Ileana Isabel Jacobo Molina

Expediente 2205/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2205/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Ileana Isabel Jacobo Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio rendido por el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que pretende rendir su informe previo; sin que hubiera lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud que en fecha diez de noviembre del año en curso, se celebró la audiencia incidental concediendo la suspensión definitiva a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2205/2023, promovido por********************, contra actos del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida,********************, contra actos del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente, para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en la resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado. Así, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es el siguiente: - El emplazamiento realizado en el juicio extraordinario hipotecario ***, del índice de la responsable, así como todo lo actuado en dicho juicio. - La orden de remate y el desalojo del predio con el tablaje catastral ********, de la ciudad de Mérida, Yucatán, y número de folio electrónico número ****** del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no rindió su informe previo a pesar de encontrarse debidamente notificada, de ahí que se tenga por cierto el acto que se le reclama. Por otra parte, se tienen por ciertos los actos atribuidos al actuario responsable, dado que éste se adhirió al informe rendido por el Juez y respecto de éste se tuvieron por ciertos los mismo. CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. La medida cautelar debe solicitarse a petición de parte; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión solicita; III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y IV. Análisis ponderado del caso concreto entre la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social; I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. Este requisito se encuentra colmado, pues en el considerando respectivo se tuvieron por ciertos los actos reclamados. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, porque el acto reclamado proviene de un conflicto judicial entre particulares. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138, 150 y 151 de la referida ley de la materia, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para el efecto de que, el juez del conocimiento, sin paralizar el procedimiento de remate, se abstenga de escriturar o entregar de manera definitiva a terceros el predio con el tablaje catastral ****, de la ciudad de Mérida, Yucatán, y número de folio electrónico número ***** del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán, y, en caso de que la parte quejosa los tenga bajo su posesión, no sea desposeída del mismo. En el presente caso, la quejosa señala en su demanda que no fue debidamente emplazada al juicio extraordinario hipotecario *****, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por lo que se ostenta como tercera extraña por equiparación, al ser la demandada en el juicio de origen; lo que resulta suficiente para acreditar su interés suspensional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138, 150 y 151 de la referida ley de la materia, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para el efecto de que, una vez que el juicio de origen se encuentre en la etapa de remate, el juez del conocimiento, sin paralizar dicho procedimiento, se abstenga de escriturar o entregar de manera definitiva a terceros el predio materia del juicio de origen y, en caso de que la parte quejosa lo tenga bajo su posesión, no sea desposeído del mismo. Lo anterior, hasta en tanto se notifique el auto por el cual cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva este incidente. GARANTÍA. La presente medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe garantía dentro del término de cinco días, ante este Juzgado, por la cantidad de $118,050.00 (ciento dieciocho mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, antes, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito de esta ciudad, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Cantidad que se fija de manera discrecional, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo y 107, fracción X, Constitucional, pero tomando en consideración un precio medio de rentabilidad de un inmueble ubicado en la localidad de Mérida, como el que reclama la quejosa, así como los días en los que habrá de resolverse el juicio de amparo del que deriva este incidente que es de seis meses el suscrito considera que corresponde dicha cantidad. Por lo que, con base en lo anterior, se estima que si a la fecha, el precio promedio de una casa en renta en el centro de Mérida, Yucatán, es de aproximadamente $19,675.00 (diecinueve mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100, moneda nacional), así como que el plazo aproximado en el que habrá de resolverse el juicio de amparo del que deriva este incidente es de seis meses, al realizar el cálculo correspondiente que resulta de multiplicar la cantidad previamente mencionada, por los por los citados seis meses, se obtiene la cantidad de $118,050.00 (ciento dieciocho mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Aunado al hecho de que debe otorgarse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable a la parte quejosa, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo. En el entendido que de conformidad con la Circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, signada por la entonces Titular de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, los depósitos en dinero o en valores podrán efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley, tal y como lo establecen los artículos 26 y 27, último párrafo del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo en sesión de dos de mayo de dos mil siete. En la inteligencia de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este órgano jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a********************, respecto al acto atribuido a la autoridad responsable, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando último de esta resolución incidental. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por *******, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, así como de la propia sentencia. En consecuencia, para la substanciación del indicado medio de defensa, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, lo siguiente: Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. NOTIFÍQUESE.

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