Iliana Patricia Causor Rentería
Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Iliana Patricia Causor Rentería
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en este juicio sin que lo hayan realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 895/2022, sin la comparecencia de las partes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos y desahogados conforme a su propia naturaleza dichos medios probatorios y se tiene por precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da nueva cuenta con el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo y por plecluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia, la cual es del tenor siguiente: R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante demanda recibida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, Iliana Patricia Causor Rentería, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y respecto de los actos reclamados siguientes: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión dentro del juicio laboral 754/2016 de dictar el auto de ejecución del laudo de once de enero de dos mil veintiuno; actualizar los salarios devengados; así como requerir a la demandada el otorgamiento y reactivación de la clave presupuestal de pago. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los que se contienen en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, este órgano admitió a trámite la demanda de amparo registrándose en el libro de gobierno con el número 895/2022; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del mismo órgano, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa constituye una omisión de autoridad administrativa que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, los criterios referidos con anterioridad, atendiendo al contenido de la demanda y a las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa consiste en: La omisión dentro del juicio laboral 754/2016 de dictar el auto de ejecución del laudo de once de enero de dos mil veintiuno; actualizar los salarios devengados; así como requerir a la demandada el otorgamiento y reactivación de la clave presupuestal de pago. TERCERA.- Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las documentales que exhibió en juicio, las cuales por ser documentos expedidos por institución pública, adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. CUARTA. Análisis de la causal de improcedencia sobrevenida durante la tramitación del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar sobre la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En relación con lo anterior, se toma en cuenta que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del numeral trascrito, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, misma que se actualiza cuando desaparecen o destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos, de tal forma que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, dejando al gobernado como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, o de haberla irrumpido, no se deje afectación en ella. Es decir, la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, o en el caso concreto, al realizar una acción, que detiene la omisión violatoria de derechos humanos, por lo que hace ineficaz el juicio de amparo. Para entender mejor lo anterior, es necesario tener en cuenta lo señalado por el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de la materia, que estipula: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)" Lo anterior, se debe entender en el sentido de que el objeto del juicio de amparo es el restituir al quejoso en su derecho humano violado y al tratarse en el caso particular de un acto omisivo (omisión dentro del juicio laboral 754/2016 de dictar el auto de ejecución del laudo, actualizar los salarios devengados así como requerir a la demandada el otorgamiento y reactivación de la clave presupuestal de pago), se debe obligar a la responsable a respetar el derecho violentado al quejoso, relativo al acceso a la impartición de una justicia pronta dentro del juicio de origen, mediante el abandono de dicha conducta omisiva. En la especie, la quejosa Iliana Patricia Causor Rentería reclamó de la autoridad responsable, la omisión dentro del juicio laboral 754/2016 de dictar el auto de ejecución del laudo de once de enero de dos mil veintiuno; actualizar los salarios devengados; así como requerir a la demandada el otorgamiento y reactivación de la clave presupuestal de pago. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas con posterioridad por la responsable, en alcance a su informe de cuenta se advierte que obra copia certificada del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, en el que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dio respuesta a sus peticiones. De lo anteriormente señalado se advierte que por lo que ve al acto reclamado han cesado sus efectos, toda vez que de dicha constancia se desprende que la autoridad responsable ha dado respuesta a las peticiones solicitadas por la parte quejosa y por tanto ha quedado sin efectos el acto reclamado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo por cesación de efectos respecto del acto reclamado a la autoridad responsable. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./j. 9/98, consultable en la página doscientos diez del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Iliana Patricia Causor Rentería, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción del Juez José Ramón Rocha González, como titular de este juzgado, en sustitución del ahora Magistrado Armando Díaz López, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se procedió a notificar a las partes dentro del presente asunto. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, de la certificación de cuenta se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción del Juez José Ramón Rocha González, como titular de este juzgado, en sustitución del ahora Magistrado Armando Díaz López, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, visible en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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