Indret Iniciativas Sociales
Expediente 648/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Indret Iniciativas Sociales
- José Francisco González Flores
- Indret Desarrollos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital, mediante el cual adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 110/2019, formado con motivo del recurso interpuesto por las quejosas Indret Desarrollos, sociedad anónima de capital variable e Indret Iniciativas Sociales, sociedad anónima de capital variable, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo a la superioridad vía electrónica; háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto 1/2009, de los plenos de la suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que en copia certificada exhibió en su escrito inicial de demanda, previa copia certificada que en lugar se deje y constancia de recibo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de las constancias que le fueron remitidas para la sustanciación del recurso de queja interpuesto en contra del auto de veinticinco de julio de dos mil diecinueve e informa que se admitió el mencionado medio de impugnación bajo el número de queja 110/2019.
- Principal
Visto el ocurso presentado por *************, mediante el que promueve recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo (dictado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve); de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese una copia al sumario para que obre como legalmente corresponde. En razón de lo anterior, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado, y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, del Decimosexto Circuito, anexándose copia certificada íntegra del expediente relativo al juicio de amparo 648/2019.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, como apoderado de **********, personalidad que acredita al tenor de las copias certificadas de sendos instrumentos notariales 20,159 y 20,160, tirados ante la fe del notario público número 101 con ejercicio y residencia en León, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 648/2019-V. b) Desechamiento de demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Conviene indicar que acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I de la ley de amparo -también aplicable a este tipo de resoluciones- se desprende del escrito de demanda que las quejosas reclaman en esta instancia: i).- El artículo 1390 Bis 18 del Código de Comercio, por considerarlo inconstitucional; acto que reclaman de las autoridades presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión; secretaria de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, todos con residencia en Ciudad de México; y ii).- Como primer acto de aplicación de tal disposición normativa, el proveído dictado el once de julio de dos mil diecinueve, por el juez de Oralidad Mercantil de la Región Celaya, Guanajuato, dentro de los autos del juicio oral mercantil SOM-607/18, donde declinó su competencia legal y ordenó remitir los autos al Juzgado Civil de Partido en turno en esta localidad. En primer término debe precisarse que existen dos tipos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o cualquier tipo de ordenamientos de observancia general: aquellos que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado (autoaplicativos), y aquellos que necesitan un acto concreto de aplicación para actualizar tal gravamen (heteroaplicativos). En la especie, el numeral 1390 Bis 18 del Código de Comercio, se reclama en su carácter de heteroaplicativo, pues se combate a virtud del acto de aplicación que la parte quejosa hizo consistir en el indicado en el inciso ii); esto es, la determinación -dictada por la autoridad judicial responsable-, en data once de julio de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio oral mercantil SOM-607/18 por la que declinó la competencia legal y ordenó remitir los autos al Juzgado Civil de Partido en turno en esta localidad. En efecto, de los términos en que fue planteada la demanda de amparo, no queda duda de que la parte agraviada impugnó la disposición normativa que tilda de inconstitucional, a través de lo que considera su primer acto de aplicación, toda vez que su impugnación se hace a partir del acto por el que el juez responsable declaró su incompetencia legal para seguir conociendo del juicio subyacente y ordenó remitir los autos al juez civil competente en esta ciudad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció determinadas reglas para el estudio del amparo contra leyes cuando son reclamadas a través de un acto de aplicación. En principio, el Juzgado de Distrito debe analizar si el juicio de amparo es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, pero si en relación con él se actualiza una causal de improcedencia, también será improcedente el juicio contra la norma tildada de inconstitucional. Esto se debe a que el análisis de una norma general impugnada implica, por necesidad lógica y jurídica la imposibilidad de desvincularla del acto de aplicación: norma general y acto de aplicación son concomitantes cuando la primera se reclama en su carácter heteroaplicativo. Y sólo en el caso de que el juicio constitucional sea procedente respecto al acto concreto, podrá analizarse la constitucional de la ley. Orienta lo afirmado, la jurisprudencia 2ª./J 71/2000 publicada en la página 235 del tomo XII de Agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En mérito de lo anterior, se examinará primeramente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el acto de aplicación, determinado en el inciso ii) de esta resolución, consistente en el proveído dictado el once de julio de dos mil diecinueve, por el juez de Oralidad Mercantil de la Región de Celaya, Guanajuato, dentro de los autos del juicio oral mercantil SOM-607/18. Así, este juzgado considera que con relación a ese acto de aplicación del precepto legal tildado de inconstitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De los preceptos legales transcritos se evidencia que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia ley, aplicado a contrario sensu. En efecto, del citado precepto legal 107, fracción VIII, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. Por tanto, en sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. De ahí que el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, con relación a la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en sesión pública ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil quince, esencialmente determinó que la fracción normativa en comento no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por ello, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Por tanto, si en el presente caso, en data once de julio de dos mil diecinueve el juez de Oralidad Mercantil de la Región Celaya, declinó la competencia legal y ordenó remitir los autos del juicio oral mercantil SOM-607/18 al Juzgado Civil de Partido en turno en esta localidad, sin que a la fecha obre un pronunciamiento de la autoridad a la que le fueron remitidos los autos respecto de su aceptación, resulta incuestionable que aún no se actualiza una afectación personal y directa a la esfera jurídica de las quejosas; de ahí que el presente juicio constitucional no se ubica en la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. En efecto, el acto reclamado no es definitivo para los efectos del juicio de amparo, dado que se encuentra supeditado a que el tribunal que conozca de la competencia declinada la acepte o la rechace y, en todo caso, la que este emita será la que podría causar el agravio para ser impugnada a través del juicio biinstancial. Por tanto, se estima que el acto reclamado no se ubique en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en que la autoridad determina declinar o inhibir la competencia, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2009721, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Ahora bien, si en el presente caso está acreditado que respecto del acto concreto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional se actualizó la causal de improcedencia antealudida, ello torna improcedente el presente juicio también por lo que ve a la norma legal de aplicación general tildada de inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda planteada, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. c) Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** en esta ciudad y como autorizados en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo **********, en atención a que la parte accionante no proporcionó dato alguno con el que se acredite que esta persona tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), hasta en tanto se subsane dicha situación y a la diversa ********** también en los términos restringidos de ese numeral por así haberlo solicitado expresamente. d) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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