Inés Reyes Alejandres

Expediente 1333/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1333/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Inés Reyes Alejandres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1333/2023, promovido por ********************, a través de su apoderado jurídico ********************, por alegada violación del artículo 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 104 y 105 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: - La omisión de la responsable de realizar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, en el expediente laboral ********************, de su índice. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva que se atribuyen a una autoridad residente dentro de la jurisdicción territorial en que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, aceptó la existencia de la omisión reclamada. Lo anterior se corrobora con la copia certificada que allegó de las principales constancias del expediente laboral ********************, con valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Materia Común, correspondiente a la Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia; tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Estudio de fondo. Es fundado el único concepto de violación. Lo anterior es así, pues el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, garantiza el derecho a toda persona a que se administre en su favor justicia de forma gratuita, por conducto de los tribunales expeditos para hacerlo, los que deberán respetar los plazos y términos que fijen las leyes para tal efecto, así pues, que sus resoluciones deberán emitirse de forma completa e imparcial. Ahora, de la documental que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda, así como de las adjuntas al informe justificado, se advierte que en audiencia de pruebas, alegatos y resolución desahogada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, la responsable luego de tener a la parte actora y demandada ofreciendo medios de convicción, reservó proveer respecto a su admisión y/o desechamiento, lo que indicó, sería notificado de las partes. Sin embargo, el quejoso refirió que ello no ha acontecido; y la responsable aceptó esa omisión. Ahora, del contenido de los artículos 99, 103, 104 y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se obtiene que una vez que se reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, el Tribunal Laboral ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En el entendido de que será en esa sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo. En el caso, es evidente que la responsable no ha emitido el acuerdo respecto de la admisión y/o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes en el juicio laboral de origen, dentro de los términos legales, pues no obra en autos constancias que evidencien lo contrario. Por lo que la omisión de la responsable es patente y transgresora de derechos fundamentales puesto que desde la fecha de aquélla audiencia han transcurrido más de tres meses, sin que haya proveído el acuerdo correspondiente. Ello en franca inobservancia del dispositivo 17 de la Constitución Federal que establece que la impartición de justicia debe realizarse en los términos que fije la ley respectiva. Sirve de sustento la jurisprudencia con registro digital 172759, de epígrafe: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES". En esa tesitura, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra la omisión reclamada a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEXTO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, deberá: -Emitir de inmediato el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, en el juicio laboral ********************, de conformidad con lo establecido en los numerales 104 y 105 de la Ley Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Sin que dicha concesión implique abarcar las subsecuentes etapas durante el desarrollo del procedimiento laboral, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función de las omisiones reclamadas y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión reclamada a la Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando quinto y para los efectos del relativo sexto de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, con lo que se ordena dar vista a las partes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.UBB

  3. Incidental

    El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO INFORME PREVIO Se da cuenta que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad fue omisa en rendir su informe previo estando debidamente notificada el veinticuatro de octubre de este año, como se advierte del acuse de recepción..Téngase por omisa a la responsable. PRUEBASSe hace constar con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, no así las demás partes.Se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en comento y se cierra esta etapa.ALEGATOSSe da cuenta que ninguna parte formuló alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su escrito de demanda de amparo ********************, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa destaca como actos reclamados: - La omisión de la responsable de realizar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, en el expediente laboral ********************, de su índice. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Conforme al artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume de cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dado que fue omisa en rendir su respectivo informe previo, pese a encontrarse debidamente notificada, desde el veinticuatro de octubre de este año. CUARTO. Improcedencia de la suspensión definitiva. En el caso al citado acto reclamado le reviste el carácter de omisivo, por ende, es improcedente otorgar la medida suspensional. Cabe precisar que si bien es cierto los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Preceptos legales de los que derivan, entre otras cosas, que la suspensión de los actos reclamados -cuando no deba decretarse de plano- se concederá si la solicita el quejoso y no se siguen perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; así como, que para resolver sobre la suspensión se debe atender a la naturaleza de los actos reclamados, de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta la sentencia en el juicio principal. Entonces, para estar en condiciones de conceder la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a fin de proteger, aunque sea de manera temporal, las prerrogativas constitucionales y legales que se aducen vulneradas; lo cual es factible realizar a través de la emisión de una medida cautelar que dure hasta la emisión de la sentencia ejecutoriada, y ello se logra a través de la suspensión de los actos reclamados. De tal suerte que, conforme el artículo 147 de la Ley de Amparo, el juzgador puede tomar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos del quejoso, hasta en tanto se dicte lo relativo a la suspensión definitiva. En el caso, no obstante que se advierte el cumplimiento de los requisitos consistentes en la solicitud de la suspensión y que con su concesión no se seguirían perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, debe tenerse en consideración que con base en la petición elevada por el quejoso, lo que pretende ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es que emita el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas en el expediente laboral ********************, de su índice, por lo cual la omisión de la responsable de atender dicha petición, no revela "peligro en la demora". En efecto, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos de la parte quejosa que solicita la medida precautoria, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Entonces, en el caso, la omisión de no emitid dicho auto, aun ante la demora de la responsable, no frustra los derechos del impetrante de amparo, que amerite el otorgamiento de la tutela anticipada. Por su contenido jurídico sustancial se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1849, tomo XX, octubre de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 180237, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA). La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. LXVII/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.", estableció que es improcedente otorgar la suspensión en una controversia constitucional en contra de actos consumados, porque ello equivaldría a darle a dicha medida efectos restitutorios. Sin embargo, sin abandonar este criterio, excepcionalmente procede otorgar la suspensión anticipando los posibles resultados que pudieran conseguirse con la resolución de fondo que se dicte, cuando las particularidades del caso lleven a la convicción de que existe una razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad y que, además, las circunstancias conduzcan a sostener que igualmente existe peligro en la demora de su concesión. Ello es así, porque conforme al artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares del caso, lo que implica que el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, sin perjuicio de que esta previa determinación pueda cambiar con el dictado de la sentencia definitiva, pues tal anticipación es posible porque la suspensión es una especie del género de las medidas cautelares, por lo que aunque es evidente que se caracteriza por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta, le son aplicables las reglas generales de tales medidas en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En ese sentido, son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la medida cautelar, a saber: 1) apariencia del buen derecho, y 2) peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado; y, por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el juzgador puede analizar esos elementos, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales, por lo que el efecto de la suspensión será interrumpir un determinado estado de cosas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se declaran infundadas las pretensiones del actor porque la apariencia del buen derecho fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse, sin poner en peligro la seguridad o la economía nacional, a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, o bien, sin afectar gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con dicha suspensión pudiera obtener el solicitante, que son las limitantes que establece el artículo 15 de la citada ley reglamentaria". Un argumento adicional es que de concederse la suspensión solicitada, se estaría resolviendo el fondo del asunto, que corresponde al expediente principal. Así se concluye, que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto constituye una institución de gran trascendencia que tiene por objeto conservar la materia del juicio y evitar en lo posible al quejoso perjuicios de imposible reparación por el tiempo requerido para tramitar y resolver el juicio principal; sin embargo, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de conceder la suspensión, entre otros requisitos, debe atenderse en cada caso a la naturaleza de los actos reclamados para dilucidar si son o no susceptibles de ser suspendidos. De modo que aquellos actos que solo implican un no hacer, no admiten la suspensión porque de concederse dicha medida cautelar, se estarían dando efectos constitutivos de derechos, que son propios del análisis del fondo del asunto, esto es, del juicio de amparo en lo principal. En virtud de lo anterior, al no encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, procede negar la medida cautelar solicitada. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de voz y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO. Hechos: El quejoso solicitó, en el juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla de contestar su solicitud de pensión o jubilación. Criterio jurídico: Existe un impedimento jurídico para otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, porque la medida cautelar no otorgaría al quejoso un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo. Justificación: Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la suspensión del acto reclamado debe permitir que la parte quejosa alcance un beneficio transitorio, que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal. Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, cuando la violación alegada en el juicio de amparo está relacionada con el derecho de petición, esto es, un acto de naturaleza omisiva, el efecto de la eventual sentencia estimatoria consistirá, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en obligar a la responsable a emitir una respuesta por escrito, congruente, completa, rápida, fundada y motivada a la petición formulada del quejoso. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, pues la respuesta recaída a la petición, en esos términos, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo." Por tanto, con apoyo en el artículo 146, fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se concedió a ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: Emitir el laudo dentro del expediente laboral ********************2. Ejecutoria. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días diera cumplimiento con la misma. 3. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. -Por oficio ******************** recibido en auto de veinticuatro de agosto del año en curso, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia con firmas autógrafas originales del laudo dictado el catorce de agosto del año en curso, dentro del juicio laboral ********************4. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, procedió a dictar el laudo correspondiente al expediente ********************En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

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