Iram Zuñiga Pérez
Expediente 1115/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Iram Zuñiga Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIÓ: "ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.
- Juicio de Amparo Directo
VISTA LA COMPARECENCIA QUE ANTECEDE, EN LA QUE EL QUEJOSO RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL ESCRITO DE DESISTIMIENTO PRESENTADO EL SIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, Y QUEIN RECONOCE COMO SUYA LA FIRMA QUE CALZA DICHO ESCRITO. ASI LAS COSAS, DEVUELVASE EL PRESENTE ASUNTO PARA EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: ...Pachuca de Soto, Hidalgo, once de abril de dos mil dieciséis. A sus autos el escrito de Iram Zúñiga Pérez, en su carácter de endosatario en propiedad de María Magdalena Cornejo Villagrán, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual manifiesta que desiste del juicio de amparo promovido en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de agosto de dos mil quince, dictada por el Juez Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1013/2014; en mérito de lo anterior, requiérase al quejoso por conducto de cualesquiera de los actuarios adscritos a este Tribunal, para que dentro del término de tres días al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente ante el personal actuante de este órgano colegiado, con documento idóneo que acredite su identidad a efecto de que ratifique el contenido del ocurso que se provee, en la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, se tendrá por no presentado el mismo y se seguirá el trámite del presente asunto. Ilustra lo anterior la tesis 923, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 650, del Apéndice 2000, Materia Civil, Tomo IV, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN ESCRITO PRIVADO. DEBE RATIFICARSE O PERFECCIONARSE POR OTROS MEDIOS. Las autoridades jurisdiccionales civiles tienen la obligación de dar vista a las partes de un proceso, con los ocursos de desistimiento formulados mediante simple escrito firmado, a fin de que la persona a quien se atribuyen los ratifique o desconozca, o las otras partes interesadas alleguen elementos para justificar la autenticidad del documento; obligación que resulta de la interpretación jurídica y lógica del sistema legal imperante al respecto, como se demuestra a continuación: Los actos de desistimiento, sea de acción, de una instancia, de medios de prueba, de un incidente, de un recurso, de la intervención en una diligencia, etcétera, implican indudablemente renuncia de derechos, según se acepta generalmente por la doctrina, para lo cual basta citar, como mera ilustración, a Giuseppe Chiovenda, Hugo Alsina y Hernando Devis Echandia. La renuncia de derechos, según lo dispuesto en el artículo 7o. del Código Civil para el Distrito Federal, debe hacerse en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia, para que pueda producir efectos. Para la satisfacción de estos requisitos, se torna indispensable que la renuncia conste en un medio indubitable y fehaciente, ya que sólo así se conseguirá la claridad y precisión de sus términos y la ausencia de dudas sobre el derecho renunciado. Los documentos privados son medios de prueba imperfectos, que para acreditar plenamente los hechos consignados en ellos, requieren estar adminiculados con otros elementos que, al perfeccionar la probanza, acrediten plenamente su autenticidad, y por tanto, la concordancia total de la voluntad de los suscriptores con el contenido del instrumento. Las promociones escritas son documentos privados, cuando provienen de personas particulares, y por tanto, están sujetas a las reglas de éstos en lo general, en cuanto a su valor probatorio. Sin embargo, la naturaleza de los procedimientos judiciales, la finalidad perseguida con ellos, el sentido lógico de las cosas, y el resultado de la experiencia, han llevado a que se dé un tratamiento específico propio a las promociones escritas, consistente en reconocerles autenticidad mientras no se aduzca y demuestre lo contrario en una incidencia. Este trato especial obedece a la concurrencia de las razones lógicas siguientes: a) La presunción general de buena fe de que gozan los actos jurídicos; b) La máxima de experiencia, de que ordinariamente las promociones pertenecen a quien figura como suscriptor, y lo extraordinario es que no exista esa pertenencia; y c) lo común lógicamente es que las promociones sean acordes con la posición del suscriptor en el procedimiento, es decir, que lo pedido o manifestado en el escrito tienda a contribuir a la consecución de las pretensiones de quien figura como ocursante, porque no es común ni parece lógico que las personas actúen contra su interés. Cuando no se da la concurrencia de esas tres bases lógicas, sustentatorias del reconocimiento de autenticidad a las promociones, estas se mantienen regidas por las reglas para la valoración de su género, que son los documentos privados; esto es, constituyen meros indicios que requieren su fortalecimiento con otros elementos, entre los cuales destacan, por más sencillos y contundentes, el reconocimiento del autor mediante la ratificación, tácita o expresa, ante la autoridad judicial, en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles, o bien, ante algún fedatario público, sin que esto impida que se puedan presentar otros medios para cumplir ese mismo fin. En el desistimiento hecho en la forma indicada no concurren los citados elementos lógicos, pues falta la concordancia entre la posición asumida por la parte y el contenido de la promoción, ya que esta se opone a aquella, por lo cual no se le puede reconocer autenticidad y valor pleno con su sola presentación, sino que requiere la satisfacción de los requisitos mencionados para los documentos privados. Para que las partes queden en posibilidad de satisfacer los indicados requisitos, el desistente de ratificar o desconocer el documento y las otras partes interesadas de aportar lo conducente para esclarecer la autenticidad del escrito, resulta indispensable como medio, que el juzgador les dé vista con el escrito y les confiera el plazo que corresponda para los objetivos indicados, pues si no se hace así, el desistimiento sólo sería válido cuando se asentara directamente o se ratificara ante un fedatario público, con lo que se establecería un requisito en contravención al artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles citado, el cual sólo prevé como formalidades para los ocursos, que se escriban en castellano, y que las fechas y cantidades se anoten con letra. No obsta para lo anterior, la falta de preceptos legales expresos, en el sentido indicado, porque los procedimientos civiles no sólo se rigen por disposiciones de ese tipo, sino también por el conjunto de principios jurídicos y lógicos que sean acordes al sistema adoptado por el legislador sin entrar en oposición con los directamente aceptados, sobre todo cuando se trata de integrar o interpretar la ley como se hizo en el caso.". Luego, devuélvase el presente asunto al Magistrado Miguel Vélez Martínez, para que elabore el proyecto de resolución correspondiente.
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