Irene Bustos Islas
Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Irene Bustos Islas
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el telegrama que remite el Secretario de la Mesa de Amparo de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo; en atención a su contenido, se le tiene por acusando recibo de los autos originales del toca familiar 36/2023. Por otra parte, como lo solicita remítasele copia certificada del proveído de dieciocho de mayo del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, a través del cual remite el auto de ocho de mayo del año en curso en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo número 327/2023, promovido por Irene Bustos Islas. Regístrese en el libro de gobierno con el número 489/2023, y fórmese expediente. COMPETENCIA Por las razones que vierte el Tribunal Colegiado, infórmese que este juzgado federal se avoca al estudio de la demanda. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En razón a ello, se precisa que el acto reclamado lo constituye el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, que calificó posiciones en la audiencia de pruebas y alegatos dentro del toca familiar número 36/2023 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Precisado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado se hace consistir en el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, que calificó posiciones en la audiencia de pruebas y alegatos dentro del toca familiar número 36/2023 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, la cual no produce una afectación material, sino a un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal que puede ser reparada con obtención de una sentencia favorable y que en caso de ser adversa lo podrá hacer valer al impugnar esa determinación. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. TOMO DE PRUEBAS Con las copias certificadas que se reciben deducidas del toca 36/2023, del que deriva el acto reclamado, fórmese por separado el tomo I de pruebas, relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del secretario de este juzgado federal, mismo que queda a disposición de las partes para su consulta DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, como la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Lerma número 9, etapa 1, fraccionamiento Río Azul, rumbo a Petaquillas, en Chilpancingo, Guerrero; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía SISE al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, de aquella ciudad, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el domicilio antes indicado y le notifique el presente proveído; además la requiera para que, en el acto de la diligencia o bien en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, incluso las de carácter personal, en términos del multicitado numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se faculta a la autoridad exhortante para que habilite días y horas inhábiles, para la diligenciación de la comunicación oficial que con esta fecha se envía; así como al actuario adscrito a este juzgado, para que en caso de ser necesario las notificaciones de carácter personal se realicen en esos términos. Además, se le habilita para que, si con motivo de la investigación de tal domicilio logra identificar algún otro, se constituya en el mismo y lleve a cabo la notificación que se le encomienda, previa razón que para el particular se asiente para constancia legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tienen como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Baudene Barrera Valdovinos, Marco Antonio Gutiérrez Terán y Cruz Yasmini Ruis Carrillo, por no encontrarse sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, quedando a salvo su derecho de hacerlo con posterioridad. Notifíquese.
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