Imelda Solis Carmona

Expediente 181/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
181/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Imelda Solis Carmona
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito 36

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veintiuno de febrero del año en curso, en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, toda vez que mediante proveído emitido el cuatro de marzo del año en curso, se reservó proveer el escrito presentado por la parte quejosa el primero de marzo pasado; por tanto, en atención a los párrafos que anteceden, dígasele que no ha lugar a proveer como corresponda la documental que para tal efecto exhibió. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la quejosa, atento a su contenido, se reserva proveer como corresponda, hasta en tanto, este Órgano Jurisdiccional declare firme el proveído emitido el veintiuno de febrero del año en curso. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se provee: CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de febrero del año en curso. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados consisten en: La nulidad absoluta de la acción controversia agraria 982/2018, promovida por Luis Daniel García Ortega, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, para el mejor derecho para poseer y usufructuar el solar número veinticinco, manzana diecinueve, zona uno, polígono dos, ubicado en el ejido "Isaac Arriaga", municipio de Morelia, Michoacán; en la que previo a su admisión, se requirió al promovente del juicio, para que dentro del término de ocho días, exhibiera el acta de asamblea ejidal donde se asignó el solar a favor de la aquí quejosa, así como el plano donde quedó ubicado como zona de asentamiento humano y el plano individual del solar en conflicto; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se declararía precluído su derecho y comenzaría a operar el término de caducidad de la instancia. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales de la quejosa de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso particular, la promovente solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra la nulidad absoluta de la acción de controversia agraria 982/2018, promovida por Luis Daniel García Ortega, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, para el mejor derecho para poseer y usufructuar el solar número veinticinco, manzana diecinueve, zona uno, polígono dos, ubicado en el ejido "Isaac Arriaga", municipio de Morelia, Michoacán; en la que previo a su admisión, se requirió al promovente del juicio, para que dentro del término de ocho días, exhibiera el acta de asamblea ejidal donde se asignó el solar a favor de la aquí quejosa, así como el plano donde quedó ubicado como zona de asentamiento humano y el plano individual del solar en conflicto; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se declararía precluído su derecho y comenzaría a operar el término de caducidad de la instancia. Como se observa el acto reclamado no es de los considerados como de imposible reparación porque está vinculado con la prevención realizada por la autorizada para dar trámite a la admisión de la demanda del juicio de origen. Es decir, el acto que se impugna constituye un acto dentro del procedimiento; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la peticionaria una ejecución que sea de imposible reparación. En esa condición, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia definitiva dentro del juicio agrario de origen; esto es, que la parte quejosa sin considerar que se inicie el trámite de la nulidad absoluta de la acción controversia agraria 982/2018, promovida por Luis Daniel García Ortega, está en condición de obtener una resolución favorable. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, interpretada a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE quince DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE: Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 181/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por Imelda Solís Carmona por propio derecho. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 108, fracción IV, 114, fracciones I y II, y demás relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, y consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad: Señale la fecha exacta en que tuvo conocimiento o que fue notificada de los actos reclamados; lo anterior, en razón de que fue omisa en su escrito de demanda, en precisar la fecha en que fue sabedora de los actos aquí reclamados. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, Tomo II, Febrero de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Precise el estado procesal que guarda el expediente agrario 982/2018, promovido por Luis Daniel García Ortega, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con residencia en esta ciudad; toda vez, que del contenido de su demanda en el apartado de hechos, únicamente refiere: ". el hoy tercero interesado en cuestión que el auto que recibe y previene la demanda me fue entregado por el mismo dentro de la acción de denuncia penal ."; mientras que en el apartado de conceptos de violación, señala: ". revocar admisión de la controversia agraria .". Lo anterior, a fin de que este Órgano Jurisdiccional esté en condiciones de proveer sobre su admisión. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo acordado y de no acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en que incurre LA PARTE QUEJOSA cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si el quejoso incurre en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito del quejoso es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la quejosa, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Villalobos Medina, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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