Iraida Juárez Zavala
Expediente 1030/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Iraida Juárez Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el correo electrónico y constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, remite copia certificada de la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones de seis de abril de dos mil veintidós, en el que, se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio laboral de origen, turnando los autos a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el cual se hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazo y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que da trámite al juicio ordinario laboral número 2A 1452/2020, tramitado ante la Juta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con dilación y demora en perjuicio de la quejosa, lo anterior acontece que de autos se desprende que la autoridad responsable ha señalado fecha para la celebración de la Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones hasta el día 06 de abril del año 20221 a las 9:00 horas cuando debió señalarla dentro de los 15 quince días hábiles siguientes y no 6 MESES DESPUÉS, pues la primera Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones se llevó a cabo el día 15 de julio del año 2021 a las 11:00 horas, lo cual no se desahogó por que el exhorto que se remitió a la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Zamora, Michoacán, no fue devuelto por lo que la responsable vuelve a señalar fecha para el día 20 de octubre del año 2021 a las 9:30 horas otra vez la audiencia no se puede desahogar por la misma razón por que el exhorto no fue devuelto de la Junta de Zamora, Michoacán, y la responsable vuelve a señalar fecha hasta el día 06 de abril del año 2022 a las 09:00 y no dentro de los 15 días hábiles siguientes lo que a todas luces se constituye el acto reclamado, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, dentro del término establecido en su artículo 873.". Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la citada ley. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, en la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud de que el seis de abril de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1452/2020, de la estadística de la autoridad responsable. En consecuencia, al haberse desahogado la audiencia trifásica en el juicio de origen, motivo del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, ya que se señaló la fecha remota de ésta, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la hoy quejosa; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Finalmente, conviene precisar que no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho que no obre el emplazamiento de la tercera interesada "Tecnología Organizacional Agropecuaria S.C."., en el presente juicio, ello en razón de que se produjo el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con lo cual esta determinación en nada le perjudicaría. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 16011/2022, que remite vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Uruapan, mediante el cual devuelve sin diligenciar, por los motivos que indica, el exhorto 531/2022 (201/2022-E), que se envió a efecto de que se emplazara a la tercera interesada "Tecnología Organizacional Agropecuaria S.C."; háganse las anotaciones del caso en el libro de comunicaciones oficiales; sin que sea necesario acusar recibo de recepción, en virtud de que, la devolución a través del referido sistema, genera la boleta correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2o, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, proporcione el domicilio correcto y actual de la citada tercera interesada, a fin de estar en posibilidad de llamarla a juicio a deducir sus derechos constitucionales, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso concedido, se procederá conforme a lo dispuesto en el precepto 27, fracción III, de la referida Ley de Amparo. Finalmente, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte, que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario laboral 2A 1452/2020, señaló las nueve horas del seis de abril de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin que a la fecha haya informado a este órgano jurisdiccional si dicha diligencia se desahogó en la fecha precisada o en su defecto fue reprogramada; en consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, proporcione la información que se le solicita, debiendo además remitir copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibida la citada autoridad, que en caso de no hacerlo en el lapso concedido o manifestar el impedimento legal que tenga para ello, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte, que no obra el exhorto número 531/2022 (201/2022-E) girado al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno con sede en Uruapan, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional emplace a juicio a la tercera interesada "Tecnología Organizacional Agropecuaria S.C.". En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese.
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