Immer Hernández Romno

Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Immer Hernández Romno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Immer Hernández Romano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad Responsable: Subdirector de Sustanciación, Resolución y Dictaminación de Procedimientos Administrativos de la Contraloría Municipal de Cuautla, Morelos. Acto Reclamado: "El Acuerdo de Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, emitido en fecha dieciséis del mes de diciembre de dos mil veintidós, mismo que, dio origen al expediente de responsabilidad administrativa MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022". SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda amparo, se formó y registró el expediente 252/2023; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. De autos del presente asunto, en específico, de las constancias que conforman el expediente administrativo MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022, de donde emana el acto reclamado, mismas que remitió la autoridad responsable como complemento al informe justificado, se advierte que el acuerdo de admisión de informe de presunta responsabilidad administrativa emitido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que constituye el acto de molestia, fue notificado en forma personal al aquí quejoso, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, lo cual se corrobora con lo manifestado por el inconforme, quien refiere en su escrito de demanda de amparo, que fue notificado en esa fecha; por lo tanto, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda de amparo a que alude el artículo 17 de la misma ley, comenzará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclama. Al respecto, como se dijo anteriormente, el acuerdo reclamado se notificó en forma personal el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, conforme al Código de Procedimientos Civiles vigente para el estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Morelos, por lo tanto, de conformidad con el artículo 144 de la referida ley Adjetiva, el plazo otorgado en el acuerdo reclamado del dieciséis de diciembre del año próximo pasado, comenzó al día siguiente a aquél en que se realizó la notificación personal, por lo que, el término de quince días que dispone el numeral 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr el día siguiente; y, el escrito de la demanda de amparo fue presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. "Artículo 144.- Cómputo de los plazos. Los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal o a través de la lista o del Boletín Judicial". Entonces, la demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Acto reclamado: Conocimiento del acto: Surte efectos: Plazo para promover la demanda de amparo: Días inhábiles: Acuerdo del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022, en el que se determinó el inicio del procedimiento administrativo de presunta responsabilidad administrativa contra el aquí quejoso. Treinta y Uno de Enero de dos mil veintitrés. Comenzó a correr a partir del día siguiente de realizada la notificación personal Uno al veintidós de Febrero de dos mil veintitrés. Cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil veintitrés. Con base en el recuadro anterior, si la demanda de amparo indirecto fue presentada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de la pretensión que deduce. Así, de la lectura integral a la demanda de amparo, en relación con las documentales que integran este juicio constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable denominada Subdirector de Sustanciación, Resolución y Dictaminación de Procedimientos Administrativos de la Contraloría Municipal de Cuautla, Morelos, lo siguiente: Acto reclamado: El acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual se da inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del quejoso Immer Hernández Romano, dentro del expediente MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022. CUARTO. Existencia del acto. Al rendir su correspondiente informe con justificación, la autoridad responsable aceptó expresamente la existencia del acto reclamado, por lo tanto, sus manifestaciones constituyen una confesión expresa con pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada de las actuaciones existentes en el expediente administrativo MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022, que exhibió como complemento al informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por contar con la certificación correspondiente asentada por una autoridad en ejercicio de sus funciones; aunado que adquieren el valor de documentales públicas, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 de la codificación federal adjetiva invocada. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto, este Juzgado de Distrito considera oficiosamente que lo reclamado por la parte quejosa no es susceptible de reclamarse por el momento en esta instancia constitucional. Sin embargo, previamente a invocar la causal que torna improcedente este juicio de amparo, se estima necesario invocar los siguientes antecedentes: De las constancias existentes en autos, a las cuales ya se les otorgó su respectivo valor probatorio, se desprende que por acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/5aSERA/JRAEM020/2020, el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ordenó dar vista al Órgano Interno de Control del Municipio de Cuautla, Morelos, con el objeto de investigar ciertas conductas de omisión reprochadas a la Directora Operativa de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Entre ellas, no haber registrado al ahora quejoso Immer Hernández Romano, quien en su momento fungió como elemento efectivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos, ante el Registro Nacional de las Instituciones de Seguridad Pública, con lo que adujo se incumplió lo dispuesto en diversos preceptos legales del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Cuautla, Morelos; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Con motivo de lo anterior, una vez concluidas las investigaciones respectivas, se rindió informe de presunta responsabilidad administrativa por parte del Subdirector de Investigación, Denuncias, Quejas y Declaración de Situación Patrimonial y Conflicto de Intereses adscrito a la Contraloría Municipal de Cuautla, Morelos, atribuidas a dos ex funcionarios integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como al impetrante del amparo durante el periodo en el que se desempeñó como Policía adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Municipal de esa Secretaría, comprendido del quince de febrero de dos mil diecinueve al diecinueve de junio de dos mil veinte. Consecuentemente, la autoridad ahora responsable emitió el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022, en contra de Immer Hernández Romano (y otros dos ex servidores municipales), por presuntas faltas administrativas consideradas como no graves, que a decir de la autoridad, consistieron en que se le contrató de forma indebida y que por ello también recibió una indebida remuneración por el desempeño del cargo durante la época en que fungió como agente de policía. A dicho procedimiento fue llamado el inconforme mediante notificación practicada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés y, por ende, compareció personalmente a la audiencia inicial fijada para el catorce de febrero del año en curso, en la que presentó por escrito su declaración y ofreció pruebas, por lo que la responsable se reservó el dictado del acuerdo de admisión de pruebas a que se refiere el artículo 208, fracción VIII, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hasta ahí, se estima pertinente citar los antecedentes que obran en este asunto respecto del acto reclamado, pues con los que se han narrado es posible concluir que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, de la misma legislación, esta última interpretada en sentido contrario. Esto es así, pues dichas porciones normativas dicen lo que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, en el ordinal 107, fracción III, de la Ley de la Materia, que ha quedado transcrito, se contempla la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. O bien, contra actos en el mismo procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tales disposiciones, no deben interpretarse de manera estricta o aislada, sino relacionada una con la otra, por lo que no debe considerarse que el gobernado solo puede combatir la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y con ello todas las violaciones que se estimen cometidas en esa etapa, pues en el mismo procedimiento pueden surgir violaciones que constituyan actos de imposible reparación, cuya ejecución, al dictarse la última resolución, ya se habría consumado y, por tanto, no se podría restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales. De lo que resulta que, si en el procedimiento seguido en forma de juicio, se reclama un acto cometido antes del dictado de la última resolución, debe examinarse si ese acto es de ejecución irreparable para que proceda el amparo indirecto, pues de ser así, no es necesario esperar a la emisión de la "resolución definitiva". Al caso, se invoca en lo conducente y pertinente, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, sustentado en la tesis II.1o.4 A (10a.), registro digital 2007780, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2921, cuyo rubro y texto literalmente establecen: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." Con base en las consideraciones anteriores, se concluye que si lo reclamado no encuadra en alguno de los supuestos de procedencia mencionados, este medio extraordinario de defensa resulta improcedente al actualizarse la hipótesis normativa contemplada en el primero de los preceptos legales arriba citados (artículo 61, fracción XXIII), que establece que el juicio de amparo no procede en los casos en que esa improcedencia resultara de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley de Amparo, como en el caso sucede. Lo anterior se afirma así, toda vez que si lo que se reclama en la demanda de amparo es el acuerdo de fecha dieciséis de diciembre del año pasado, a través del cual se decretó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa contra Immer Hernández Romano, por presuntas faltas cometidas durante el periodo en que se desempeñó como policía municipal, es evidente que no cobra vigencia el primero de los supuestos de procedencia del juicio constitucional contemplado en el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la legislación en consulta. Ello, en virtud de que ese acuerdo de inicio o de admisión dictado en el expediente de origen instaurado contra el quejoso, de ninguna manera puede constituir la resolución definitiva que se requiere sea pronunciada en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio a fin de tener la posibilidad de combatirse conjuntamente con las demás violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Sobre todo porque, como se describió en los antecedentes narrados, hasta el momento en que fue rendido el informe justificado, la autoridad responsable solo ha desahogado la audiencia inicial, que en el caso ocurrió el catorce febrero del año que transcurre y se reservó el pronunciamiento del acuerdo de admisión de las pruebas ofertadas, a que se refiere el artículo 208, fracción VIII, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por consiguiente, aún queda pendiente también la preparación y desahogo de las pruebas admitidas; la apertura de un periodo de alegatos; el cierre de instrucción; citación de las partes para oír la resolución que corresponda y el dictado de la misma, que debe ocurrir en un plazo no mayor a treinta días hábiles con posibilidad de ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto lo amerite. Por lo que se reitera, el acto de molestia no es susceptible de combatirse en este juicio de amparo, pues no se trata ni equivale a la resolución definitiva que dirima el conflicto en el expediente de origen. De igual manera, la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que da inicio al procedimiento administrativo en cuestión, tampoco actualiza el segundo presupuesto de procedencia a que se alude en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación. Esto es así, puesto que únicamente produce el efecto de someter al inconforme a un procedimiento seguido en forma de juicio, donde tendrá la oportunidad de contestar la demanda y ofrecer pruebas (lo que ya llevó a cabo), así como alegar lo que considere conveniente a sus intereses a fin de desvirtuar las presuntas faltas administrativas que se dice fueron cometidas durante el tiempo en que se desempeñó como policía municipal. De ahí que, los vicios o irregularidades que pudiera llegar a tener el acuerdo inicial o de admisión de dicho procedimiento pueden no trascender a su esfera jurídica ni afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es orientadora de los argumentos expuestos, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 4/2012 (10a.), publicada con el registro digital 2001820, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 942, que dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó." Bajo esas consideraciones, al no ubicarse el acuerdo reclamado en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo que prevé la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia antes invocada, lo que trae como consecuencia decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional acorde al numeral 63, fracción V, de la misma ley. No es óbice a lo anterior, la existencia de algunos criterios jurisprudenciales en los que se establece la procedencia del juicio de amparo contra el acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo de responsabilidad, entre ellas, las de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO." "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." Sin embargo, tales criterios no son aplicables al caso que nos ocupa, pues el quejoso no se trata de un servidor público, tampoco se ostenta como aquellos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y/o pericial, y menos aún, la autoridad pretende su remoción o separación del cargo, sino que el procedimiento incoado en su contra versa sobre una supuesta responsabilidad por la comisión de presuntas infracciones durante el periodo que fungió como agente de policía y, además, acude a esta instancia desprovisto de algún encargo. De modo que, el quejoso debe esperar al dictado de la última resolución, o en su defecto, que se actualice algún acto en su perjuicio dentro del procedimiento que contenga una ejecución irreparable y, por consecuencia, que afecte sus derechos fundamentales para que pueda acudir válidamente a esta instancia constitucional a combatirlo, en tanto ocurre lo anterior, este juicio constitucional resulta improcedente como ya fue acotado. Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Immer Hernández Romano, contra actos del Subdirector de Sustanciación, Resolución y Dictaminación de Procedimientos Administrativos de la Contraloría Municipal de Cuautla, Morelos, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la Secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Subdirector de Sustanciación, Resolución y Dictaminación de Procedimientos Administrativos, de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, así como por ofrecidas las pruebas de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar un anexo por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo para que la autoridad responsable Subdirector de Sustanciación, Resolución y Dictaminación de Procedimientos Administrativos, de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, rinda su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 252/2023; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Immer Hernández Romano, reclama del Subdirector de Substanciación, Resolución y Dictaminación de Procedimientos Administrativos, de la Contraloría Municipal, del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos lo siguiente: El acuerdo de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en el expediente MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022, dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a la autoridad responsable su informe previo y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. El Subdirector de Substanciación, Resolución y Dictaminación de Procedimientos Administrativos, de la Contraloría Municipal, del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en su informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclama. SEGUNDO. Asentado lo anterior, para dilucidar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada, se precisa que el acto que combate la parte quejosa es el siguiente: El acuerdo de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente MC/CM/SSRyDPA/06- B/12-2022. El quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que se desempeñó en el periodo del quince de febrero de dos mil diecinueve al diecinueve de junio de dos mil veinte, como Policía adscrito a Seguridad Pública de Cuautla, Morelos y solicitó la suspensión del acto reclamado que hace consistir en el acuerdo de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en el expediente MC/CM/SSRyDPA/06-B/12-2022, incoado en su contra, y sus consecuencias, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del que emana la presente incidencia. Por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. El artículo 147 de la Ley de Amparo, señala que el Órgano Jurisdiccional de amparo deberá fijar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio; asimismo, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta en tanto se resuelva la litis constitucional. También, ha de precisarse que de lo dispuesto por los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo, se advierte que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, ésta ha de concederse de modo tal que no impida la continuación del procedimiento. Igualmente, no pasa inadvertido a esta Juzgadora Federal, que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados, que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando sobre el particular que la continuación del procedimiento es de orden público y, por ende, su suspensión lo contraviene, lo que se funda en el artículo 150, primer párrafo, de la Ley de Amparo; por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse sobre la procedencia de la suspensión respecto de los efectos de los actos reclamados. Cabe precisar que, en el ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable. Por tanto, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad responsable continúe con el procedimiento incoado en contra del peticionario, siempre y cuando se abstenga de dictar resolución definitiva en el mismo, pues como se indicó la medida cautelar no puede paralizar el procedimiento. La anterior determinación surte efectos, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del presente juicio de amparo, pues sólo en tales condiciones se estará en aptitud de conservar la materia del juicio de garantías, sin afectar el interés de la colectividad en que los juicios se prosigan. Salvedades: Se precisa que la presente medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado emana del cumplimiento de una sentencia de amparo o si fue emitida por diversas autoridades de la señalada como responsable. Tampoco surtirá efecto en caso de que el procedimiento de responsabilidad administrativa ya se encuentre resuelto, ya que se contravendrían disposiciones de orden público, por la prohibición de reincorporarlo al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fijación de garantía: Sin que por el momento se reúnan las condiciones para fijar garantía, para que dicha suspensión surta efectos en términos del artículo 132 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO Se concede la suspensión definitiva solicitada por Immer Hernández Romano, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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