Iliana Berenice Bernal Velarde
Expediente 169/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 50 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 25/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Iliana Berenice Bernal Velarde
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en México, Distrito Federal, POR CONDUCTO de la Secretaría de Energía en México Distrito Federal.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de tres de noviembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Iliana Berenice Bernal Velarde, contra los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en la parte considerativa quinta de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 5.AP/V.2/3160/2015, firmado por el consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en México, Distrito Federal, mediante el cual devuelve el diverso oficio 49164/2015, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, residente en México, Distrito Federal, en virtud de que la representación presidencial le corresponde a la Secretaría de Energía. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta de cuenta, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que la audiencia citada en el referido oficio se difirió en proveído de uno de los corrientes, ordenándose las notificaciones correspondientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la razón levantada por el actuario judicial de este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que existe para notificar personalmente el proveído de uno de octubre del presente año a la quejosa Iliana Berenice Bernal Velarde, toda vez que al constituirse en el domicilio ubicado en avenida el Canal sin número, local 7, Fraccionamiento Tellería, en esta ciudad, se encontró cerrado en su totalidad, por haber fallecido el titular. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la quejosa ILIANA BERENICE BERNAL VELARDE, el contenido del proveído de uno de octubre del año en curso, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese y por lista a la quejosa el proveido de uno de octubre de dos mil quince.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, uno de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a su informe justificado la autoridad responsable Superintendente de Zona Mazatlán y representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, anexó prueba documental de diversas constancias relativas al acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa, con las citadas documentales, para los efectos legales a que se refiere el citado dispositivo legal. Lo anterior, en términos de la tesis IV.2o.A.74 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1986, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del mes de Agosto de 2014, que dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Así, dicha excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto reclamado, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral de éste, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz; de ahí que el precepto inicialmente citado anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene, como primer alcance, el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa, dado su conocimiento integral. Relacionado con lo anterior, el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la obligación del Juez para que en los asuntos del orden administrativo se analice en la sentencia el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado y, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en caso de concederse el amparo, se determine que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; este dispositivo adquiere sentido jurídico, pues en él se encuentra inmerso implícitamente el principio de efectividad del amparo, el cual orienta y obliga a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio a resolver atendiendo a un sentido pragmático, que incida eficazmente en la esfera de derechos del gobernado, y no se utilice únicamente (por parte del quejoso) para entorpecer la actividad del Estado, o bien, tratándose de actos jurisdiccionales, para obstaculizar el goce de los derechos de la contraparte. Bajo ese contexto, de la interpretación sistemática de los dispositivos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo, el Juez de Distrito deberá actuar procedimentalmente de la siguiente forma: 1) Rendido el informe justificado, en caso de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y motivación, correrá traslado de forma personal al quejoso para que, en el plazo de quince días, realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación; 2) Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; 3) Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional; 4) Celebrada ésta, en la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, 5) Si considera que, superado lo anterior, aún existe falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En consecuencia, la omisión de dar vista al quejoso con la complementación de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, para que amplíe su demanda, en lo que respecta a esa complementación, que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la reiteración o no del acto reclamado, sin posibilidad de cercioramiento efectivo sobre la incidencia real de éste en la esfera jurídica del impetrante, es decir, únicamente desde una perspectiva meramente anulatoria y no reparadora, constituye una violación a las leyes del procedimiento de amparo, así como al principio de efectividad de las sentencias, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanar dicha omisión." Para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional programada para el día de hoy SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese; personalmente a la quejosa Iliana Berenice Bernal Velarde.
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