Iñigo Perez Garcia y Otros.
Expediente 1517/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1517/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2018
Partes del expediente
- Iñigo Perez Garcia y Otros.
Actuaciones
- Principal
III. Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio enviado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica la determinación de once de octubre del año en curso, por la que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************. Por otra parte, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues el presente asunto se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese.
- Principal
III Toluca, Estado de México; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Iñigo, Begoña y Joaquín, todos de apellidos Pérez García, contra actos del Juez Décimo Segundo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, actualmente Juez Décimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México y otras; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1517/2018-III. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Iñigo Pérez García, por así haberlo señalado los promoventes en su escrito de demanda. Incompetencia. En otro orden de ideas, cabe precisar que la competencia del Juez de Distrito para avocarse al conocimiento del asunto, se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Bajo esa tesitura, apreciada íntegramente la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en la ejecución llevada a cabo dentro de los autos del exhorto 672/2012 de la orden de embargo dictada por el Juez Noveno de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey dentro del juicio Ejecutivo Mercantil, a través del cual se embargó el inmueble ubicado en calle Villa de las Lomas, número doce, antes identificado como lote doce, de la manzana quince, del Fraccionamiento Paseo de las Palmas, municipio de Huixquilucan, Estado de México, así como la orden para que se inscribiera el embargo trabado de dicho inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Asimismo, se señaló como autoridades responsables al Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Décimo Segundo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, actualmente Juez Décimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, Director y Encargado o Responsable de la Oficina Registral de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del Estado de México y Juez Noveno de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En la especie, los actos reclamados tienen ejecución precisamente en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, sobre un inmueble en el municipio de Huixquilucan cuyo registro de embargo se atribuye a la Oficina Registral de Tlalnepantla, Estado de México del inmueble indicado, lo que tiene como consecuencia que este juzgado carezca de legal competencia para resolver sobre fondo del asunto, por razón de territorio, toda vez que, se reitera, el acto reclamado tiene ejecución determinativa y Material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, En Turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía fax. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio procesal. Toda vez que el domicilio señalado por los quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto la parte quejosa señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karen Isabel Godínez Santiago, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Sebastián Xicotencatl Gutiérrez y César Alfonso Sánmchez Ramírez, por no tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Medios electrónicos. En atención a lo establecido con el acuerdo 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos, así como la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas; en el entendido que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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