Indira Aide Castro Inzunza

Expediente 159/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
159/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Indira Aide Castro Inzunza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de nueve de mayo del año en curso, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretaria de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa ******************* no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en relación con el oficio y constancias allegadas por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa electrónicamente el diecinueve de agosto del año en curso; por tanto, se procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que en sentencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, se concedió a la quejosa ***************, la protección constitucional contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Sinaloa y Secretario de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "1. Se deje sin efectos la aplicación a la parte quejosa del artículo 35, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 2. Se calcule el pago del impuesto predial, desincorporando de la esfera jurídica de la quejosa la hipótesis normativa declarada inconstitucional, esto es, sin que se tome en cuenta el elemento de producción, con base en si su predio está destinado a la acuicultura, y se le realice el cobro del tributo correspondiente conforme a derecho proceda (esto es, calculando si en el caso hay o no construcciones adheridas al terreno en comento). 3. Devolver el pago proporcional hecho por la quejosa, debidamente actualizado, relativo al pago del impuesto predial. De igual forma conviene señalar que la parte quejosa enteró el tributo en estudio, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en consecuencia es procedente requerir a ésta y a las demás autoridades que se encuentren vinculadas con la devolución correspondiente; sin que obste a lo anterior, la eventual circunstancia de que las unidades administrativas requeridas para ello, no hubiesen figurado con el carácter de autoridades responsables en el presente juicio de garantías, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, debe intervenir en su ejecución. 4. Respecto de la aplicación de las disposiciones reclamadas, la protección abarca los actos presentes -y que le dieron origen a la demanda de amparo indirecto-, y futuros, lo cual implica que a la agraviada no se le aplicara la hipótesis normativa prevista en el artículo 35, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda Municipal el Estado de Sinaloa, hasta en tanto no se reforme la ley. La anterior sentencia, causó ejecutoria el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, y en esa misma fecha, este Juzgado de Distrito, ordenó requerir a la autoridad vinculada Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que otorgara el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias certificadas respectivas, o en su caso manifestara el impedimento legal o material que para ello tuviera, apercibiendo a la citada autoridad vinculada y a las responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado se les impondría una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en su caso, se ordenaría remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, pudiendo culminar con la separación de sus puestos y consignación. Posteriormente, previo requerimiento realizado a la autoridad vinculada en auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, mediante oficio 649/2022, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, se informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiéndose para tal efecto, la copia certificada de la entrega del cheque número 0000257, de once de julio de dos mil veintidós, por la cantidad de $3,329.00 (Tres mil trescientos veintinueve esos 00/100), a nombre de la quejosa ****************. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversa constancia para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como corresponda, sin que haya lugar a proveer en relación a lo informado, toda vez que el diecisiete de agosto del año en curso, se recibió dicho oficio vía correo electrónico, acordándose lo conducente el pasado dieciocho de agosto.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite constancia para acreditarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio y documental de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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