un instrumento probatorio de carácter documentario, esto es, lo que se conoce como documento de fecha cierta. Lo anterior con la finalidad de dar eficacia a la garantía de seguridad jurídica respecto al momento en que realmente se pueda considerar como existente el acto jurídico que en el documento se consigne y que es el derecho que se pretenda defender en la sede constitucional. A mayor abundamiento, respecto del documento de fecha cierta debe decirse que si bien no existe alguna regulación en precepto normativo concreto que así lo defina, lo cierto es que el mencionado tema deriva exclusivamente de la interpretación jurisprudencial que al efecto han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir interpretación jurídica obligatoria, razón por la cual debe atenderse al contenido de los criterios que sobre el particular ha sustentado esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resulta obvio que la interpretación realizada por tal órgano jurisdiccional habrá de prevalecer respecto de cualquiera otra, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de este tema, emitió la siguiente jurisprudencia 46/99 de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Por su parte, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formuló la tesis que enseguida se transcribe: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." De lo expuesto, se tiene que el Alto Tribunal ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se obtiene cuando se actualizan las hipótesis jurídicas siguientes: A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si no se surten los supuestos enlistados el documento privado no puede generar eficacia probatoria, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar certidumbre probatoria en torno a la fecha en que existe el mismo y con ello seguridad jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, y por lo mismo no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo. Por tanto al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Ahora, luego de examinar las constancias que integran el expediente que se resuelve, es factible concluir que el documento exhibido por el peticionario de la protección constitucional no tiene fecha cierta previa al acto de afectación, por ende; que sea suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en esta vía constitucional. Se afirma lo anterior, porque si bien para acreditar su interés jurídico exhibió copia cotejada del contrato de compraventa fechado el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, ante el Juez municipal de Cuitzeo, Michoacán, quien actuó con el secretario del juzgado que autorizó, en el que José Alfonso Loaiza Fraga vendió a Inocencio Ávila Avalos la casa habitación localizada en la calle 5 de febrero, número trescientos veintitrés y trescientos veintiocho, del Sector Revolución, en Morelia, Michoacán. Lo cierto es que la certificación del notario público titular número treinta y seis, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, que aparece en la parte posterior de la segunda página del contrato de compraventa, que es la que podría considerarse la cierta del pacto, es de data nueve de mayo de dos mil veintitrés; es decir, posterior a aquella en la que se emitió la resolución interlocutoria que recayó a la segunda sección del procedimiento natural, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, donde se incluyó dicho bien raíz como parte de la masa hereditaria. Sobre todo que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Código Civil del Estado, no prevén como facultades de los jueces municipales dar fe de los contratos que celebren los particulares. Ciertamente, existe la posibilidad de que en una contienda civil se embargue, remate y adjudique un bien, y que con motivo de ello deba otorgarse la escritura correspondiente al adjudicatario, supuesto en el que de cumplir voluntariamente el condenado, el Juez podrá hacerlo en su rebeldía, tal como lo dispone el artículo 854 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; empero, atendiendo al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, si en el caso, no existe un precepto que autorice a los Jueces municipales a dar fe de los actos que realicen los particulares y de la documental exhibida no se desprende el motivo por el que se justificara dicha actuación, es dable concluir que la documental exhibida carece de fecha cierta porque el funcionario ante el que se celebró carecía de facultades para ello por razón de su oficio. Lo anterior en modo alguno significa que se esté prejuzgando sobre el valor que dicho documento puede tener frente a otro, sino que únicamente para efectos del juicio de amparo es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, ya que no genera certeza sobre el por qué el Juez municipal expidió dicho documento, para de ese modo poder valorar la legalidad de su contenido. Por tanto, este juzgador federal no puede llegar a la conclusión de que el documento de mérito tiene el alcance probatorio suficiente para tener por acreditado indubitablemente el interés jurídico de la justiciable en relación con el derecho relativo al bien raíz que pretende defender en esta sede constitucional, ello con base en las consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes. En suma, no obstante que la quejosa aduce ser propietaria del inmueble a que se refiere en la demanda, tal circunstancia no fue debidamente acreditada únicamente en lo que corresponde a la fecha cierta de dicho documento. Por ello, de estimar que el mejor derecho respecto del bien que defiende le pertenece, el quejoso deberá instar ante la autoridad civil correspondiente lo que a su interés convenga, a fin de que en un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, un juez civil dirima a quién pertenece el inmueble materia de este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis (V Región) 5o.10 C (10a.), de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA). Conforme a la doctrina judicial, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese; por tanto, carece de éste el quejoso que, ostentándose como tercero extraño a juicio, reclama la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura, pues aun cuando resultara ser propietario del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de la sentencia que ahí se pronuncia, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no lo priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o de algún tercero." Por ende, al no haberse acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables, las cuales quedaron precisadas con antelación. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Inocencio Ávila Avalos, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
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DADA LA RAZÓN ACTUARIAL DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 Y EN ATENCIÓN AL AUTO DE FECHA DIEZ DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, la resolución con engrose de VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por Inocencio Ávila Avalos, por propio derecho contra actos del: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Inocencio Ávila Avalos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "III. Señalo como Autoridades Responsables. 1.- Al Juez Séptimo de lo Civil (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: Al C. Juez Séptimo de lo Civil se le reclama. 1.- El inferirme actos de molestia en mi persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sin que exista un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 2.- Pretender privarme de mis posesiones propiedades y derechos, sin emplazarme a Juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3.- Pretender privarme de la propiedad y posesión que tengo sobre la casa marcada con el número 323 y 328 de la calle 5 de febrero del Sector Revolución, actualmente colonia Obrera en esta ciudad de Morelia, Michoacán, la que he tenido en posesión en forma pacífica, pública y continua desde el día 27 de junio del año 1995, tal y como lo acredito con el contrato celebrado con el C. José Alfonso Loaiza Fraga el cual anexo al presente escrito, el que se anexa en copia certificada por Notario Público." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente ******************** y se admitió a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, se reconoció el carácter de tercero interesado a Ana Victoria Becerril Loaiza; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se celebró el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se combate la afectación del inmueble de su propiedad ubicado en esta ciudad, dentro de un juicio civil. Lugar y materia sobre las que este juzgado constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, el quejoso reclama del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en esta ciudad, como tercero extraño en estricto sentido lo siguiente: Lo actuado dentro del procedimiento sucesorio intestamentario 499/2022 de su índice, denunciado por Blanca y José Francisco ambos de apellidos Fraga Cortés, así como Ana Victoria, José, Gabriela, Laura, Jorge Alberto y Sara de apellidos Becerril Loaiza, a bienes de José Alfonso Loaiza y/o José Alfonso Fraga; y, como consecuencia de ello, la privación de sus derechos de propiedad y posesión de la casa marcada con los números 323 y 328 de la calle 5 de febrero del Sector Revolución, actualmente Colonia Obrera, de esta ciudad, sin haber sido oído y vencido en dicho juicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le atribuye. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 499/2022, de su estadística, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que obra en dos tomos de prueba por separado y que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene por probada la existencia de los actos que en esta vía constitucional son reclamados a las autoridades responsables. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Dilucidado lo anterior, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, ******************** instó el presente juicio de amparo como tercero extraño en estricto sentido, pues refiere no haber tenido conocimiento del juicio sucesorio intestamentario de origen, aduciendo que desde el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, es propietario y poseedor del inmueble materia del juicio sucesorio, virtud al contrato de compraventa que celebró con el de cujus José Alfonso Loaiza y/o José Alfonso Fraga. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz controvertido, era necesario que para la justificación del interés jurídico la peticionaria de la protección constitucional acreditara la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis XXI.2o.48 C: "INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." En ese mismo orden de ideas, debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional conste de manera fehaciente, por ejemplo, en un instrumento probatorio de carácter documentario, esto es, lo que se conoce como documento de fecha cierta. Lo anterior con la finalidad de dar eficacia a la garantía de seguridad jurídica respecto al momento en que realmente se pueda considerar como existente el acto jurídico que en el documento se consigne y que es el derecho que se pretenda defender en la sede constitucional. A mayor abundamiento, respecto del documento de fecha cierta debe decirse que si bien no existe alguna regulación en precepto normativo concreto que así lo defina, lo cierto es que el mencionado tema deriva exclusivamente de la interpretación jurisprudencial que al efecto han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir interpretación jurídica obligatoria, razón por la cual debe atenderse al contenido de los criterios que sobre el particular ha sustentado esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resulta obvio que la interpretación realizada por tal órgano jurisdiccional habrá de prevalecer respecto de cualquiera otra, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de este tema, emitió la siguiente jurisprudencia 46/99 de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Por su parte, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formuló la tesis que enseguida se transcribe: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." De lo expuesto, se tiene que el Alto Tribunal ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se obtiene cuando se actualizan las hipótesis jurídicas siguientes: A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si no se surten los supuestos enlistados el documento privado no puede generar eficacia probatoria, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar certidumbre probatoria en torno a la fecha en que existe el mismo y con ello seguridad jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, y por lo mismo no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo. Por tanto al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Ahora, luego de examinar las constancias que integran el expediente que se resuelve, es factible concluir que el documento exhibido por el peticionario de la protección constitucional no tiene fecha cierta previa al acto de afectación, por ende; que sea suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en esta vía constitucional. Se afirma lo anterior, porque si bien para acreditar su interés jurídico exhibió copia cotejada del contrato de compraventa fechado el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, ante el Juez municipal de Cuitzeo, Michoacán, quien actuó con el secretario del juzgado que autorizó, en el que José Alfonso Loaiza Fraga vendió a Inocencio Ávila Avalos la casa habitación localizada en la calle 5 de febrero, número trescientos veintitrés y trescientos veintiocho, del Sector Revolución, en Morelia, Michoacán. Lo cierto es que la certificación del notario público titular número treinta y seis, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, que aparece en la parte posterior de la segunda página del contrato de compraventa, que es la que podría considerarse la cierta del pacto, es de data nueve de mayo de dos mil veintitrés; es decir, posterior a aquella en la que se emitió la resolución interlocutoria que recayó a la segunda sección del procedimiento natural, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, donde se incluyó dicho bien raíz como parte de la masa hereditaria. Sobre todo que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Código Civil del Estado, no prevén como facultades de los jueces municipales dar fe de los contratos que celebren los particulares. Ciertamente, existe la posibilidad de que en una contienda civil se embargue, remate y adjudique un bien, y que con motivo de ello deba otorgarse la escritura correspondiente al adjudicatario, supuesto en el que de cumplir voluntariamente el condenado, el Juez podrá hacerlo en su rebeldía, tal como lo dispone el artículo 854 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; empero, atendiendo al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, si en el caso, no existe un precepto que autorice a los Jueces municipales a dar fe de los actos que realicen los particulares y de la documental exhibida no se desprende el motivo por el que se justificara dicha actuación, es dable concluir que la documental exhibida carece de fecha cierta porque el funcionario ante el que se celebró carecía de facultades para ello por razón de su oficio. Lo anterior en modo alguno significa que se esté prejuzgando sobre el valor que dicho documento puede tener frente a otro, sino que únicamente para efectos del juicio de amparo es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, ya que no genera certeza sobre el por qué el Juez municipal expidió dicho documento, para de ese modo poder valorar la legalidad de su contenido. Por tanto, este juzgador federal no puede llegar a la conclusión de que el documento de mérito tiene el alcance probatorio suficiente para tener por acreditado indubitablemente el interés jurídico de la justiciable en relación con el derecho relativo al bien raíz que pretende defender en esta sede constitucional, ello con base en las consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes. En suma, no obstante que la quejosa aduce ser propietaria del inmueble a que se refiere en la demanda, tal circunstancia no fue debidamente acreditada únicamente en lo que corresponde a la fecha cierta de dicho documento. Por ello, de estimar que el mejor derecho respecto del bien que defiende le pertenece, el quejoso deberá instar ante la autoridad civil correspondiente lo que a su interés convenga, a fin de que en un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, un juez civil dirima a quién pertenece el inmueble materia de este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis (V Región) 5o.10 C (10a.), de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA). Conforme a la doctrina judicial, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese; por tanto, carece de éste el quejoso que, ostentándose como tercero extraño a juicio, reclama la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura, pues aun cuando resultara ser propietario del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de la sentencia que ahí se pronuncia, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no lo priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o de algún tercero." Por ende, al no haberse acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables, las cuales quedaron precisadas con antelación. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Inocencio Ávila Avalos, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 561/2023 promovido por Inocencio Ávila Ávalos contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le reviste el carácter de tercero interesado a Ana Victoria Becerril Loaiza, albacea de la sucesión a bienes de José Alfonso Loaiza y/o José Alfonso Fraga, dentro del juicio de origen número 499/2022 del índice de la responsable quien fue debidamente emplazada a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la responsable remitió copia fotostática certificada del expediente del que deriva el acto reclamado. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Mah
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