Indira Patricia de la Cruz Aragón

Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1143/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Indira Patricia de la Cruz Aragón

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1143/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho y en representación del menor de iniciales ************, contra un acto de la jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, presentada el veintidós de noviembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede San Bartolo Coyotepec y turnada el veintitrés de noviembre siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el número ********************/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la ley invocada. Acto reclamado. La parte quejosa reclama: El acuerdo de *********** en la parte en la que se ordena la publicación de edictos en el diario de mayor circulación en el Estado de Oaxaca, por ser el lugar en el que se lleva el juicio **********. Que atribuye a la jueza Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Hechos y abstenciones. Como hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refiere que: 1° El ********** presentó demanda de pensión alimenticia y guarda y custodia a favor de su menor hijo en contra de *************, la cual fue radicada con el número de expediente ************ del Juzgado Sexto Familiar del distrito judicial del Centro. 2° Seguido el trámite de ley y con el objeto de emplazar al demandado ************, el ************ solicitó se llevara a cabo a través de edictos. 3° Mediante acuerdo de ***********, la responsable ordenó que la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento al demandado se realizara por medio de edictos, publicándose tres veces consecutivas con intervalos no menores de siete días en el Periódico Oficial de la Ciudad de México, por ser el último domicilio que se tenía registrado del demandado y en uno de los diarios de mayor circulación de dicha entidad; así como en el diario de mayor circulación en el Estado de Oaxaca, por ser el lugar en que se lleva el presente juicio (esta parte del referido acuerdo es el que reclama). Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: CONSTITUCION FEDERAL. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Fracción III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. . ." LEY DE AMPARO "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: Fracción V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." De conformidad con el principio de procedencia del juicio de amparo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando los actos, en el juicio, tengan una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia P./J. 24/92, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Al resolver la contradicción de tesis 456/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una interpretación de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, que se invoca en el caso por establecer lo que se entiende por imposible reparación en la publicación de edictos, tema que se relaciona con lo reclamado en la demanda de amparo, y señaló que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera a aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo que implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio. También refirió que es máxima de la experiencia que en la tramitación y prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales que les sean propias y mantener sus respectivas posiciones litigiosas en correspondencia con el interés que tienen en que se resuelva el juicio de manera favorable a sus pretensiones. Que no resultaba extraño a la práctica litigiosa civil, que quien acude ante los órganos de administración de justicia del Estado a solicitar tutela judicial, eventualmente debe sufrir y asumir alguna erogación y afectación de tipo patrimonial, ya sea, desde el valor económico que representa la actividad de trasladarse al inmueble donde se encuentra la sede de los tribunales ante los cuales se pretende promover, como el valor que puede representar el papel y la tinta empleados para realizar la escritura contenida en una demanda, así como las copias necesarias para su adecuada promoción, hasta la onerosa contratación de renombrados despachos de abogados o la publicación de edictos para emplazar a la parte demandada en un juicio. Entonces, sostuvo, que si fue voluntad del legislador proscribir que el amparo indirecto pueda ser procedente de manera indiscriminada respecto de cualquier acto en el juicio, y que es máxima de la experiencia que en la tramitación y prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones, derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio de manera favorable a sus pretensiones, para efectos de fijar el alcance conducente del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la afectación patrimonial que sufren las partes al cumplir con cargas procesales o al hacer peticiones a los tribunales, derivadas de la tramitación de un juicio, no se ven afectados sus derechos sustantivos, sino sólo sus derechos adjetivos, pues las erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a las conductas procesales que los originan. También señaló que, admitir lo contrario, es decir, aceptar como válido que cualquier impacto patrimonial derivado de la tramitación de un juicio y con motivo de la satisfacción de las cargas procesales propias de cada parte o de las peticiones que en tutela del propio interés efectúan, sea suficiente para estimar que la determinación judicial que le recaiga puede afectar derechos sustantivos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conduciría al exceso de consentir que el juicio de amparo fuera procedente prácticamente en contra de cualquier determinación procesal dictada dentro de juicio, lo que no sólo es contrario al sentido restrictivo contenido en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que tendería a propiciar una indebida e injustificada dilación en la tramitación de los juicios, ante la eventual e indiscriminada procedencia de múltiples juicios de amparo indirectos. Y que ninguna relevancia adquiere para el caso el hecho de que la erogación patrimonial que hace el actor con motivo de la publicación de los edictos para emplazar al enjuiciado sea cuantiosa o significativa desde el punto de vista económico, respecto de otra afectación patrimonial de ínfima cuantía derivada de la tramitación de un juicio, pues acorde a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados en juicio no puede derivar de la circunstancia de que la violación procesal importe un mayor o menor impacto patrimonial a las partes, sino de que tal afectación recaiga en derechos sustantivos, hipótesis respecto de la cual no se puede surtir jurídicamente cuando el impacto patrimonial de las partes deriva del cumplimiento de cargas procesales o de la realización de peticiones a los tribunales con motivo del propio interés en la tramitación de un juicio. Ello dio origen a la tesis de jurisprudencia (que no ha sido superada) de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2000789 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 37/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 741 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". Atendiendo esas consideraciones jurídicas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de señalarse que el acto que reclaman los quejosos, como lo es la parte relativa del acuerdo por el que la autoridad judicial responsable determina que se realice la publicación de los edictos en el diario de mayor circulación en el Estado de Oaxaca, para llevar a cabo el emplazamiento del demandado, porque dice la quejosa que impactaría en su patrimonio, no es de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo, ya que no afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos, sino solo procesales, pues jurídicamente está vinculada esa erogación con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. En consecuencia, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo. Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2009478 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a. XLVIII/2015 (10a.) Página: 1070 ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. 4. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo. b) Autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************de quien se encontró registro ********************de la cédula profesional ********************a su nombre en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof. En relación con las demás personas que se mencionan, ********************y ********************, se les tiene por autorizados en términos del precepto 24 de la ley invocada, por así solicitarlo expresamente. 5. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 16, 19, 35, 36, 38 a 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico ********************/2023 a través del usuario "********************". 6. Medio de comunicación no procesal. Téngase a la parte promovente proporcionando un correo electrónico, que se tiene como medio de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que adicionó el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 7. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 8. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tramita e integra este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 9. Publicación de versión pública de resolución. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que esta resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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