Irene Hernández Hernández

Expediente 783/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
783/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Irene Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio de cuenta, de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de lo que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Luego, al haberse declarado este tribunal legalmente incompetente para conocer de este asunto y no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 19 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, de Deni Citlaly Hernández Hernández, apoderada legal de la parte quejosa, Irene Hernández Hernández, y en representación de la niña de identidad reservada, M.A.H.H.; en atención a su contenido, expídase a su costa la copia simple que solicita, y autorizando para recogerlas a la persona que menciona, previa razón que por su recibo otorgue para constancia. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte, que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro al veintiocho del mes y año en curso, siendo inhábiles en ese periodo los días veintiséis y veintisiete de los corrientes, sin que Deni Citlaly Hernández Hernández, en su carácter de apoderada legal de Irene Hernández Hernández y en representación de la niña de identidad reservada M.A.H.H., haya impugnado el acuerdo de dieciséis de agosto pasado, por el cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de la resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, emitido en el toca civil 258/2023, por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, previa copia certificada que se obtenga, remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, las copias certificadas del toca civil 258/2023 y del testimonio de apelación 1122/2022, tres copias de la demanda de garantías y de un anexo simple, para que proceda como corresponda; solicitando al juzgado de Distrito que conozca de este asunto el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, y advirtiéndose de la misma la imposibilidad de notificar personalmente a Deni Citlaly Hernández Hernández, en su carácter de apoderada legal de Irene Hernández Hernández y en representación de la niña de identidad reservada M.A.H.H., parte quejosa en el expediente en que se actúa, el auto de dieciséis de los corrientes, dictado en el presente asunto, por el motivo que se indica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación y las subsecuentes, por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tales efectos. Ahora bien, en cumplimiento a lo anterior, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el cual en lo que nos interesa dice: "Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, con copia, del Presidente de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 4833/2023, con el que remite original de la demanda de garantías promovida por Deni Citlaly Hernández Hernández, en su carácter de apoderada legal de Irene Hernández Hernández y en representación de la niña de identidad reservada M.A.H.H.1; anexo simple; tres copias de lo anterior; escrito en una foja; emplazamiento en cuatro fojas; oficio 746/2023, con copia, mediante el cual la sala civil responsable rinde su informe justificado; copias certificadas del toca civil 258/2023 y del testimonio de apelación 1122/2022; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. En el caso, se considera carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional promovido. En efecto, la solicitante del amparo, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes:"3. Autoridades Responsables: Magistrados que integran la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.__ 4. Actos reclamados: La resolución emitida por los magistrados que integran la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo de fecha 8 de junio de 2023, misma que me fue notificada el fecha 9 de junio de 2023 dentro del toca número 258/2023 formado con motivo de excepción de incompetencia por declinatoria del Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, hecha valer por el demandado Marcelino Hernández Martin, hoy tercero perjudicado (sic) y misma que fue admitida y dándole trámite mediante auto de 20 de febrero de 2023." De las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el hoy tercero interesado, Marcelino Hernández Martin, dentro del juicio especial familiar expediente 1122/2022 promovido por la hoy parte quejosa, hizo valer la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA ante el Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo; excepción respecto de la cual tocó resolver a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; el ocho de junio de dos mil veintitrés, dictó el falló que hoy se combate, en el sentido de declarar procedente la excepción opuesta. Inconforme con dicha resolución, la hoy amparista Deni Citlaly Hernández Hernández, en su carácter de apoderada legal de Irene Hernández Hernández y en representación de la niña de identidad reservada M.A.H.H., promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo establecen, que el juicio de amparo directo procede en dos casos: a) Cuando el acto reclamado se trata de una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado consista en una resolución que ponga fin al juicio, aunque no lo resuelva en el fondo. En efecto, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de dontrol; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de éste, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En la especie, se considera que el conocimiento del asunto, no corresponde a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que la resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil 258/2023, por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio. De ahí que, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal colegiado se debe limitar a hacer la declaratoria de incompetencia correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse el presente expediente y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, para que proceda como corresponda. Téngase como autorizados para dichos efectos, a los mencionados en el escrito de cuenta. Ahora bien, agréguese el diverso escrito de cuenta, de Marcelino Hernández Martin; y en atención a su contenido, téngase por apersonado en el expediente en que se actúa como parte tercera interesada, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, en relación con los diversos 24 y 27, fracción I, del mismo cuerpo legal, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Raúl Pacheco Téllez y Raúl Enrique Gómez Ruiz, no así a los restantes profesionistas que refiere, a quienes únicamente se les faculta en términos del párrafo segundo, última parte, del numeral en comento, hasta en tanto cumplan con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado el veintidós de noviembre del mismo año, reformado por Acuerdo General sin Número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en su Título Octavo del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, artículos 261 a 266, por lo que, en todo caso deberán constituirse ante el personal actuante de este tribunal, para solicitar dicho registro. Ahora, por lo que hace a los números telefónicos proporcionados por la parte tercera interesada, se tienen como vía de comunicación no procesal, en términos de la primera parte, del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En otro orden, con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Por último, tomando en consideración que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, practíquesele la notificación del presente proveído en el indicado a foja tres del toca de apelación.

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