Irais Calzada Martínez

Expediente 1053/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1053/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Irais Calzada Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el quince de agosto de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I) Toluca, Estado de México; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta a través de la cual el Actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior y como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo y en atención a las manifestaciones del fedatario judicial, procédase a realizar la notificación de mérito y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este recinto judicial, máxime que en el escrito de demanda el promovente del amparo señaló como diverso domicilio para oír y recibir notificaciones dicho medio de notificación. Notifíquese.

  3. Principal

    I) Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación del auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, realizada a la parte actora en el juicio laboral J.29/581/2018. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento inserto en el proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho y déjese sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. Por lo tanto, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la omisión de la autoridad responsable de proveer el auto de radicación del escrito inicial de la demanda laboral promovida por el ahora quejoso, así como los tramites y actos subsecuentes dentro del plazo establecido por la ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, de la copia certifica del auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral J.29/581/2018, a la cual se le concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que radicó y admitió a trámite la demanda promovida por Gerardo Iván Pérez Romero, en su carácter de apoderado legal de Irais Calzada Martínez, asimismo, fijó las once horas del siete de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, de igual forma, se pronunció respecto a la notificación al quejoso de ese auto y al emplazamiento de la parte demandada, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dicha causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente cesó sus efectos, pues la junta responsable al haberse pronunciado respecto a la tramitación y substanciación del juicio laboral así como, la notificación del auto de radicación al quejoso, y la orden de emplazamiento a la parte demandada, se tiene que el acto reclamado que en esta instancia reclama la parte quejosa dejó de surtir efectos, pues con la actuación de la responsable se advierte que se le ha restituido en el goce de sus derechos fundamentales que aducía transgredidos; es decir, que la afectación dejó de existir, como si se le hubiera otorgado la protección de la justicia federal solicitada. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el quejoso al precisar en su escrito de demanda el acto reclamado hace referencia a la omisión de la responsable de proveer el auto de radicación de su escrito inicial de demanda, así como los trámites y actos subsecuentes dentro del plazo establecido por la ley que rige el acto reclamado; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad laboral correspondiente de proveer lo conducente, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, es decir, el juicio de amparo resulta improcedente respecto a la solicitud del amparo indirecto por todos los posibles actos que llegaran a emitirse en un procedimiento; de ahí que, se debe especificar el acto en concreto con el que se aduce la responsable transgrede los derechos del solicitante. Resultan aplicables en lo conducente los criterios jurisprudenciales 2a./J. 16/2011 (10a.) y 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubros y textos siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Gerardo Iván Pérez Romero, apoderado legal de Irais Calzada Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Finalmente, por las consideraciones expuestas, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para celebrarse el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho a las diez horas con cincuenta y cinco minutos. Notifíquese; personalmente

  4. Principal

    I) Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual rinde su informe justificado y remite copia del auto emitido el nueve de julio del año en curso. Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante no remitió las constancias de notificación que acrediten que el quejoso Irais Calzada Martínez, fue notificado del auto referido, en consecuencia, requiérase a la responsable para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley en cita, remita las constancias referidas. Se apercibe a la autoridad requerida que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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