Imelda Torres García

Expediente 323/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
323/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Imelda Torres García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    NC.323/2018-5B-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil dieciocho. Hecho notorio. Del expediente principal del que deriva este incidente de suspensión se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo y se ordenó el archivo de ese cuaderno, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Archivo de cuaderno incidental. ........Notifíquese. ....

  2. Principal

    PRAL.323/2018-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil dieciocho. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a la parte quejosa para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de trece de junio de dos mil dieciocho -fojas 48 a 51-, que sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Destino del incidente. Finalmente, del auto inicial se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este expediente, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    pral.323/2018-5B*...En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. ...

  4. Principal

    PRAL.323/2018-5B-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. Improcedencia de requerir constancias. Agréguese el escrito de Otilio Bautista López, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita, con el objeto de acreditar la existencia del acto reclamado, que se le requiera a la autoridad responsable, Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, copia certificada de las sentencias dictadas en los juicios 69/2010 y 24/2017 de su índice; expedientes a los que dicha autoridad hace referencia en su informe justificado -foja 38-. Al respecto, es necesario precisar que en este juicio constitucional la parte quejosa impugna, en esencia, la falta de emplazamiento al procedimiento de información de dominio en el que se ventilan los derechos de propiedad o posesorios de un bien inmueble que refiere es de su propiedad -foja 3-. En ese sentido, el secretario encargado del juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado -foja 38-. Asimismo, señaló que ante dicho órgano se tramitan los juicios 1) 69/2010, relativo a la información de dominio que en la vía de jurisdicción voluntaria promueve Imelda Torres García (parte quejosa en este asunto) y 2) 24/2017, referente al interdicto de retener la posesión que, en la vía sumaria civil, demanda Imelda Torres García -foja 38-. De lo anterior se advierte que la quejosa figura como parte actora en ambos juicios; es decir, tiene acceso a dichos procedimientos, pues fue ella quien los inició. Entonces, si la pretensión de la promovente Imelda Torres García es acreditar la existencia del acto reclamado con base en las constancias que obran en los referidos expedientes, se le hace saber que, en atención al principio de pertinencia que rige en materia probatoria, es innecesario requerir a la autoridad responsable que remita las documentales que refiere, en razón de que la quejosa figura como parte actora en ambos asuntos (69/2010 y 24/2017); de ahí que no tengan relación con la litis en este juicio, pues, como se indicó, en este procedimiento aduce que no ha sido emplazada. Además, en todo caso, dicha parte está en condiciones de exhibir las constancias que obran en los juicios que ella promovió. Con lo anterior de ninguna manera se desconoce lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo, que faculta al juez de Distrito para solicitar documentos que obren en poder de los servidores públicos y que sean de necesarios para que las partes puedan rendir sus pruebas en el juicio constitucional; sin embargo, dicha circunstancia se encuentra supeditada a que la parte interesada acredite haber realizado la petición respectiva ante la responsable, lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo, por las razones que contiene, la tesis con registro 187728, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." informe rendido. Respecto a la solicitud del promovente para que se requiera a las autoridades responsables para que informen si alguna persona ha promovido algún juicio o procedimiento en el que se ventilen los derechos de un bien inmueble propiedad de la parte quejosa, hágasele saber que dicho aspecto constituye precisamente el acto que reclama en este juicio, y sobre el cual las responsables ya rindieron sus informes justificados -fojas 38 y 39-, en los que negaron la existencia del hecho que se les reclama. Por tanto, ningún fin práctico tendría requerir nuevamente dichos informes, pues los mismos ya obran en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Fermín Santiago Santiago, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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