Ilse Loriday Garcia González
Expediente 171/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 21/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ilse Loriday Garcia González
- Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur en Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Ilse Loriday García González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Director de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: Resolución de dos de febrero de dos mil diecisiete, que concede la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 240/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con sede en esta ciudad, en la parte que impone como medida a la quejosa la obligación de someterse a tratamiento psicológico para el control de la ira, y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecisiete, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda propuesta, a la que le correspondió el expediente 171/2017, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, y se dio vista al representante social de la adscripción, quien no formuló alegatos ministeriales. Asimismo, en proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por ampliada la demanda respecto a las citadas autoridades responsables y por lo que hace al acto reclamado siguiente: Determinación de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 240/2016, donde se aclara que la medida impuesta a la quejosa de someterse a tratamiento médico o psicológico, es para efecto de que madure en el sentido de aceptar la relación de su hija con su progenitor y no la obstaculice, de preferencia en instituciones públicas como el DIF o cualquiera que señale la Unidad de Medidas Cautelares para que verifique dichas condiciones, y su ejecución. Finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, escrito aclaratorio y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en: a) Resolución emitida en audiencia de dos de febrero de dos mil diecisiete, que concede la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 240/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con sede en esta ciudad, en la parte que impone como medida a la quejosa la obligación de someterse a tratamiento psicológico para el control de la ira, y su ejecución. b) Resolución emitida el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la citada causa penal, donde aclara que la medida de someterse a tratamiento médico o psicológico impuesta a la quejosa, es para efecto de que madure en el sentido de aceptar la relación de su hija con su progenitor y no la obstaculice, de preferencia en instituciones públicas como el DIF o cualquiera que señale la Unidad de Medidas Cautelares para que verifique dichas condiciones, y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, niega la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a) que antecede y manifiesta que es cierto el acto reclamado indicado en el inciso b). Por su parte, el Director de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad, en sus informes con justificación negó la existencia de los actos que se le reclaman. Sin embargo, la negativa expuesta por las responsables, se encuentra desvirtuada del contenido de los propios informes, donde hacen manifestaciones que evidencian su certeza, lo que se corrobora con las documentales que en copia certificada remitió la responsable ordenadora, en apoyo a su comunicado oficial; constancias con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. CUARTO. Causa de sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve, acorde a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El precepto transcrito acoge lo que doctrinalmente se conoce como el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual se traduce en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, en el entendido que de no hacerlo así, el juicio será improcedente. Este principio, encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción. En ese sentido, la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, se actualiza cuando: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Contra ese acto, la ley concede algún recurso dentro del procedimiento del que proviene, es decir, un recurso ordinario o medio de defensa por virtud del cual, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, c) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad. Establecido lo anterior, se precisa que en el particular, el presente juicio de amparo es improcedente, pues la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Ello es así, toda vez que respecto al acto reclamado consistente en la resolución emitida en audiencia de dos de febrero de dos mil diecisiete, que concede la suspensión condicional del proceso 240/2016, en la parte que impone como medida a la quejosa la obligación de someterse a tratamiento psicológico para el control de la ira, previamente a la promoción del juicio constitucional, la promovente de amparo debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; ." Como se ve, el dispositivo legal trascrito señala que en contra de las resoluciones que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso, procede el recurso de apelación. Por tanto, si la quejosa reclama la resolución emitida el dos de febrero de dos mil diecisiete, en el proceso penal 240/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur en el Estado, con sede en esta ciudad, que concedió la suspensión condicional del proceso y, para tal efecto, impuso como medida de esa suspensión la obligación de someterse a tratamiento psicológico para el control de la ira; válidamente se puede colegir que no agotó el principio de definitividad, pues en contra dicha determinación debió interponer el recurso de apelación establecido en el citado numeral, en la que se impugna la forma en que se otorgó esa suspensión condicional del proceso. De igual manera, en cuanto al acto que reclama relativo a la resolución emitida el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la citada causa penal, donde aclara que la medida de someterse a tratamiento médico o psicológico impuesta a la quejosa, es para efecto de que madure en el sentido de aceptar la relación de su hija con su progenitor y no la obstaculice, la peticionaria de amparo debió agotar el recurso de revocación contenido en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." En efecto, del precepto legal en comento se advierte que en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación, como ocurre respecto a la determinación de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, donde se aclara que la medida impuesta a la quejosa para someterse a tratamiento médico o psicológico, es para efecto de que madure en el sentido de aceptar la relación de su hija con su progenitor y no la obstaculice. Es así, porque en la determinación reclamada no se emiten consideraciones que impliquen analizar cuestiones de fondo del asunto, sino que sólo se hizo la aclaración sobre la medida de someterse a tratamiento médico o psicológico, previamente impuesta a la quejosa, la cual se efectuó sin debate previo de las partes, pues en la determinación de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el juez de control responsable sin sustanciación alguna hizo la aclaración de que se trata en cuanto a la mencionada medida condicional. Por tanto, se sostiene que en la especie, la quejosa debió agotar los medios de impugnación indicados, toda vez que se colman las exigencias establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo siguiente. a) Los actos reclamados provienen de un tribunal judicial, pues la autoridad responsable ordenadora es el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur en el Estado, con sede en esta ciudad. b) Los citados recursos de apelación y revocación, se encuentran previstos en la ley que rige dichos actos, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en los artículos 467, fracción VIII, y 465, respectivamente, los que se dan dentro del procedimiento en que se emitieron las determinaciones reclamadas y por virtud de éstos, tales actos pueden ser modificados, revocados o nulificados. c) No se surte alguna excepción al principio de definitividad legal o jurisprudencial, pues no afecta a personas extrañas, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, ni resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, no se trata de resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del tenor literal siguiente: "Novena Época Registro: 175624 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/260 Página: 1816 DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Bajo ese contexto, si en contra de los actos reclamados en estudio, proceden los recursos de apelación y revocación, respectivamente, y de los antecedentes que los conforman, se evidencia que no se hicieron valer previamente a la interposición del juicio de amparo dichos medios de defensa, es indudable que no se agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, configurándose de esa manera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese orden argumentativo, dada la actualización de la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Son aplicables al caso, las jurisprudencias 447 y 451, del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 297 y 300, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Materia Común, que a la letra dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Así como, por las razones que la informan, la Jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen: "Décima Época Registro: 2005039 Instancia: Primera Sala Tipo de tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Página: 350 DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, dado que no se reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. En sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia siguiente: "Séptima Época Registro: 394472 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 516 Página: 339 SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide estudiarlos. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia del cuyo contenido literal es como sigue: "Octava Época Registro: 394984 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 1028 Página: 708 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ilse Loriday García González, contra los actos que reclama del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur en el Estado de Sinaloa, y Director de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso Zona Sur del Estado, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. I. Nombra autorizados. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Ilse Loriday García González; en atención a su contenido, se tiene como sus autorizados para oír y recibir notificaciones en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Eduardo Melín Rodríguez y Luisa María Ureña Cordero, mas no así Lourdes Arely Ramos Rincón, a quien se autoriza únicamente en los términos restringidos que indica dicho numeral, esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. II. Copias. Por otra parte, se tiene recibido el escrito de la autorizada del tercero interesado Jesús Gerardo Osuna Velarde; y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, y hágasele entrega de la misma, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos. III. Se ordena agregar. Finalmente, se ordena agregar sin mayor trámite el oficio del Representante Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, por el cual cumple con el requerimiento realizado por este Juzgado de Distrito, y proporciona un domicilio del tercero interesado Jesús Gerardo Osuna Velarde; lo anterior, toda vez que éste ya se apersonó a juicio. Notifíquese.
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