Inés Gómez Rangel

Expediente 1090/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1090/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Inés Gómez Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/3793/2023 signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual otorga cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de octubre de la presente anualidad, y remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente de ejecución ********************2012 de su índice, con las cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que anexa en su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Asimismo, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmense UN TOMO de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado, y tenerlas a la vista al momento de resolver. Ahora bien, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente asunto, las constancias del expediente ordinario laboral ********************2012, del índice de la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de que reciban el presente, remita copias certificadas de la emisión del laudo hasta el proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve del expediente ordinario ********************2012 de su índice, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el tercero interesado ***************, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación a recurso de queja interpuesto por el quejoso ************, en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el veintiuno de septiembre último, por tanto, una vez que el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, acuse recibo, remítase el ocurso de cuenta. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación que antecede de las que se advierte que a la fecha en que se actúa, la autoridad responsable no ha cumplido con el requerimiento dictado en el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia requiérase de nueva cuenta a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad para que en el término de tres días, contado a partir de que reciban el presente, remita copias certificadas de la totalidad de constancias que integran la ejecución del expediente ********************de su índice, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello. En el entendido de que subsiste el apercibimiento dictado por esta autoridad en el proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS ML VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/3243/2023 signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable no remitió las constancias que integran el expediente laboral 1315/2012 de su índice; sin embargo, las mismas se estiman necesarias para resolver el presente asunto, por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad para que en el término de tres días, contado a partir de que reciban el presente, remita copias certificadas de la totalidad de constancias que integran la ejecución del expediente 1315/2012 de su índice, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar se señalan las ONCE HORAS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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