In-Hyuk Choi Kim

Expediente 480/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
480/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2015

Partes del expediente

  • In-Hyuk Choi Kim

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso **********, interpusiera recurso de queja contra el auto veintinueve de mayo de dos mil quince, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ********, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil de Partido en Moroléon, Guanajuato, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 22 y 133 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 480/2015. Con relación al libelo constitucional, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********, en virtud de lo que a continuación se expone. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada: "(.) De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, EL ACTO QUE SE CONTIENE EN EL ELMPLAZAMIENTO. --- Primero: Hecho al suscrito por una tercera persona que si acaso conozco es de vista. --- Segundo: El C. Juez de Partido Civil de Moroleón al emitir su auto ordenando mi emplazamiento y negar mi derecho a la traducción de la demanda en mi idioma natal por suponer mi conocimiento del idioma español olvida FUNDAR (expresar, los preceptos legales que regulen su suposición) y MOTIVAR (menos aún presa las razones por la cuales la autoridad considera que su acto en que basa su proceder se encuentra probado y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.) (.)." Por otra parte, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos por la parte agraviada en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad, así como de los anexos que exhibió, concretamente de los documentos con que le corrieron traslado en el emplazamiento al juicio subyacente, esto es, el juicio oral ordinario F 85/2015, del índice del Juzgado Civil de Partido en Moroléon, Guanajuato; medios de convicción con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los numerales 133 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierten los siguientes datos relevantes. La ahora quejosa figura como parte procesal demandada en el juicio oral ordinario F 85/2015, del índice del Juzgado Civil de Partido en Moroléon, Guanajuato; que dicho controvertido fue iniciado por ********************, quien demandó el otorgamiento de una pensión alimenticia y otras prestaciones. Que en el invocado asunto se ordenó el emplazamiento al hoy quejoso por auto de veinte de mayo de dos mil quince, sin que resultara necesario, a juicio del juez de origen, que el escrito de demanda se tradujera al idioma natal del reo, porque resultaba un hecho notorio que el demandado conocía el idioma español porque ante el órgano judicial que preside tramita el diverso expediente familiar F-106/2015. Asimismo que el veintiséis de mayo de dos mil quince, lo emplazaron al juicio de donde derivan los actos reclamados por conducto de interpósita persona, en Moroleón, Guanajuato. Ante el anterior contexto, resulta patente que el impetrante es parte material y formal en la contienda judicial de donde deriva el acto reclamado, y que la misma se encuentra en trámite. Así, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción I, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los dos últimos preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: - - - I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; - - - [.]." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Ello es así, si se toma en consideración que los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que de una manera inmediata lesionan el interés jurídico de una de las partes en el juicio, en que se pronuncie o bien haga imposible la prosecución del procedimiento y por tanto el fallo definitivo cause a una de las partes un agravio no reparable, es decir, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquellos que generan efectos materiales sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número LVII/2004, sustentado por mayoría de votos del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión privada celebrada el treinta de septiembre de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado. Resulta aplicable, por analogía la jurisprudencia número 232 publicada en la página 157, del tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus defectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En este orden de ideas, si como se precisó con anterioridad en el presente caso se reclama el emplazamiento practicado al quejoso el veintiséis de mayo pasado en los autos del juicio oral ordinario F 85/2015, del índice del Juzgado Civil de Partido en Moroléon, Guanajuato, ordenado el veinte de mayo de los actuales, y además el citado controvertido aún se encuentra en trámite, lo que se infiere dado que aún no corre el plazo para contestar demanda dado la fecha del llamamiento a juicio, resulta inconcuso que tal acto no tiene una ejecución de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, pues como ya ha sido explicado en párrafos precedentes, de obtener la parte quejosa resolución favorable a sus intereses, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, el impetrante estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 94/2008, publicada en la página 256, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.- La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". También, sustenta lo señalado anteriormente, en lo conducente, la tesis II.1o.C.T.44 K, visible en la página 396, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OÍDO EN EL JUICIO.- El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia". Asimismo, sustenta lo señalado con antelación, la tesis de jurisprudencia VII. A. T. J/33, del Tomo 86-1, Febrero de 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 50, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y CUANDO EL INDIRECTO. La falta de emplazamiento legal puede dar lugar: a). A la condena del reo sin que tenga conocimiento alguno del procedimiento seguido en su contra, o sea, en uno en el que, en puridad, no puede considerársele parte y sí tercero extraño, criterio éste que encuentra apoyo en las tesis jurisprudenciales números 262 y 263, que bajo el rubro 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO' pueden consultarse en las páginas ochocientos uno y siguientes de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos setenta y cinco, y b). A dicha condena en uno en el que el demandado pudo tener intervención y, por ende, obtener la regularización del procedimiento. En la primera de esas hipótesis es aplicable lo dispuesto por la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 259 publicada bajo el epígrafe 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO' en la página ochocientos de la parte y apéndice mencionados, que contemplan un caso de procedencia del juicio constitucional ante los jueces de Distrito, en tanto que en la segunda el aplicable es el diverso 159 fracción I ibidem, y por lo tanto, procedente el juicio unistancial." En efecto, al encontrarse el juicio natural en trámite, el impetrante se encuentra en aptitud de acudir a él y hacer valer en contra de los actos que le causen perjuicio los medios de defensa ordinarios que tenga a su alcance antes de acudir al juicio de amparo y, en su caso, agotado el principio de definitividad, acudir a la acción constitucional, en su oportunidad procesal y la vía correspondiente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción I, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley anteriormente citada, dígase a los promoventes, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el primer precepto invocado se omitirán sus datos personales cuando manifieste su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la difusión de las sentencias emitidas por los Órganos Jurisdiccionales no operan respecto de quién o quienes en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias. Finalmente, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Texcoco, 135, Barrio del Zapote, en esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, toda vez que dicho profesionista tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por no encontrarse en dicho supuesto.

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