Ilian Dorantes Cardenas
Expediente 1055/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 45 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mariana Vega Ortiz
- Ilian Dorantes Cardenas
- Ofelia Orozco Medina
- Laura Eugenia Melgoza Vazquez
- Gabriela Vazquez Bejarano
- Miriam Janet Donantes Cardenas
- Miriam Janet Donantes Cardenas y Otros.
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de la autorizada de la parte quejosa, mediante exhibe copia del comprobante de vacunación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 aplicada a la menor quejosa Danna Paola Téllez Vázquez. Atento lo anterior, téngase a la parte quejosa informando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 a la menor quejosa referida. Ahora, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de las autoridades responsables en aplicarle la vacuna Pfizer/BioNTech, contra el virus del SARS-CoV2 (COVID-19). En mérito de lo anterior, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Constituye hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que las autoridades responsables han implementado una política pública para que los menores sean vacunados. Dicha política pública se divide en dos apartados: Para menores que tengan cumplidos los quince años al quince de enero de dos mil veintidós; y, Para menores de doce a diecisiete años con alguna comorbilidad. El primer supuesto de la política pública, abarca a todos los menores que tengan, al quince de enero de dos mil veintidós, quince años o más; por su parte, el segundo supuesto, comprende a los jóvenes de doce a catorce años, once meses y treinta días, que los tengan cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós, y tengan alguna comorbilidad, tal es el caso de enfermedades cardiacas, pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinológicas tales como diabetes y obesidad grave, inmunosupresión de moderada a grave como cáncer, trasplantes, VIH/SID, tuberculosis, asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afecten a varios sistemas. La anterior información, se obtiene del portal electrónico del Gobierno de México para registrarse para la vacunación, tal como se aprecia de las siguientes capturas de pantalla. Al respecto, se advierte que en este juicio se señaló como acto reclamado la omisión de aplicar la vacuna Pfizer contra el virus del SARS-CoV2 (COVID-19), a los menores quejosos, ya que la parte quejosa considera que dicha omisión afecta el derecho de acceso a la salud de la menor. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, resulta claro que la política pública de vacunación a menores mayores de quince años abarca e incluye a los aquí menores quejosos de nombre Camila Reyna Dorantes, Izabella Valdés Vega, Víctor Emiliano González Melgoza, David Angulo Zúñiga, Yeshua Medrano Bravo, Rocío López Abad, que cuentan con la edad de entre 15 y 16, informa que desde el diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, se abrió el pre-registro para vacunar a ese grupo en todo el país, por tal razón los quejosos pueden ingresar a la página oficial para el pre-registro de la vacuna en la siguiente dirección electrónica https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, únicamente con la clave única de Registro de Población, y estar a la espera de que las autoridades sanitarias federales, informen la fecha del próximo evento para la vacunación. Por lo que respecta a los menores quejosos de nombre Emiliano Morón Dorantes, Frida Camila Rueda Orozco, José Abraham Vázquez Bejarano, Ximena García Zepeda, Juan Pablo Rodríguez Bernal, Josemari Rodríguez Bernal, Verónica Rodríguez Bernal, Paola Monserrat Arenas Almonte, Ximena Solís Vargas y Danna Paola Téllez Vázquez, a la fecha ya cuentan con su esquema de vacunación de vacunación anticovi-19. De ahí que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos de manera total e incondicionada en sus efectos, ya que la política pública para mayores de quince años incluye y abarca a los aquí promoventes, por ello la política implementada en su favor destruye la omisión que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado, aunado a que los menores restantes a la fecha ya cuentan con su esquema completo de vacunación anticovid-19. En consecuencia, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. Asimismo, es importante señalar que en proveído de diez de febrero y veintinueve de marzo de los corrientes se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud y parte quejosa que los menores quejosos habían recibido las dos dosis de la vacuna. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2003285, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a su celebración acorde al principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/23, con registro digital 173878, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto" En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por último, agréguese sin mayor acuerdo el oficio suscrito por los apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, dado lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se señalaron las diez horas del ocho de junio del presente año, a efecto de que la menor quejosa Danna Paola Téllez Vázquez acompañada de sus representantes legales o sus padres, acudan a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 1, ubicada en la calle Plan de Ayutla, número 78, colonia Chapultepec Sur, código postal 58260 de esta ciudad, con la finalidad de aplicarle la segunda dosis vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, sin que a la fecha hayan informado tanto la autoridad responsable y la parte quejosa si efectivamente le fue aplicada la segunda dosis de dicha vacuna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles requiérase al Titular de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad y a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, informen si le fue aplicada a la menor quejosa la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 158, en relación con los diversos 237, fracción I y 259 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de treinta de mayo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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