Inocente Pacheco Valdez
Expediente 660/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Inocente Pacheco Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (notificado electrónicamente el dos de junio siguiente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; en consecuencia, el mismo causa estado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó al agraviado electrónicamente el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Inocente Pacheco Valdez para el efecto de que las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Ahome y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".conteste la petición de la parte quejosa, la cual hizo llegar a las responsables por la vía postal el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional.." La citada sentencia de amparo causó ejecutoria el diecisiete de enero de dos mil veintidós, y se requirió a las responsables su cumplimiento. Ahora, la petición que hizo la quejosa, fue para el efecto de que las responsables le otorgaran su jubilación anticipada y, en su caso, el grado inmediato anterior. En cumplimiento a lo anterior, el delegado de las autoridades señaladas como responsables, allegó al sumario de amparo el oficio del mes de febrero de dos mil veintidós, al que adjuntó el diverso 128/02/2022, de tres de febrero de dos mil veintidós, en donde se indicó como procedente la pensión por retiro anticipado, pero no se adujo nada respecto al otorgamiento o no del grado inmediato superior al ostentado en activo; en consecuencia, por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento del fallo constitucional, pero, ahora, a la Comisión de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. Atento a lo anterior, mediante oficio presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, el delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Ahome y Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, allegó el dictamen emitido el once de febrero de la presente anualidad, por el que se determinó ratificar el beneficio de pensión por retiro anticipado, y como improcedente otorgar el grado inmediato superior; documento que le fue notificado al autorizado del quejoso. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que las responsables otorgaran respuesta completa a la petición hecha por el quejoso -tendente a la solicitud del ascenso del grado inmediato y, posteriormente la pensión por retiro anticipado-, ante lo cual, se le contestó que era procedente la pensión por jubilación anticipada, pero no así el ascenso al grado inmediato superior; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta que suscribe Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa (en su carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la sentencia de amparo, conforme lo señala el artículo 197 de la Ley de Amparo), no ha dado cumplimiento a lo solicitado por auto de veinticuatro de febrero de la presente anualidad, por tanto, de nueva cuenta, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere a la citada autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito si remitió las constancias respectivas, relacionadas con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a la Comisión de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con el fin de que ésta dictamine sobre la procedencia o no del grado inmediato superior del quejoso, así como que se pronuncie en cuanto al otorgamiento de la pensión previamente dictaminada, a favor de Inocencio Pacheco Valdez. No obstante lo anterior, requiérase a la Comisión de Regidores del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es, que se pronuncien sobre el otorgamiento de grado inmediato superior al ostentado en activo y sobre la pensión previamente dictaminada, del aquí quejoso de Inocencio Pacheco Valdez. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se harán acreedoras a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito."
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