Ines Enrique Torres Acosta

Expediente 1008/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1008/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
11/10/2016

Partes del expediente

  • Ines Enrique Torres Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que el quejoso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el cuatro de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada a este órgano jurisdiccional ese mismo día, Inés Enrique Torres Acosta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto consistente en la orden de incomunicación en contra del ahora quejoso, así como su ejecución, el cual atribuye al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Y Readaptación Social y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos fundamentales invocados. La parte inconforme señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 5, 14, 16, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Auto admisorio. Previo desahogo de prevención, en auto de seis de julio de dos mil dieciséis (fojas 18 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de las responsables sus informes justificados; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la ejecución del acto señalado por la quejosa es reclamada a autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es: * La orden de incomunicación en contra del ahora quejoso, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de los quejosos, es decir, lo que quisieron decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el registro número 181810 y rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables: a. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 40). b. Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica en suplencia del Director General y Presidente del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" (foja 30). Al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la quejosa aportara prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar tales manifestaciones. Ahora, dicha negativa correspondía desvirtuarla a la agraviada, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, con número de registro 187728, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se estima procedente sobreseer en el juicio de amparo promovido por Inés Enrique Torres Acosta, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los numerales 73, 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Inés Enrique Torres Acosta, contra las autoridades, por los actos y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante José Antonio Ruiz Rosales, secretario que da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se fijó para hoy a las once horas con cinco minutos, tal como se precisó en auto de cinco de agosto de esta anualidad. Sin embargo, en auto de once de los actuales se dio vista a las partes con el informe justificado del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaria de Gobernación; por lo que resulta evidente que aún no fenece el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con que cuentan para imponerse de su contenido. En tal virtud, a fin de no transgredir las reglas rectoras de la tramitación del juicio de garantías, acorde con lo previsto en el precepto citado en el párrafo precedente, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, para su celebración se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Por su aplicación se cita la jurisprudencia 7, publicada en la página 11, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Actualización 2001, Tomo VI, Materia Común, registro 191995, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ("...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario, Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil dieciséis. Por recibidos los oficios a través de los cuales el Director de Amparos y Derechos Humanos rinde informe justificado y de cumplimiento a la suspensión de plano, en suplencia por ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación. De conformidad con los artículos 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en los ordinales 9° y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los mencionados por la responsable. Asimismo, se tienen por formuladas las aseveraciones insertas en el informe justificado, en el sentido de que en el caso, se actualiza diversa causa de sobreseimiento, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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