Indalecio Benitez Mondragon

Expediente 1049/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1049/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • Indalecio Benitez Mondragon

Actuaciones

  1. Principal

    II. Por recibido el oficio suscrito por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual, comunica las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo decretada, y remite copia certificada del auto de doce de julio pasado, emitido en el expediente 89/2008 de su índice. Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y anexos adjuntos para que surtan los efectos legales procedentes y este órgano jurisdiccional toma conocimiento de su contenido para los efectos legales procedentes. Requiérasele a la responsable para que cuente con el resultado de la diligencia a practicar, lo haga saber de manera inmediata a este juzgado federal. Finalmente, si la autoridad a quien se dirige el oficio se encuentra de vacaciones, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal para que una vez que reanude sus labores, sin necesidad de ulterior acuerdo envíe el oficio respectivo, el cual queda bajo su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sean debidamente enviado a su destinatario.

  2. Principal

    II. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Indalecio Benítez Mondragón, contra actos de la Fiscalía General del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el número 1049/2017-II. Desechamiento. Ahora, este Juzgador de amparo estima que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dichos preceptos legales establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la carta magna, las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, la omisión reclamada a las autoridades responsables, son susceptibles de ser impugnadas ante el juez de control, quien podrá analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. Dicho en otras palabras, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como aquella en la que se determina el no ejercicio de la acción penal. En efecto, durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, se concluye que la omisión reclamada a las autoridades responsables de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. Además, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse actos atribuidos al agente del Ministerio Público, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna; por lo que de la misma manera tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se dispone que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño; son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial, en la que se podrá determinar lo referente a dichos actos cometidos en la investigación de los delitos, o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que la quejosa debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Corrobora lo anterior, la tesis VXVIII.1º.p.a.2p (10a.), visible en la página 2141, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. En consecuencia, al estar actualizada la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales; en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, las notificaciones, aún las de carácter personal, practíquense a la parte agraviada por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito, porque el señalado para tales efectos, se encuentra fuera de la residencia de este recinto judicial y, es un requisito previo e indispensable que para poder efectuar notificaciones personales, los interesados en su primera comparecencia señalen domicilio en el lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, lo que en el caso aconteció. Se estima aplicable, en lo conducente la tesis publicada con el número XI.2o. 33 K, en la página 1401, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2002, Tomo XVI, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES POR LISTA EN EL AMPARO. SON LEGALES SI NO SE HA SEÑALADO DOMICILIO PARA RECIBIRLAS EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL. Los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en términos del artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establecen que es requisito previo e indispensable que para poder efectuar notificaciones personales, los interesados en su primera comparecencia señalen domicilio en el lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, y si el diverso numeral 116, fracción I, de la Ley de Amparo exige como requisito el que al formularse la demanda de amparo por escrito se exprese el nombre y domicilio del quejoso o de quien promueva en su nombre, es legal que cuando no se cumplan esas disposiciones, las notificaciones personales se realicen por lista, por así señalarlo el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo." Autorizados En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Javier Martínez Villa, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, y a las restantes personas en términos de la última parte del citado precepto legal. Asimismo, atento a la segunda certificación de cuenta como lo solicita el promovente, téngase por autorizado al usuario "victorjaviermartinezvilla", para la consulta vía internet del citado expediente, con el nombre de usuario que refiere, para los efectos precisados. Uso de medios electrónicos. En términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la parte promovente el uso de los medios electrónicos con el objeto de imponerse de los presentes autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese en los términos precisados del presente auto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.

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