Iñaqui Uriarte García

Expediente 413/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
413/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Iñaqui Uriarte García

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En su oportunidad, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, téngase por recibida la constancia de notificación personal realizada por el Actuario de la adscripción de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se advierte que se le notificó a la parte quejosa diversos proveídos; sin emitir mayor acuerdo al respecto, se ordena agregar a los presentes autos para que obre y surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se desprenda que la parte quejosa, haya estado notificada del proveído de trece de julio de dos mil veinte, dictado en el presente asunto. En tales condiciones, se comisiona al Actuario adscrito que le fue asignado el presente asunto, para que a la brevedad realice la notificación correspondiente a dicha parte. Hecho lo anterior, realice la vinculación de la notificación antes referida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte que se indica en el presente acuerdo. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA VÍA ELECTRÓNICA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, a trece de julio de dos mil veinte. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Iñaquí Uriarte García, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 413/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de qué se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la parte quejosa Iñaqui Uriarte García. En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Máxime que la firma del promovente es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. Cabe destacar que el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece lo siguiente: "Artículo 45.- Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." En tales condiciones al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de las personas que se consideran afectadas en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso por los motivos que lo exponen, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Sexta Parte, con número de registro 249481, cuyo rubro y texto establecen: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". Así como por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 72, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 115-120, Sexta Parte, con número de registro 252200, cuyo rubro y texto es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz." No se soslaya que el artículo 42 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece los supuestos en que no es obligatorio el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a saber: "Artículo 42.- El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que Iñaqui Uriarte García, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso los actos reclamados, no son de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales), y los agraviados se encuentren imposibilitados para plasmar su firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo. Máxime que, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye "La suspensión, dilación y menoscabo al artículo 8, 17 Constitucional y derecho de audiencia por motivo del virus denominado COVID-19", por lo que no sería dable establecer que el acto reclamado se traduce en un ataque a la libertad fuera de procedimiento como se señaló en el párrafo que antecede. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la FIREL del quejoso, es procedente su desechamiento de plano porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79, Décima Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Se reitera, sin que este criterio resulte inaplicable en el caso, dado que no se trata del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la Ley referida. Por lo que se estima que, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, relacionados con el numeral 113, del ordenamiento legal citado, por ende, se desecha de plano la demanda de referencia, promovida por Iñaqui Uriarte García, al existir una causal manifiesta e indudable de improcedencia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia 4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO PROCESAL. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio en el que se encuentra recluido el quejoso. No obstante lo anterior, en razón de que no optó por llevar a cabo el juicio en línea, al no solicitar la práctica de notificaciones electrónicas, se ordena notificar personalmente la presente determinación, una vez que se reanuden las labores de este órgano jurisdiccional. Asimismo, y tomando en consideración que del escrito inicial de demanda se desprende que refiere a procesos penales tramitados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; por lo tanto, y a fin de que cuente con la asesoría jurídica correspondiente, gírese atento oficio al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del momento en que sea notificado del presente auto, designe defensor que asesore a la quejosa en el presente asunto. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento o de no informar la imposibilidad que tuviere para ello, se le impondrá, como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 237, fracción I, y 259 de la ley en comento, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, en específico lo relativo al fenómeno de salud pública, derivado del virus Covid-19, se solicita al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para que sea a través del correo institucional 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx; o del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que informe la designación del profesionista que asesorara al quejoso Iñaquí Uriarte García. Sin que sea necesario que éste acuda al Juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido, sino únicamente deberá informar la fecha en que se entrevistó con el aludido quejoso, para lo cual se acompaña versión digitalizada del escrito presentado por el quejoso. Además, se pone a disposición de la autoridad para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo, el teléfono celular 7773890206. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el caso, se tiene a la parte quejosa manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales, por lo que se instruye al personal de actuaria para que tome las medidas pertinentes. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se encuentra vinculada la notificación realizada a la parte quejosa del proveído de trece de julio de dos mil veinte; en esa virtud, instrúyase al Actuario y/o Actuaria de la adscripción, para que a la brevedad realicen la vinculación de la notificación correspondiente en el sistema de mérito, en su defecto, realicen dicha formalidad procesal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de julio de dos mil veinte. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Iñaquí Uriarte García, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 413/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a este Juzgado Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de qué se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la parte quejosa Iñaqui Uriarte García. En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Máxime que la firma del promovente es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, en el caso la falta de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. Cabe destacar que el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece lo siguiente: "Artículo 45.- Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." En tales condiciones al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de las personas que se consideran afectadas en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso por los motivos que lo exponen, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Sexta Parte, con número de registro 249481, cuyo rubro y texto establecen: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". Así como por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 72, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 115-120, Sexta Parte, con número de registro 252200, cuyo rubro y texto es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz." No se soslaya que el artículo 42 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece los supuestos en que no es obligatorio el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a saber: "Artículo 42.- El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que Iñaqui Uriarte García, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso los actos reclamados, no son de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales), y los agraviados se encuentren imposibilitados para plasmar su firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo. Máxime que, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye "La suspensión, dilación y menoscabo al artículo 8, 17 Constitucional y derecho de audiencia por motivo del virus denominado COVID-19", por lo que no sería dable establecer que el acto reclamado se traduce en un ataque a la libertad fuera de procedimiento como se señaló en el párrafo que antecede. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la FIREL del quejoso, es procedente su desechamiento de plano porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79, Décima Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Se reitera, sin que este criterio resulte inaplicable en el caso, dado que no se trata del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la Ley referida. Por lo que se estima que, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, relacionados con el numeral 113, del ordenamiento legal citado, por ende, se desecha de plano la demanda de referencia, promovida por Iñaqui Uriarte García, al existir una causal manifiesta e indudable de improcedencia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia 4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO PROCESAL. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio en el que se encuentra recluido el quejoso. No obstante lo anterior, en razón de que no optó por llevar a cabo el juicio en línea, al no solicitar la práctica de notificaciones electrónicas, se ordena notificar personalmente la presente determinación, una vez que se reanuden las labores de este órgano jurisdiccional. Asimismo, y tomando en consideración que del escrito inicial de demanda se desprende que refiere a procesos penales tramitados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; por lo tanto, y a fin de que cuente con la asesoría jurídica correspondiente, gírese atento oficio al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del momento en que sea notificado del presente auto, designe defensor que asesore a la quejosa en el presente asunto. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento o de no informar la imposibilidad que tuviere para ello, se le impondrá, como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 237, fracción I, y 259 de la ley en comento, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, en específico lo relativo al fenómeno de salud pública, derivado del virus Covid-19, se solicita al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, para que sea a través del correo institucional 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx; o del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que informe la designación del profesionista que asesorara al quejoso Iñaquí Uriarte García. Sin que sea necesario que éste acuda al Juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido, sino únicamente deberá informar la fecha en que se entrevistó con el aludido quejoso, para lo cual se acompaña versión digitalizada del escrito presentado por el quejoso. Además, se pone a disposición de la autoridad para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo, el teléfono celular 7773890206. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el caso, se tiene a la parte quejosa manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales, por lo que se instruye al personal de actuaria para que tome las medidas pertinentes. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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