Irene Bailón Navarrete
Expediente 349/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- IRENE BAILÓN NAVARRETE y Otros.
- Irene Bailón Navarrete
- ALBA NAVARRETE TOLENTINO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Décimo de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copias certificadas del expediente mercantil 1698/2016, dado que las mismas resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la tercero interesada Autofinanciamiento Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, la sentencia de veinticuatro de agosto al año en curso, emitida por este Juzgado Federal; en consecuencia, tomando en consideración que dicha parte procesal no señalo domicilio para oír y recibir notificación en esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 349/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno al Juzgado Octavo, Irene Bailón Navarrete y Alba Navarrete Tolentino, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad (en su denominación correcta) y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: Ordenadora: 1.- Juez Décimo de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México. Ejecutora: 2.- Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. 3.- Secretario de Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. ACTO RECLAMADO: "ORDENADORA. De la ordenadora se reclama el auto de fecha del día tres del mes de abril del año dos mil diecisiete, notificado mediante Boletín Judicial número 60 correspondiente al día cuatro del mismo mes y año (.) EJECUTORA. Del ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, se reclama la diligenciación del exhorto expedido por la ordenadora, pues el mismo afecta de manera directa y material el derecho de propiedad de la impetrante de nombre ALBA NAVARRETE TOLENTINO. Del ciudadano Secretario de Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, se reclama la diligenciación material del exhorto expedido por la ordenadora, particularmente, del auto de exequendo, pues el mismo afecta de manera directa y material el derecho de propiedad de la misma impetrante de nombre ALBA NAVARRETE TOLENTINO." SEGUNDO.- Mediante proveído de siete de abril de dos mil diecisiete, se previno a la parte quejosa y la demanda de amparo se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 349/2017; desahogada que fue la prevención por acuerdo de dieciocho de abril del año en curso se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio ejecutivo mercantil, cuyos actos reclamados tuvieron ejecución en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Juez Décimo de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México. a) El auto de tres del mes de abril del año dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1968/2016, por el cual no se admitió el recurso de revocación, en contra del acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso que no admitió el incidente de nulidad. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. b) El auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictado en el exhorto número 06/2017-III, que formó con motivo del diverso exhorto, deducido del juicio ejecutivo mercantil 1968/2016. Secretario de Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. c) La ejecución del auto de exequendo y el embargo del inmueble bajo el folio de derechos reales o electrónico número 193883 correspondiente al Distrito Judicial de Tabares. TERCERO.- Son ciertos los actos atribuidos al Juez Décimo de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, pues al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos que se les reclaman, los cuales quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1968/2016, promovido por Auto Financiamiento Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de las quejosas Irene Bailón Navarrete y Alba Navarrete Tolentino, remitidas en apoyo a su informe por el juez responsable de la Ciudad de México; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO.- Ahora, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia, según dispone el numeral 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte oficiosamente que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables con sede en esta ciudad, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento la parte quejosa de los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a).- Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b).- Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c).- Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1).- En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2).- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3).- La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4).- En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de esos plazos la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados - no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente de origen y que remitió en apoyó a su informe justificado el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, las cuales fueron valoradas en el considerando tercero de esta sentencia, se advierte que el día veinte de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo con las quejosas las diligencias de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, dentro del exhorto 06/2017-III, que formó con motivo del diverso exhorto, deducido del juicio ejecutivo mercantil 1968/2016, promovido en su contra por Autofinanciamiento Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 34 a 39), lo cual fue confirmado por las quejosas en el escrito de demanda de amparo en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados los cuales manifestaron bajo protesta de decir verdad al señalar que " con fecha del día veinte del mes de febrero del año dos mil diecisiete, en nuestro domicilio particular, las suscritas fuimos requeridas de pago y embargada en bienes de su propiedad una de las por la responsable ejecutora, ciudadano secretario actuario adscrito al juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en ejecución del exhorto girado por la ordenadora dentro de los autos del expediente número 1698/2016, (.)", -foja 3-, constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del citado Código Adjetivo, para tener por acreditado que a partir de esa fecha, tuvieron pleno conocimiento de los actos reclamados. Entonces, el término para promover la acción de tutela constitucional con que disponía la parte quejosa transcurrió del veintiuno de febrero al trece de marzo de dos mil diecisiete; descontándose los días veinticinco y veintiséis de febrero pasado, así como cuatro, cinco, once y doce de marzo del año en curso por ser inhábiles, de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada hasta el seis de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, por lo que cabe concluir que fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado. Máxime, si se toma en cuenta que se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado y constancias que acompañó el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, sin que hubiera expresado argumento u objeción alguna respecto de su contenido; y por lo mismo, tampoco ofrecieron prueba alguna para desvirtuarlas, por lo que el conocimiento de los actos reclamados se obtuvo precisamente de dichas actuaciones a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno y a la manifestación de la propias quejosas en relación al conocimiento del acto reclamado. Además, porque no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque el acto reclamado no consiste en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, como tampoco se encuentra en alguno de los supuestos específicos de la materia agraria, y si bien el acto reclamado proviene de un proceso penal, las únicas excepciones al plazo de quince días en esta materia, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria o implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, dentro de los cuales, evidentemente, no se encuentra la resolución que se reclama, en la cual se revocó la sentencia definitiva de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal de origen. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes. Ahora, se estima necesario hacer una reseña de los antecedentes de los actos reclamados, que se obtienen de las constancias allegadas por el Juez responsable, en apoyo a su informe justificado, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales a saber son: 1.- Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes común en materia civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Auto Financiamiento Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Irene Bailón Navarrete y Alba Navarrete Tolentino, diversas prestaciones (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas). 2.- De lo anterior, le correspondió conocer al Juez Décimo de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, quien la registró con el número de expediente 1698/2016; mediante auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que entre otras cosas, ordenó elaborar el exhorto correspondiente en el término de tres días, otorgándole a la parte actora igual término para que lo recogiera la persona autorizada, y procediera a su presentación y diligenciación dentro de los treinta días siguientes al de su presentación a la autoridad exhortada, apercibiéndolo que en caso de no recogerlo dentro de término señalado y no regresara el exhorto dentro del término de tres días a partir del día siguiente en que la autoridad exhortada ordene su devolución se le impondría una multa (fojas 8 a 11 del tomo de pruebas). 3.- A petición de la parte actora el juez responsable por acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete, giró nuevamente exhorto al Juez competente en Acapulco, Estado de Guerrero, para que por su conducto se diera cumplimiento al auto de exequendo (fojas 17 y 16 del tomo de pruebas). 4.- Por auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, tuvo por recibido el exhorto deducido del juicio ejecutivo mercantil 1698/2016, y ordenó su diligenciación, lo cual se llevó a cabo el veinte de febrero de esta anualidad (fojas 53 a 71 del tomo de pruebas). 5.- Mediante escrito de tres de marzo de dos mil diecisiete, las quejosas comparecieron al juicio natural, dando contestación a la demanda y oponiendo sus excepciones y defensas que consideraron pertinentes, así como también hicieron valer incidente de nulidad de actuaciones; por auto de siete de marzo del año en curso, el juez responsable se reservó a proveer hasta en tanto contara con el exhorto que ordenó en autos del juicio natural (fojas 32 a 39 del tomo de pruebas). 6.- Por acuerdo de trece de marzo del año en curso, el juez tuvo a las quejosas por dando contestación en tiempo a la demanda instaurada en su contra, sin que proveyera en relación al incidente de nulidad de actuaciones (fojas 72 y 73 del tomo de pruebas). 7.- Mediante escrito de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la parte quejosa solicito al juez responsable se pronunciara en relación al incidente de nulidad de actuaciones; por lo que en auto de veintiocho de marzo siguiente el juez responsable desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones antes mencionado, al considerar que no se le estaba violando derecho humano alguno a la parte demandada y por lo tanto no se le había dejado en estado de indefensión, así como el hecho de que la parte demandada había dado contestación a la demanda instaurada en su contra y por consiguiente se hizo sabedora del estado que guardaba el juicio de origen (fojas 88 a 90 del tomo de pruebas). 8.- Inconforme, la parte quejosa, interpuso recurso de revocación en su contra (fojas 91 a 94 del tomo de pruebas); por auto de tres de abril de este año, el Juez Décimo de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, no admitió dicho recurso de revocación (foja 96 del tomo de pruebas). 9.- Seguido que fue el procedimiento en el juicio de origen, el tres de mayo de dos mil diecisiete, el juez responsable dictó sentencia definitiva bajo los siguientes puntos resolutivos: "RESUELVE: PRIMERO.- Esta Juzgadora es competente para conocer y juzgar el conflicto de interés jurídico habido entre las partes; SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Ejecutiva Mercantil por la que se substanció y juzga la litis planteada por las partes; TERCERO.- Son fundadas y procedentes las pretensiones deducidas por la actora; CUARTO.- Las codemandadas no acreditaron las excepciones y defensas opuestas; QUINTO.- Se CONDENA a BAILON NAVARRETE IRENE en su carácter de SUSCRIPTOR y NAVARRETE TOLENTINO ALBA en su carácter de AVAL a PAGAR en forma solidaria a AUTOFINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., en su calidad de BENEFICIARIO, la cantidad de $244,577.28 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 28/100 M.N.) por concepto de suerte principal, derivada del saldo insoluto del pagare número 452765 de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, suscrito por la cantidad de $217,390.08 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N.), más el saldo insoluto del pagaré número 452766 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la cantidad de $223,333.92 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.); asimismo, toda vez que los demandados han demorado en el pago de su deuda, en términos de lo establecido en el considerando XI de la presente resolución, se CONDENA a los demandados a PAGAR a la actora los intereses moratorios pactados en los títulos, a razón de una tasa del 2% (DOS POR CIENTO) mensual, calculados sobre la cantidad reclamada de cada uno de los títulos exhibidos los cuales deberán cuantificarse a partir del mes siguiente de la fecha de mora de cada uno de los títulos de crédito, toda vez que los intereses pactados son mensuales y hasta la total solución del adeudo, prestación que deberá cuantificarse en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo; asimismo, se CONDENA a las demandadas al PAGO de Gastos y Costas procesales, en los términos precisados en el CONSIDERANDO XII del presente fallo; (.)". SEPTIMO. Improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público y se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional federal en el juicio de control constitucional, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso en estudio, este juzgado considera que ha operado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo es improcedente cuando no se pueda resolver sin afectar una nueva situación jurídica, y por considerarse consumadas las posibles violaciones reclamadas. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De lo transcrito se desprende que, cuando en un procedimiento judicial o administrativo, se produzca un cambio de situación jurídica, no será procedente el amparo al no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que deberán considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Ahora bien, en el presente juicio la parte quejosa reclamó el auto de tres de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1968/2016, por el cual no se admitió el recurso de revocación, en contra del acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso que no admitió el incidente de nulidad. Sin embargo, tomando en consideración que el tres de mayo del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el citado asunto, lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas al acuerdo reclamado, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó antes de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el seis de abril del dos mil diecisiete, mientras que la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1968/2016, data del tres de mayo del año en curso. Por tanto, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la sola emisión de la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 1968/2016, se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del auto de tres de abril de dos mil diecisiete, dictado en dicho expediente sin afectar la nueva situación jurídica, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales condiciones, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, dada la actualización de la mencionada causal prevista en la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, que se sustenta en el cambio de situación jurídica. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 61, 63, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías número 349/2017, por los motivos expuestos en los considerando tercero y último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
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